Por Víctor Salmerón
El escenario
En un entorno donde la
imposibilidad de comprar dólares obliga a empresarios privados a paralizar plantas
por falta de materia prima, insumos o equipos, el presidente de la República,
Nicolás Maduro, detecta una oportunidad para continuar incrementando el peso
del Estado: “Planta parada, planta tomada por el pueblo”, amenazó el pasado 14
de mayo durante el acto en el que encendió “el motor de la economía comunal”.
En Venezuela, 96 de cada 100
dólares que ingresan al país provienen del petróleo y, tras no ahorrar durante
el prolongado boom de altos precios del barril, endeudarse
masivamente, vaciar las reservas en efectivo del Banco Central y gastar en
proyectos que no son capaces de exportar, el Gobierno se ha quedado sin
suficientes divisas. Analistas consideran que, para disminuir el costo de este
desajuste, la administración de Nicolás Maduro ha podido implementar un plan de
financiamiento, renegociar los pagos de la deuda y aplicar un programa de
reformas estructurales, pero ha optado por un profundo recorte de las
importaciones que golpea con fuerza al sector privado.
La posición del Gobierno es
que los empresarios deben utilizar dólares propios para importar lo que
necesitan para producir, idea que el vicepresidente del Área Económica, Miguel
Pérez Abad, sintetizó con la frase: “Es hora de romper el cochinito”. Pero a
pesar del riesgo a que las plantas sean tomadas, luce muy poco probable que las
empresas den este paso en un ambiente de negocios hostil, pérdidas crecientes
para los accionistas y mayor inestabilidad política.
Si en definitiva Nicolás
Maduro se decide a tomar las plantas paradas, sumará nuevos nombres a la larga
lista de empresas que controla el Gobierno. En 2007, Hugo Chávez inició la
expansión del Estado comprándole a multinacionales un conjunto de empresas
estratégicas y expropiando compañías en el sector de alimentos, tierras, manufactura
y de servicio petrolero. El resultado dista mucho de lo planificado en los
papeles del Primer Plan Socialista Simón Bolívar.
¿Qué ocurre en el área de
alimentos?
En el sector de alimentos,
el Gobierno obtuvo el dominio en la producción de café tras asumir la
administración de empresas de referencia en el ramo, como Fama de América y
Café Madrid; comenzó a gestionar 11 centrales azucareros, fundó compañías de
helados, sardinas, atún y pasó a controlar un conjunto de fábricas con
capacidad instalada para abastecer a la mitad del mercado de harina de maíz
precocida. Al mismo tiempo, creó un rompecabezas donde distintos organismos
públicos otorgan subsidios, almacenan, distribuyen y venden, mientras que las
miles de hectáreas expropiadas a los “terratenientes” deberían garantizar el
crecimiento de la producción agrícola en rubros como arroz, carne y leche.
El 26 de junio de 2015, el
entonces ministro de alimentación, Carlos Osorio, publicó en la Gaceta Oficial
40.690 una resolución en la que agrupó en 14 conglomerados a la larga lista de
empresas que se desenvuelven en el sector de alimentos y donde el Estado tiene
algún tipo de control. Los conglomerados dejan en claro que la mano visible del
Estado ha creado un gigantesco consorcio que hoy debería estar abarrotando los
abastos y supermercados con una gran variedad de productos. No obstante, el
resultado es una creciente escasez que obliga a los venezolanos a realizar
largas colas a las puertas de los comercios.
El conglomerado de aceites y
grasas cuenta con 9 empresas, el de arroz 17, el cárnico 29, el avícola 8, el
de pesca 38, el de lácteos y frutas 45, el de harina de maíz 15 y el de
alimentos balanceados para animales 6. Además, en el área de silos existen 43
empresas, en el de transporte 6, en acopio y frío 36, empaquetadoras y empaques
16. Redes de distribución formadas por Pdval, Mercal, Bases de Misiones, una
comercializadora y Fundaproal. Finalmente, existen 10 compañías en el
conglomerado mixto. En total, se trata de 283 empresas en el sector de alimentos
que hasta ahora no han cumplido con el objetivo de impulsar la “producción del
sistema socialista” y convertir al Estado en un eficiente proveedor de
alimentos.
