Acceso a la Justicia 05 de octubre de 2018
Mientras
a lo interno la represión llega a tal nivel que lleva
a prisión a unos humildes bomberos por un video humorístico sobre el presidente
Nicolás Maduro, bajo el amparo de la tenebrosa pseudo ley Contra el
Odio, en el ámbito internacional el Gobierno ha sido virtualmente
vapuleado a pesar de los esfuerzos de la diplomacia revolucionaria para que
ello no ocurra.
Primer
revés
El
Gobierno tuvo un primer fracaso la semana pasada por la remisión
de cinco países latinoamericanos (Argentina, Chile, Colombia, Paraguay y Perú)
más Canadá a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI)
del caso por violaciones de derechos humanos en Venezuela. Esto es un
hecho inédito, pues la remisión de casos sólo había ocurrido porque el mismo
país afectado (como fueron Uganda, Malí y otros) llevaba la situación ante la
Fiscalía, pero no había sucedido que un tercer país pidiera abrir un examen preliminar.
A ello debemos agregar que apenas unos días después Francia se sumó a esta
acción, lo que pone en evidencia la gravedad de las denuncias presentadas, dado
que no se trata de la acción de una nación individualmente, sino que
es conjunta de gobiernos que consideran necesario que ese despacho
internacional actúe.
Otra
novedad de esta remisión es que la solicitud para que se abra un examen
preliminar amplía el marco de investigación del ya
abierto por la Fiscalía en febrero de este año, pues este se limitaba a
investigar los hechos ocurridos entre abril y agosto de 2017, mientras que el
caso presentado por los siete países mencionados abarca desde febrero de 2014,
lo cual incluiría los graves hechos de represión acaecidos durante las
protestas de ese año y por los cuales la administración de justicia nacional
nada ha hecho.
La
importancia de esta investigación se basa en la búsqueda de la responsabilidad
individual de los encargados por parte del Estado venezolano por delitos de
lesa humanidad. En ese sentido debemos recordar que la responsabilidad no se
acaba en los autores materiales de estos delitos sino que abarca a los que en
la cadena de mando hayan dictado órdenes en ese sentido, por lo que los más
altos funcionarios están obligados a dar cuenta de sus acciones en los hechos
investigados.
Igualmente,
debemos destacar que la inmunidad diplomática, por señalamiento expreso del
Estatuto de Roma (artículo 27.2) no es aplicable en estos casos, y por lo tanto
todos los funcionarios públicos están sujetos a la jurisdicción de la Corte y a
las decisiones que esta dicte. Un ejemplo de las consecuencias de ello lo
tenemos en el
caso del presidente de Sudán, Omar al Bashir, sobre el cual pesan dos
órdenes de arresto por parte de la CPI por crímenes de guerra y por ello apenas
puede salir de su país, pues la neutralidad de los foros internacionales, como
la Organización de Naciones Unidas (ONU), no lo protege.
Segundo
revés
La
siguiente derrota fue bastante inesperada para el régimen madurista, pues se
generó por iniciativa del propio Gobierno cuando buscó, infructuosamente, una
anhelada reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald
Trump en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas. Las
reiteradas solicitudes
públicas y el interés por parte del jefe de Estado
venezolano, quien dice representar a un país “potencia” y liderar la lucha
contra el imperialismo, contradicen todo el discurso de improperios que sobre
la nación del norte emiten a diario los voceros oficialistas.
Pese a
ello, y al apresurado viaje del mandatario para participar en la ONU, la Casa
Blanca, a través de su portavoz declinó la posibilidad del encuentro, dejando
en nada los esfuerzos de la diplomacia roja. A los medios oficiales no les
quedó otro remedio que enfrentarse a la titánica tarea de destacar el letárgico
discurso presentado por Maduro ante una casi
vacía Asamblea General de la ONU.
Tercer
revés
A todo
lo anterior se sumó la histórica resolución
del Comité de Derechos Humanos de la ONU del pasado 26 de septiembre,
por la que dicho órgano declaró la existencia de una crisis humanitaria en
Venezuela y sus consecuencias contra cientos de miles de venezolanos.
Esto
resulta importante, porque como es sabido, hasta hace pocos años, lo que venía
de entes de Naciones Unidas como la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) o el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) para el Gobierno eran premios y reconocimientos,
pero esta imagen ha venido cambiando, aunque más lentamente de lo que la crisis
exige. Lo cierto es que la comunidad internacional está viendo la realidad del
caso venezolano, y un reflejo de ello es dicha resolución en la que se urge al
Estado aceptar la ayuda internacional para paliar la delicada situación en la
que se encuentra la población venezolana.
Adicionalmente,
la decisión de la ONU contiene un mandato para la Alta Comisionada de Derechos
Humanos, Michelle Bachelet para que siga monitoreando el caso de Venezuela y
presente informes al Consejo por lo menos por dos períodos de sesiones más, lo
que genera que el foco de este órgano sobre nuestro país se mantenga hasta
2020.
Para
quienes creen que estos informes de la oficina de la Alta Comisionada son papel
mojado, debemos recordarles que los realizados por el Alto Comisionado
anterior, sirvieron de insumos para la denuncia presentada por los
siete países ante la CPI, lo cual no es poca cosa.
Tan
importante resulta esta resolución que el propio canciller Jorge Arreaza fue
a Ginebra para exponer ante el Consejo su versión de la realidad
venezolana y evitar su aprobación. La situación de extrema gravedad de
Venezuela hizo que incluso países como los africanos, que antes respaldaban al
régimen, se abstuvieran, lo que marca un hito que llevó a la aprobación de la
decisión con una mayoría de veintitrés votos a favor y sólo siete en contra
(incluyendo el voto venezolano).
La
desoladora respuesta ante la aprobación de la resolución por parte del Gobierno
habla mucho del desgaste del discurso gubernamental, pues ante una solicitud de
que se ayude al sufrido pueblo venezolano, sólo respondió con sus manidos
argumentos sobre el injerencismo,
demostrando de nuevo que lo que le pasa a los ciudadanos no es su prioridad.
Y
contando…
Luego
de esta semana
horribilis, como la tituló un medio internacional, se suma el pronunciamiento conjunto
de relatores y expertos independientes de la ONU y de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el que denunciaron la terrible situación
de la salud en el país. Al respecto, llegaron a decir: “Estamos impactados de
que los propios hospitales se hayan convertido en un lugar donde la vida de las
personas se pone en riesgo” y que además están “desconcertados por informes que
indican que personal sanitario, periodistas y familiares de los niños y niñas
víctimas, que han denunciado o presentado quejas, están siendo acosados e
intimidados”.
Situaciones
como las descritas, que a nadie que viva aquí toma por sorpresa, se están
convirtiendo, como puede apreciarse, en parte del discurso internacional ante
la terrible negación de la realidad por parte del Ejecutivo, con las
consecuencias que ello acarrea para los más vulnerables.
¿Y a
ti venezolano, cómo te afecta?
A
cualquiera que le duela el país no puede dejar de afectarle que tengan que ser
organismos internacionales y países extranjeros los que tengan que decirle al
Gobierno lo que es su obligación: que atienda las necesidades de los que sufren
por la crisis humanitaria y acepte la ayuda internacional, porque resulta obvio
que no tiene los medios para atenderla. De ahí la importancia para todos los
ciudadanos de los hitos antes descritos, pues resulta que, aunque Maduro no
quiera hacerlo, el clamor de todo un pueblo está siendo escuchado fuera de
nuestras fronteras.
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