Ahiana Figueroa 10 de octubre de 2018
Un monto entre 350.000 millones y 450.000
millones de dólares es el cálculo sobre los activos que se encuentran en el exterior
producto de hechos de corrupción en Venezuela cometidos en los últimos años
Durante
la discusión del proyecto de ley de recuperación de activos producto de la
corrupción que adelanta la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional,
diputados indicaron que desean adelantar el tema de una normativa legal para
poder comenzar de inmediato a actuar cuando haya un cambio de la política en
Venezuela.
El ex
ministro de Educación, Héctor Navarro, invitado por el ente parlamentario para
participar en este ciclo de consultas sobre la ley, indicó que es recomendable
no hacer regresar aún estos recursos que salieron del país producto de la
corrupción y mientras permanezca el Gobierno actual.
Calcula
que entre 350.000 millones y 450.000 millones de dólares es el monto de los
activos que se encuentran en el exterior producto de hechos de corrupción en
Venezuela cometidos en los últimos años.
“Aprobar
esta ley es muy importante, y más hoy en día, para tratar de recuperar activos
que han sido producto de hechos de corrupción o comportamientos ilícitos
relacionados con el Estado. Las estimaciones sobre capitales fugados hay
quienes calculan se colocan entre 350.000 millones y 450.000 millones de
dólares, estas es una cifra que se necesita para recuperar el país”, dijo
Navarro quien también fue presidente de la Comisión de Contraloría mientras el
partido de gobierno era mayoría en la AN.
A su
juicio, es posible recuperar una gran cantidad de estos activos porque
Venezuela es signataria de la Convención de Naciones Unidas contra la
Corrupción, pero que “esto se puede hacer solo cuando cambien las condiciones
en el país. Ojalá este gobierno decidiera decir vamos a adecentar la
administración pública, vamos a enjuiciar a los corruptos, vamos a invertir
este dinero en tales proyectos. La pérdida es muy grande y se requiere de una
gran inversión. A quienes se robaron el dinero hay que quitárselo de una manera
legal”.
Resaltó
que lamentablemente el Gobierno no ha hecho las diligencias pertinentes o
trámites para solicitar la expatriación de los recursos que ya se han
cuantificado en algunos casos que se han llevado a juicio en varios países,
como en España, Andorra, entre otros. “La peor diligencia es la que no se hace,
hay que insistir”.
Navarro
afirma haber hecho lo posible para aprobar la ley contra la corrupción que
impulsó mientras fue diputado de la AN, sin embargo, resaltó que fue engavetada
debido a ciertos intereses durante la gestión de Cilia Flores como presidenta
del parlamento venezolano.
Cuando cambie el gobierno
El
presidente de la Comisión de Contraloría, Freddy Superlano, informó que la ley
de recuperación de activos que se encuentran en el exterior producto de hechos
de corrupción se encuentra en proceso de consulta y se espera sea discutida en
la plenaria de la AN en aproximadamente dos semanas para su segunda discusión.
A su
juicio, es difícil cuantificar el monto de esos activos pero que ya es posible
conocer ese monto a través de distintos expertos y por los distintos juicios
que se realizan en el exterior. “Por ahora por los juicios se puede verificar
una cifra de 10.000 millones de dólares”.
Explicó
que ya existen fuera de Venezuela varias iniciativas para recuperar estos
fondos, entre ellos el del Grupo de Lima el cual prevé crear un gran fondo para
la recuperación de estos bienes en el exterior para después regresar estos
recursos al país. Igualmente, varios senadores republicanos de EEUU entre ellos
Marco Rubio y Robert Menéndez tienen una iniciativa parlamentaria de crear una
ley para detectar los fondos que existen en suelo norteamericano producto de la
corrupción.
“Todos
los organismos de inteligencia financiera en Latinoamérica se han activado
también para buscar este tipo de fondos provenientes de Venezuela. Eso es un
gran apoyo y reconocimiento hacia la Asamblea Nacional. Sabemos que en los
casos de otros países ha sido difícil expatriar estos recursos pero nunca había
sucedido un caso como el de Venezuela en donde está involucrada una gran
cantidad de recursos en hechos de corrupción que ha lesionado el daño
patrimonial de la Nación y por la crisis humanitaria que padece el país”.
Superlano
recordó los casos en los cuales ya se han identificado los montos como el del
lavado de dinero de Pdvsa por $10.000 millones, en los Clap unos $5.000
millones, por Odebrecht de $35.000 millones, el caso del sector eléctrico por
unos $1.500 millones, entre otros.
“¿Cuándo
se puede aplicar? cuando exista un Estado de derecho, cuando haya un cambio de
modelo, una transición o un cambio de Gobierno”, dijo.
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