El Banco Central de
Venezuela indica que en 2015 la producción de alimentos y bebidas en la
agroindustria que maneja el sector público se redujo 5,3% respecto a 2014,
mientras que la memoria y cuenta del Ministerio de Alimentación registra datos
en rojo. De acuerdo con las cifras oficiales del despacho de Alimentación, en
2015 Industrias Diana, Lácteos Los Andes, Mercal (Unidades Productivas y Carnes
Venezuela) y Venalcasa produjeron 418 mil 293 toneladas de alimentos, cifra que
representa un declive de 14% respecto a 2014 y de 23% respecto a 2013.
Al mismo tiempo, al
contrastar 2015 con 2014, la producción de las plantas empaquetadoras se
contrae: en la planta de granos Quíbor cae 52%, en la planta de granos
Urachiche 30%, en la planta empaquetadora de azúcar Mampote 28%, en la planta
empaquetadora de azúcar y granos Hugo Chávez 46% y en la empaquetadora de
granos, azúcar y leche en polvo Tinaquillo 19,6%. En la producción de las
plantas procesadoras de harina de maíz precocida también hay descensos
importantes en la producción al contrastar 2015 con 2014: en la planta Guanare
hubo una contracción de 9%, en la planta Zamora Vive de 51%, en la planta San
Francisco de 3,5%, en la planta la Colonia de 10% y en la planta Juana Ramírez
la Avanzadora de 6%. Además, la producción de la procesadora de Harina de Arroz
Barinas cae 34% y la de la Planta Procesadora de Harina de Pasta Turen 23%.
La manufactura
Las estadísticas del Banco
Central de Venezuela desnudan que la producción de la industria sufre una
fuerte contracción. Al contrastar el tercer trimestre de 2015 (último dato
disponible) con el mismo lapso de 2014, surge una severa caída de 11,1% y la
magnitud del descalabro es tal que el PIB del sector se ubica en el nivel más
bajo desde 2004. En este resultado incide el desempeño de las empresas
públicas.
Dispuesto a convertirse en
un poder dentro del sector automotriz, el gobierno de Hugo Chávez se asoció con
empresas extranjeras para crear compañías que, de acuerdo a los planes,
inundarían el mercado de camiones, tractores y vehículos, pero el resultado no
ha sido el esperado. La Memoria y Cuenta del Ministerio de Industrias
correspondiente a 2015 revela que la producción se encuentra muy por debajo de
lo planificado y se utiliza un porcentaje muy pobre de la capacidad instalada.
El 10 de diciembre de 2007,
el Estado se asoció con la República de Belarús para crear la empresa mixta Maz
Ven destinada a producir, ensamblar, distribuir y comercializar camiones con
capacidad para transportar cargas consideradas media-pesada que van desde 10 a
27 toneladas. Al momento de anunciar el nacimiento de la empresa, Hugo
Chávez expresó:
“En América Latina nadie
tiene una fábrica de camiones, ni nuestro querido hermano Brasil, pero luego
vamos a ramificarnos hacia América Latina. Tendremos una fábrica de grandes
camiones de carga, los más modernos del mundo”.
Pero las estadísticas
oficiales revelan que, en 2015, Maz Ven ensambló 325 camiones de carga, una
cantidad que apenas representa 13% de los 2.500 que se habían planificado a
comienzos de año. El resultado es que la empresa sólo utilizó 7% de la
capacidad instalada.
Entre las causas que
explican la poca producción destaca que la compañía se quedó sin repuestos. El
Ministerio de Industrias admite que:
“Hubo disminución en el
cumplimiento de las metas de ensamblaje, debido a la caída de los precios del
petróleo y a la disponibilidad de las divisas, ocasionando incumplimiento de
cronograma de pago (65,9 millones de dólares) con la empresa Fábrica de
Automóviles de Minsk (Maz), correspondiente a la deuda que se tiene con los
aliados Bielorrusos, ocasionando faltantes de inventarios de repuestos para el
ensamblaje de los camiones”.
Además, el despacho de
Industrias reconoce: “limitantes en cuanto a recepción de materia prima y
demora de los convenios para la entrega de los kits semiensamblados”.
