Por Carlos Molina Camacho
Pareciera que el periodo
político que inició el Presidente Chávez está llegando a un punto en que le
dará paso a otro gobierno.
La nueva administración debe
abandonar totalmente las estrategias políticas y económicas que han
caracterizado a los presidentes de ese periodo (Chávez y Maduro), pues por sus
frutos se sabe si un árbol es de buena calidad o no. Los frutos actuales son
muy amargos…
Los cooperativistas creemos
que el gobierno que se instale próximamente debe estar alejado del
populismo. Tal vez habría que mantener las misiones por un corto lapso
pero se debe estimular el trabajo como medio para ganarse el pan con el sudor
de la frente. Es esto lo que dignifica y enaltece al hombre. No las limosnas
recibidas del gobernante de turno que por ellas exigirá una contraprestación en
sumisión y obsecuencia.
Deben limitarse las
expropiaciones a los casos que sean de verdad necesarios para los intereses
nacionales, y siempre cumpliendo las leyes correspondientes, no más
confiscaciones, se debe ponderar la posibilidad de ceder esas empresas
expropiadas a los colectivos obreros organizados en cooperativas, para su
administración, siempre y cuando sean debidamente capacitados para ello.
Habría que estimular el
sector privado de la economía, dándole oportunidad a los capitales nacionales y
foráneos para que den un fuerte impulso a la producción nacional, sin las
constantes amenazas e interferencias del presente. Respetando, claro está, las
normas legales relativas al trabajo y las que tienen que ver con los impuestos
a las ganancias.
En ese sector privado habría
que mencionar no sólo a las empresas mercantiles sino también a las de carácter
social, como las cooperativas. No únicamente las cooperativas de producción de
bienes o servicios, sino las de distribución de tales bienes o servicios
(consumo de alimentos y otros rubros, ahorro y préstamo, viviendas, educación,
salud, electricidad, telefonía, etc.), que siendo privadas son de naturaleza
colectiva y sin fines lucrativos. Lo mismo podría decirse de las mutuales y
asociaciones civiles.
El nuevo gobierno debe
preservar la libertad de los medios de comunicación social, tan atropellados en
esta época, que pueden ser de inmensa ayuda para aportar soluciones a los
problemas de variada naturaleza que se presentan en la sociedad. Dejando a
salvo las normas penales relativas a la responsabilidad con que deben actuar.
La próxima administración
debe erradicar las persecuciones a los que piensan de modo diferente a los que
gobiernan, nota ésta distintiva de los gobiernos autoritarios y dictatoriales.
Desde el punto de vista de
la seguridad personal son muchos los cambios que se precisan. Ya es intolerable
la situación a ese respecto. Se debe desarmar a la población de un modo
efectivo. Debe pensarse en la posibilidad de conceder al sector privado
la administración de ciertas cárceles. Implementar un plan de educación y
formación profesional a los privados de libertad, enseñándoles los principios y
valores del sistema de cooperativas a fin de que evalúen la posibilidad de
formar empresas de ese tipo, tanto durante su periodo de reclusión como una vez
adquirida la libertad.
Hemos oído decir que en
nuestra hermana República Dominicana está en operación un sistema carcelario
que ha dado muy buenos resultados. ¿Por qué no aprovechar esa y otras
experiencias para modernizar nuestros recintos carcelarios y en general
reformar todo nuestro sistema penal?
Los militares deben volver a
sus cuarteles y cumplir las atribuciones que les confieren la CB de V,
sobre todo la seguridad y vigilancia de nuestras fronteras. Abstenerse de hacer
política, de conformidad con el art. 328 de la Carta Magna. El hecho de que la
Constitución les obligue a participar activamente en el desarrollo nacional no
significa ello que pueden tener militancia política, lo que está
terminantemente prohibido, de conformidad con la citada norma.
Deben aplicarse penas
máximas a los funcionarios que incurran en actos de corrupción. Una de las
mayores lacras tanto en este gobierno como en los anteriores ha sido la
corrupción. Se han perdido astronómicas cantidades de dinero que pertenecen al
pueblo, por los vericuetos de ese terrible flagelo sin que haya habido castigo
ejemplar para los corruptos.
Nuestro Libertador en
decreto firmado en Lima, Perú (1824), establecía lo siguiente: “Todo
funcionario público, a quien se le convenciere en juicio sumario de haber
malversado o tomado para sí de los fondos públicos de diez pesos arriba, queda
sujeto a la pena capital”.
Si se produjere una
recuperación de los precios petroleros habría que obligar al gobierno a que
destine un alto porcentaje de lo percibido por ese concepto a un fondo
intocable, so pena de gravísimas sanciones, para encarar las épocas de bajos
precios, al igual que lo han hecho otros países petroleros, como Noruega y
algunos del Golfo Pérsico.
Es imperdonable que el
venidero gobierno cometa los mismos errores que el actual en lo tocante a todos
esos aspectos –entre otros- de la administración pública que hemos
mencionado. Los venezolanos debemos estar alertas en ese sentido. De
todos nosotros depende que si los próximos gobiernos hicieren las cosas
mal hechas sean debidamente enjuiciados.
Bolívar decía (1828) “La
corrupción de los pueblos nace de la indulgencia de los tribunales y de la
impunidad de los delitos, Mirad, que sin fuerza no hay virtud, y sin virtud
perece la República”.
Ex Superintendente Nacional
de Cooperativas
09-09-16
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