Econ. Jesús Alexis González, 25/08/2014
Genera un gran desconcierto y honda estupefacción, observar como
ciertos temas de elevado impacto en la tranquilidad social son abordados por el
Ejecutivo Nacional bajo improvisados ensayos de políticas públicas, donde priva
tanto un interés clientelar como una intención de desviar la atención sobre un
aspectomedular: la escasez de alimentos
y otros productos básicos.Es así, que hace poco más de 10 días el Gobierno
Nacional anunció la decisión definitiva e irreversible de instrumentar (antes
del) el 31-12-2014 un Sistema Biométrico
(SB) (sin referencia sobre planes agropecuarios y agroindustriales), cuyo
funcionamiento (no explicado) indujo un inmediato resquebrajamiento en el mapa
cognitivo de la mayoría de los ciudadanos, que
muy poco conocen de biometría pero si mucho de escasez y desabastecimiento. La
población fue notificada oficialmente y
de forma categórica, que no sería un racionamiento ya que todo aquel que compra
razonablemente no verá la diferencia, distinto a aquel que compra un producto
hasta 20 veces (soslayando soterradamente que para ello es necesario que existan
bienes y servicios); señalando
adicionalmente que el SB facilitaría atacar el contrabando dentro del
territorio nacional (sic), así como para enfrentar la indebida demanda de los
productos en circulación por parte de los trabajadores del sector informal. Tal
enfoque, emanado de los Ministerios de Alimentación y de Ciencia y Tecnología,
lo revierten casi de inmediato (costo político?) habiendo transcurrido apenas una
semana del trascendente anuncio y se le aplica una primera modificación para
conducirlo hacia un sistema voluntario para
la compra (tantos kilos de, tantos litros de, tantas unidades de, etc.) de 23 productos ofertados en los Abastos
Bicentenario, Pdval y Mercal (acción sensata pero igualmente violatoria de la
soberanía alimentaria establecida en la CRBV).
Ante la duda razonable en relación al funcionamiento futuro (o no) del
SB, consideramos pedagógicamente necesario abordar sucintamente el tema de la Biometría (aplicada en el mundo por
centenares de años), entendida como una tecnología que permite de forma
automática la identificación (p.ej
cedula de identidad) y la verificación (p.ej
huellas dactilares) de la persona bajo la condición de estar presente, y cuyos datos se
encuentran capturados en una base de datos central (captahuellas para el
caso venezolano); es decir, la identificación y verificación para el caso en
comento, es sólo posible comparando la muestra biométrica con los archivos de
alguna base de datos que contenga tanto la cédula de identidad como la huella
dactilar. Nos emerge una primera duda: ¿quésucederá
con aquellos ciudadanos cuyas huellas no estén capturadas o no posean cédula de
identidad?Continuemos. El
pretendido (o suspendido) SB, constituye en la práctica uncontrol
directo al consumo, realidad que nos origina otra dudaante la obviedad de una escasez de alimentos inducida por
deficiencia en la oferta: ¿cuál efecto positivo tiene sobre el desequilibrio
diferenciar entreconsumidor biométrico y consumidor terráqueo? La respuesta
resulta evidente: ninguno; más aún
le añade dificultades e insatisfacciones a los estratos sociales menos
favorecidos (resultado contrario a la justicia social).
A tenor de lo expresado, sostenemos que en lugar de estar dedicando
esfuerzos intelectuales y financieros para desarrollar un SB en procura de
alcanzar una excelente distribución de
la escasez, resulta más conveniente ejercitar (más temprano que tarde) un ejercicio de autocrítica en relación al
modelo productivo del socialismo bolivariano (de marcada indefinición
epistemológica) que ha convertido a Venezuela en un país importador (que en el caso de los alimentos es responsabilidad
casi exclusiva del sector público, ahora centralizada en la Vicepresidencia
Ejecutiva)que igualmente conforma controles de precios y ganancias en un
mercado inflacionario que dificulta la obtención
de beneficios normales; propiciando una escasez
asociada a un desabastecimiento en rubros básicos como consecuencia de una
parcial demolición del tejido
productivo, que al propio tiempo se traduce en una tendencia inflacionaria que
en el caso de los alimentos, según el BCV, la anualizada a mayo 2014 fue de
76,3% (que con toda seguridad superará el 100% a finales de año) mientras que
el índice promedio de escasez superó el 20%.
En fin, un sistema clientelar sobrepuesto al normal desenvolvimiento de
la economía (e igualmente ausente de un sistema económico) que niega tanto la
presencia de la iniciativa privada como del mercado en su rol de mecanismo
impersonal de distribución de lo producido (y de la determinación de los
precios relativos), ha convertido al Gobierno, sin ninguna posibilidad de
éxito, en empresario, comerciante, importador, y en algo más grave: planificador y conductor de las necesidades
sociales, con fundamento en el Estado socialista. Dicho enfoque,
propiciador a ultranza de una terca y titánica transición hacia un Estado
Comunal, bajo las bondades que brinda ser un Estado petrolero (con rentismo
expandido) que no ha dependido
históricamente de la sociedad habida cuenta que sus exportaciones han
representado más del 96% del total exportado nacionalmente; se encuentra hoy en
aguda crisis ante la caída de la producción petrolera desde unos 3,3 millones
de barriles diarios (mbd) en 1997 hasta 2,3 mbd en 2014, de los cuales sólo se exportan cerca de 1,3 mbd (la
diferencia se destina a la cancillería petrolera y al consumo interno), lo cual
obviamente se ha traducido en menor
generación de riqueza (bienes y servicios) equivalente a una escasez que no
puede ser superada intentando instaurar un SB en aras de distribuir cada vez menos riqueza entre mucho más
cantidad poblacional.
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