El 7 de diciembre de 2007,
el Estado se asoció en otro proyecto con la República de Belarús: Veneminsk
Tractores C.A, que tiene la misión de:
“producir tractores de alta
calidad de forma eficiente, confiable y rentable a precios competitivos,
destinados a satisfacer las necesidades de las comunidades agrícolas a nivel
nacional, así como para la exportación a los países pertenecientes a la
Alternativa Bolivariana para las América (ALBA)”.
El Estado venezolano
controla 79,98% de las acciones y la República de Belarús 20,02% y la empresa
no ha logrado mayor cosa. En 2015 se ensamblaron 705 tractores, una cantidad
que sólo representa 41% de la meta establecida y el uso de apenas 9% de la
capacidad instalada.
La compañía explica este
desempeño como producto de:
“Alto índice de ausentismo
laboral en la institución durante el tercer trimestre del año 2015, dificultad
para la adquisición de insumos nacionales para la producción y retardo en la
llegada de las partes y piezas faltantes en los SKD (materia prima) adquiridos
para el ensamblaje de los tractores, lo que generó una limitación en el
cumplimiento de la meta programada”.
La Siderúrgica del Orinoco
Alfredo Maneiro (Sidor) es el emblema de lo que ocurre con las empresas básicas
de Guyana. En 2007, cuando aún estaba bajo el control del grupo trasnacional
Techint, la empresa batió récord de producción al colocar en el mercado 4,3
millones de toneladas de acero. Las estadísticas oficiales indican que en 2015
sólo produjo 1,06 millones y escasamente utilizó 21% de la capacidad instalada.
En el caso de CVG Aluminios
del Caroní (Alcasa) el resultado también es decepcionante. La capacidad
instalada de esta empresa para la producción de aluminio líquido es de 170 mil
toneladas y el año pasado apenas produjo 28 mil 536 toneladas, cifra que representa
16,8% de su potencial. La escasez de cemento obedece al declive de la
producción. Las cifras oficiales registran que en 2015 la Fábrica Nacional de
Cementos elaboró 257 mil 270 toneladas, cantidad que se traduce en un desplome
de 41% y el nivel más bajo desde 2011.
En general, el desempeño de
las empresas públicas, en los casos en los que existen cifras, evidencia una
situación crítica que explica el desabastecimiento en distintas áreas de la
economía.
Los incentivos
Las causas por las que el gobierno
ha fracasado como empresario son conocidas: las empresas públicas no pueden
mantenerse sanas cuando la lealtad política es la principal condición al
momento de seleccionar a los gerentes, una total opacidad que permite que no se
conozca la condición financiera de las compañías, crecimiento desproporcionado
del número de trabajadores y precios controlados que no reportan rentabilidad.
Otro elemento a tomar en
cuenta es lo que analistas denominan restricción presupuestaria blanda, es
decir, como el Estado cubre las pérdidas por el ingreso que obtiene a través
del cobro de impuestos y la renta petrolera, hay pocos incentivos para reducir
costos, colocar precios que permitan obtener ganancias y no aumentar la nómina
por objetivos políticos.
El Instituto Nacional de
Estadística (INE) señala que, al cierre de diciembre de 2015, un total de 2
millones 779 mil personas laboraban para el sector público, dato que se traduce
en un salto de 1 millón 148 mil empleados respecto a la nómina de diciembre de
2004. La consecuencia es que durante los últimos once años el número de
trabajadores públicos aumentó 70% y, en promedio, cada día, ingresaron 289
nuevos empleados a la nómina que debe atender el Gobierno. En marzo de
2014, Jorge Giordani, en ese entonces ministro de Planificación, le entregó a
Nicolás Maduro un documento donde alertó:
“No existe suficiente
contraloría para los recursos que insumen las empresas públicas, los numerosos
programas de los ministerios y otros organismos públicos, y la demanda de
importaciones públicas, entre otros gastos, con lo que estos han crecido sin
suficiente control y en muchos casos sin los resultados que se prometieron”.
Todo indica que incrementar
el número de empresas y continuar disminuyendo el rol del sector privado
aumentará la escasez y el peso para la nación de un entramado que cubre sus
pérdidas e ineficiencias con los impuestos que pagan los ciudadanos y una renta
petrolera que cada día alcanza para menos.
20-05-16
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