Editorial de la
Sociedad Venezolana de Orlando, 07/11/2014
Este mes se cumple un año del “noviembre negro de 2013”, cuando Nicolás Maduro lanzó su ofensiva contra el sector productivo privado de Venezuela, en su determinante decisión de implantar el Plan de la Patria Socialista, que recibió como mandato del difunto Hugo Chávez. Esa es la verdadera, y única guerra económica que se desarrolla en Venezuela, y que ha llevado al país y a los venezolanos a la hecatombe que vive hoy.
Comenzó su ofensiva el 6 de noviembre con una cadena nacional de cuatro horas, donde las malas noticias hicieron su aparición. Ese día anunció que “todos” los precios estarían regulados, ampliando así el abanico que mantenía bajo férreo control a unos 18 productos de la dieta diaria desde 2011.
El viernes 8 de noviembre, volvió con su arremetida con un ataque sin precedentes contra los principales distribuidores de electrodomésticos en varias ciudades de todo el país. Funcionarios de Indepabis, Seniat, efectivos de la Guardia Nacional y otros funcionarios tomaron las tiendas por asalto y procedieron a rebajar hasta en casi 80% los precios fijados de los electrodomésticos, desde televisores hasta licuadoras. Las primeras afectadas fueron las mayores distribuidoras del país, Daka y JVG, de allí que el grotesco operativo se bautizó como “El Dakazo”. La muchedumbre, azuzada por colectivos y grupos oficialistas organizados, acabaron con los inventarios en pocas horas, aprovechando los descuentos a los que obligó Indepabis, cumpliéndose así el deseo expresado de Maduro de que no quedase nada en los anaqueles.
Envalentonado por el “éxito” de su asalto contra el sector de los electrodomésticos, Maduro procedió a ampliar su ofensiva para incluir ferreterías y materiales de construcción, juguetes, ropa y automóviles. Donde el método Dakazo, también surtió el indeseado efecto.
Los bancos del Estado también contribuyeron con la iniciativa, otorgando créditos fáciles prácticamente a cualquier persona que lo solicitara.
A la par que condenaba a decenas de comerciantes a la quiebra, y a otros tantos a estar al filo de la navaja, el discurso oficial se encargó de criminalizar a los empresarios acusándolos de especuladores y acaparadores.
Para cerrar con broche de oro el martes 19 de ese noviembre negro, la Asamblea Nacional dio a Maduro poderes habilitantes para legislar en una larga lista de áreas y proyectos, luego de una inagotable cadena de trucos y abusos para conseguir los 99 votos necesarios para su aprobación.
Para el 22 de noviembre, ya Maduro había puesto el Ejecútese a sus dos primeros decretos-ley habilitantes: El primero, la Ley para el Control de los Costos, Precios, Ganancias y protección de la familia venezolana”, que no solo amplió sus poderes para regular precios sino, ominosamente, para regular costos y márgenes de ganancias, al limitarlas a un margen de entre 15%-30%.
El segundo decreto-ley (Nº 6.166 del 29 de noviembre) creó dos nuevos organismos interrelacionados, y por demás perniciosos: El Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex), como responsable de todos los permisos, licencias y otros trámites relacionados con exportaciones, importaciones y comercio exterior. Todos los entes gubernamentales relacionados con el comercio exterior (por ejemplo, agricultura, comercio, industria) delegaron así al Cencoex sus funciones y su personal calificado en el área de comercio. 2) La Corporación Nacional de Comercio Exterior (Corpovex), que pasó a ser la que importa y exporta bienes en nombre de entes públicos, y sería responsable de la administración de las operaciones cambiarias, incluyendo a Cadivi y SICAD, así como otras instancias del sistema cambiario.
Ese noviembre negro de 2013, le dio tres réditos políticos a Maduro: 1) Dio un paso adelante en la transición hacia un régimen comunista en Venezuela. 2) Logró de nuevo colocar en la percepción del colectivo venezolano (en especial en las clases menos favorecidas económicamente) a los empresarios como los “acaparadores y especuladores”, que desangran al pueblo. 3) Mejoró su deteriorada imagen ante la opinión pública y sacó del foso al PSUV logrando la meta de ganar en las elecciones municipales que se realizaron el 8 de diciembre de 2013.
