Martín Natalevich 14 de septiembre de 2016
Venezuela
enfrenta un destino kármico en el Mercosur: ingresó al bloque como miembro
pleno gracias a la solidaridad política de Uruguay, Argentina y Brasil, quienes
ahora utilizaron, junto con Paraguay, la misma ventana y otro artilugio
jurídico para impedir que el país que preside Nicolás Maduro asuma la
presidencia pro témpore del bloque y, al mismo tiempo, abrir la puerta a ser
segregada como miembro pleno de la alianza regional. Esa segunda instancia se
resolverá el 2 de diciembre, plazo fijado como ultimátum en la "nota de
consenso" acordada ayer para que el país caribeño adopte los compromisos
asumidos al momento de su ingreso, so pena de ser "suspendida" en su
condición de miembro pleno de la unión regional.
"Finalmente
solucionamos el impasse creado en el Mercosur por la posibilidad de que
Venezuela asumiera la presidencia del bloque. Los cuatro países fundadores –Brasil,
Argentina, Paraguay y Uruguay– aprobaron hoy una nota de consenso, según la
cual Venezuela no asumirá la presidencia del bloque, que a partir de ahora será
ejercida por medio de la comisión coordinadora formada por un representante de
cada uno de los fundadores. Si al 2 de diciembre Venezuela no cumple con los
compromisos que asumió al inicio de su ingreso, será suspendida del
Mercosur". Con esas palabras el canciller brasileño José Serra comunicó a
través de un post en sus redes sociales la decisión adoptada por los socios
fundadores, que contó con la abstención de Uruguay. En los hechos, como en el
Mercosur las decisiones se toman por consenso, la mano baja de Uruguay al
momento de votar implica su aval a la postura que adoptó el resto. Su negativa habría
hecho naufragar la propuesta impulsada por Brasil, Argentina y Paraguay.
La
decisión fue comunicada asimismo y casi en simultáneo por las cancillerías de
Argentina y de Paraguay. "Esta declaración refleja el consenso alcanzado
por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay para facilitar el funcionamiento del
Mercosur y para coordinar las negociaciones con otros países y grupos de
países, así como los pasos a seguir para asegurar el equilibrio de derechos y
obligaciones en el proceso de adhesión de Venezuela, atento a que este país no
ha incorporado normativa esencial del Mercosur en su legislación
nacional", afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina.
El
gobierno paraguayo de Horacio Cartes, por su parte, remarcó a través de su
cancillería que la administración de Maduro tampoco ha "suscrito el
tratado sobre promoción y protección de derechos humanos en Mercosur firmado en
2005 en Asunción".
Negociaciones
Desde
hace semanas las cancillerías de los fundadores del Mercosur buscaban la forma
de destrabar la parálisis en la que quedó estancado el bloque a raíz de la
transferencia de la presidencia pro témpore a Venezuela. Esa idea general –que
el gobierno uruguayo bautizó como "salvar al Mercosur"– encontró ayer
una fórmula bien concreta.
Para
ello, se ampararon en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, que
permite cambiar el estatus de Venezuela en la organización por no haber
incorporado la normativa mercosureña a tiempo ni estar en cumplimiento de ella.
El
ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, informó el lunes en el
Consejo de Ministros que los socios fundadores someterían a votación una
resolución en ese sentido, informó ayer El País. El canciller había anticipado
que Uruguay iba a "abstenerse" de tomar una resolución. Fuentes de
cancillería señalaron a El Observador que en este caso "abstenerse"
es "no oponerse", siendo que todas las resoluciones que se adoptan en
los órganos ejecutivos del Mercosur deben ser consensuadas. El gobierno
uruguayo quiso mantener una posición "neutral" que no lo
comprometiera con ninguna de las dos partes.
El
director del Departamento de Negocios Internacionales e Integración de la
Universidad Católica, Ignacio Bartesaghi, explicó a El Observador que el bloque
no tiene definido un sistema para suspender a un miembro por la no
incorporación de normas. La única forma de promover una suspensión es mediante
la aplicación del protocolo de Ushuaia que prevé la cláusula democrática, un
mecanismo que solo Paraguay planteó aunque nunca llegó a formalizarlo y con el
que el presidente argentino, Mauricio Macri, coqueteó en algún momento.
Al no
haber consenso para recorrer ese camino, los miembros fundadores siguieron la
línea que propuso Brasil, quien –con el cambio de gobierno– puso el acento en
el hecho de que Venezuela no cumple con el protocolo de adhesión.
El
Protocolo de Adhesión de Venezuela –votado por todos los Estados del Mercosur–
entró en vigencia en 2012 y abarca cientos de normas que incluyen aspectos
comerciales, aduaneros y migratorios, legislación sanitaria y técnica.
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