Por Ibis León
La explosión
del artefacto hizo correr a los uniformados. La Guardia
Nacional y el personal de seguridad de la Asamblea Nacional se
apostaron en la entrada oeste del Palacio Legislativo donde impactó el objeto
pirotécnico.
En la reja de protección
forcejeaba un grupo de oficialistas, dirigido por el diputado
chavista Darío Vivas, que intentó entrar a la fuerza a la sede del
Poder Legislativo, pero fue contenido por el cordón militar. La tensión se
disipó a los pocos minutos de la explosión.
Puertas adentro, la bancada
opositora esperaba el inicio de la sesión en la que discutirían la
responsabilidad política del Defensor del Pueblo en la “ruptura
del orden constitucional”.
Teodoro Campos tomó el
micrófono y propuso cambiar el orden del día. El parlamentario pidió que se
incluyera un debate sobre la Constituyente que propone el
presidente Nicolás Maduro como primer punto. La moción fue aprobada.
“No confundamos la
Constituyente consagrada en la Constitución con el bodrio que propone Nicolás
Maduro”, sentenció el diputado y constitucionalista Juan Miguel Matheus.
El abogado aclaró que
el artículo 348 del texto fundamental establece que el Presidente
tiene potestad para proponer la iniciativa de una Asamblea Constituyente; sin
embargo, este poder se agota con la iniciativa misma que tiene que ser aprobada
en votación directa y universal, a través de un referendo consultivo, por
los venezolanos para que pase a la convocatoria.
“Si ese decreto
(presidencial), que todavía no conocemos, trae consigo la convocatoria de una
constituyente, Maduro sería un usurpador del poder del pueblo y por
lo tanto sería nula”, afirmó tajante.
El expresidente del
Parlamento y también abogado Henry Ramos Allup, no dudó en calificar la
propuesta presidencial como una “prostituyente” y una constituyente
“sufragicida” porque buscaría –a su juicio- asesinar el voto.
Henry Ramos Allup
El parlamentario dio una
extensa explicación sobre la sectorización del voto que denunció
pretende implementar el Ejecutivo para su beneficio, pues la mitad de los
constituyentes serían escogidos por el propio Gobierno en función de los
sectores sociales que decida priorizar.
Advirtió que si los
venezolanos no votan las bases electorales de la Constituyente, la
representación proporcional de los constituyentes corre el riesgo de ser
irrespetada.
Delsa Solórzano ejerció
el derecho de palabra desde su curul y calificó de absurda la propuesta de Maduro.
“Si tomamos la palabra de Maduro, la AN pudiera convocar la Constituyente, los
diputados podríamos ser constituyentes en este momento y modificar la
Constitución ahora mismo sin que el pueblo vote. Eso es una locura”, espetó.
La parlamentaria subió el
tono cuando se refirió al constitucionalista Hermánn
Escarrá, integrante de la comisión presidencial que promueve la
constituyente, como el “doctor Rocola” porque “canta según la moneda que le
metan”.
El primer vicepresidente de
la AN, Freddy Guevara, cerró el debate. Desde la tribuna de la directiva
repitió que la propuesta del Presidente “no es la constituyente” sino
un “disfraz”. “Maduro plantea un esquema fraudulento en el que el
pueblo en decide quién es el Estado sino es el Estado el que decide quién
es el pueblo, quiénes van a votar y quienes podrán postularse”, alertó.
Asomó que la Constituyente
es parte de un “cambio de estrategia del Gobierno” que estaría afectado y
debilitado por las protestas de calle.
La bancada de
la MUD presentó su carta para “matar” la Constituyente en el acuerdo
que aprobó este 2 de mayo. El “as” es el artículo 333 constitucional que
invocan y que establece que: “Esta Constitución no perderá su vigencia si
dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier
otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano
investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar
en el restablecimiento de su efectiva vigencia”.
El artículo 350 que
dice: “El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por
la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier
régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores,
principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”, también
fue puesto sobre la mesa por la dirigencia.
El “ofensor del pueblo”
Franco Casella, micrófono en
mano, acusó al defensor del pueblo, Tarek William Saab, de ser el “ofensor
del pueblo”.
Una acusación que
complementó José Brito, quien dijo que ante la ausencia del defensor, la
resistencia ciudadana pacífica “logrará la salvación del pueblo”.
Robert Alcalá instó al
funcionario a renunciar y dejar que la AN escoja a otro que no sea “cómplice”
de la ruptura del orden constitucional cometida por los magistrados
del Tribunal Supremo de Justicia.
Los parlamentarios
decidieron, por unanimidad, investigar a Saab por su participación de
la ruptura del orden constitucional.
La AN también aprobó un
acuerdo sobre la inconstitucionalidad y nulidad de la denuncia de la carta
de la OEA anunciada por el jefe de Estado y un acuerdo en condena a las
muertes causadas por la represión y en solidaridad con los familiares de las
víctimas.
Fotos: Asamblea Nacional.
02-05-17
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