Pero, las secuelas negativas que dejaron el Dakazo y las leyes decretadas ese noviembre negro (sumadas a la Ley Orgánica del Trabajo), han sumido al país, al sector productivo privado y a la población en una descomunal crisis económica, donde lo que más resalta es una escasez generalizada tras la caída de los inventarios por cinco trimestres seguidos y la escuálida autorización de divisas para la importación de productos y bienes; una inflación sin control, y la desaparición de fuentes de empleo y miseria.
No contento con esto, este noviembre de 2014, parece que Maduro quiere repetir la hazaña del Dakazo, con unas nuevas ofensivas bautizadas sarcásticamente como “Navidades Felices 2014” y una Plan especial de Patria Segura, Mi Casa Bien Equipada y de cultura, música y belleza “para todos los pueblos y ciudades”.
Este 1º de noviembre arrancaron ambas ofensivas. La primera con la puesta en escena de 27.000 fiscales que se desplegaron en el país para verificar los “precios justos” de los productos hasta “en el último rincón de este país, para luchar contra el contrabando, bachaqueo, acaparamiento, especulación y todas las formas de mafias económicas”, y que en principio, abarcará los comercios de alimentos, textiles, electrodomésticos, juguetes, calzados y ferreterías. Se continúa así con el discurso oficial descalificativo y excluyente en contra del empresariado.
Esto se suma a otras medidas y anuncios anárquicos de la Sundee: 1) Autorizar a los delegados populares que integran las Unidades de Batalla Bolívar-Chávez (UBCH) a “tomar de inmediato y abrir las cajas de los supermercados con largas colas de clientes”, e imponer multas de hasta 20.000 UT para supermercados que incurran en acaparamiento. 2) Instalar captahuellas en supermercados tanto de la red estatal bicentenaria como en algunos distribuidores privados. 3) La creación de la Guía Única de Movilización, Seguimiento y Control de Medicamentos, y de un Observatorio Nacional de Información sobre Distribución y Uso de Medicamentos, que analizará toda la información que genere el Sistema Integral de Control de Medicamentos, operado por Farmapatria. 4) La creación del Rupdae, un registro obligatorio para todo aquel que realice una actividad productiva en el país, incluyendo escuelas y universidades, y que castiga con multas desde Bs.127 mil a Bs.2,54 millones para quienes no se inscriban. 5) Establecer la impresión del Precio Máximo de Venta al Público a partir del 1º de noviembre a todo producto que se comercialice en Venezuela, sea nacional o importado. 6) Creación de un Registro Único de Productores Agrícolas, el cual generará una base de datos estadísticos de pescadores, campesinos y trabajadores del sector agrícola, y funcionará con un sistema de captahuellas. 7) Nuevos cambios a la Ley de Costos y Precios Justos para aplicar más sanciones a las personas que incurran en el contrabando de extracción, confiscándole todos los bienes activos asociados a estas. 8) Nuevas restricciones para el acceso a divisas: Para la participación en SICAD I, se obliga a un nuevo registro electrónico a aquellas empresas que deseen participar de las subastas y que comprende un control más riguroso sobre cada agente económico; para la del SICAD II, se niega la participación en el sistema a las empresas que no hayan cancelado el ISRL en los dos últimos años y las que quedaron exentas del pago fiscal en alguno de esos ejercicios; y para los dos SICAD ( I y II), el solo cambio de propietario, socio o de la composición mayoritaria de sus acciones basta para cerrarle la puerta a una empresa.
Entonces ¿Cómo extrañarse que Venezuela esté en el último eslabón de los 152 en el Índice de Libertad Económica del mundo, por detrás de Zimbabue, Argentina, Argelia y la República del Congo, según el Instituto Fraser en Canadá? ¿O que ocupe el puesto 182, de 189 países evaluados, en cuanto a las dificultades para comenzar un negocio?
“CUANDO LA TIRANÍA SE HACE LEY, LA REBELIÓN ES UN DERECHO”
Simón Bolívar
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