MUD 18 de mayo de 2017
@unidadvenezuela
Este
miércoles, el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, bajo órdenes de
Nicolás Maduro, anunció la activación de una segunda fase del Plan Zamora en el
estado Táchira, donde enviará 2.000 funcionarios de la Guardia Nacional (GN) y
600 tropas de operaciones especiales.
Para
el abogado penalista, Luis Izquiel, el objetivo principal de esta elevación es
la profundización de la represión y las violaciones ejercidas por las fuerzas
de seguridad del Estado contra las manifestaciones pacíficas. Indicó que esto
solo aumentará la vulnerabilidad de los derechos humanos y constitucionales de
los venezolanos.
Durante
su pronunciamiento, Padrino López, aseguró que los funcionarios militares no
han utilizado armas contra la ciudadanía ni accionado sus fusiles, pistolas ni
ametralladoras.
Izquiel,
consideró “increíble” que las instituciones públicas pierdan su credibilidad y
prestigio ante afirmaciones de esta índole cuando existen pruebas tangibles
como videos, fotografías y testimonios que demuestran como la Guardia Nacional
y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) han “ejercido una feroz represión
contra el pueblo venezolano”, que solo exige que se restituya el hilo
constitucional y se solucione la grave crisis humanitaria que padece el país.
Minutos
antes de esta declaración del ministro de la Defensa, el gobernador del estado
Miranda, Henrique Capriles Radonski, advertía el inicio de una nueva fase del
Plan Zamora que supuestamente utilizaría a grupos paramilitares para contener
las manifestaciones y compraría más armamentos, entre ellos, minas
antipersonas.
Señaló
que no se sabe con certeza si el Plan Zamora estipula la actuación de la GN en
compañía de colectivos armados, cuyas evidencias estás plasmadas en videos o
fotografías, porque en ningún documento oficial está detallado el contenido de
este programa.
Asimismo,
precisó que sí es de conocimiento público los resultados de su ejecución:
personas asesinadas, heridas, torturadas y presentadas ante tribunales
militares que han constituido “violaciones masivas a los derechos fundamentales
de los venezolanos”.
Por
último, dirigió un mensaje a todos esos funcionarios que están ejecutando el
Plan Zamora contra ciudadanos desarmados: serán juzgados tarde o temprano en
tribunales nacionales o internacionales por violaciones a los DDHH porque los
delitos de lesa humanidad no prescriben. “En el Estatuto de Roma de la Corte
Penal Internacional está establecido el delito de tortura como un crimen de
lesa humanidad y el asesinato masivo de ciudadanos por su ideología política es
catalogado como tal”, finalizó el también asesor de la Comisión de Política
Interior del Parlamento, Luis Izquiel.
MUD
@unidadvenezuela
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para comentar usted debe colocar una dirección de correo electrónico