AFP 12 de octubre de 2018
La
muerte del concejal venezolano Fernando Albán trae a la memoria casos ocurridos
bajo la dictadura franquista, cuando presos que eran interrogados
"saltaron por la ventana", señaló este jueves el ministro español de
Asuntos Exteriores, Josep Borrell.
"Nos
trae a la memoria acontecimientos de los últimos años del franquismo donde
también presos que estaban siendo interrogados en dependencias policiales
saltaron por la ventana", expresó Borrell en rueda de prensa.
No
obstante, el ministro matizó, afirmando que no buscaba establecer "ninguna
clase de identificación entre los acontecimientos que se produjeron en
España" y en Venezuela o que un caso "es igual al otro".
Bajo
la dictadura franquista (1939-1975) tuvo especial resonancia el caso, en 1969,
del estudiante izquierdista Enrique Ruano, quien supuestamente se suicidó
lanzándose desde un séptimo piso estando bajo custodia policial. Su familia
siempre sostuvo que fue un asesinato.
En
todo caso, el gobierno venezolano tiene que "dar explicaciones, como lo
tendría que hacer cualquier país si esta clase de acontecimientos se
produjeran, porque la gente no se tira de las ventanas desde un décimo piso,
algo tiene que haber ocurrido para que eso ocurra", apuntó Borrell.
El
concejal opositor venezolano, detenido cuando regresaba de Nueva York bajo
acusación de participar el 4 de agosto en un ataque contra el presidente
Nicolás Maduro con drones, se suicidó mientras estaba detenido en los calabozos
del servicio de inteligencia (Sebin), según el gobierno.
Pero
sus copartidarios afirman que se trató de un asesinato y varios países,
Naciones Unidas y la Unión Europea han pedido una investigación independiente
sobre lo ocurrido.
"Nosotros
no tenemos nada contra" una investigación de la fiscalía venezolana, pero
"este caso en particular amerita una investigación de carácter
independiente", destacó Borrell.
Por
otro lado, Borrell y su homólogo brasileño, Aloysio Nunes, con quien se reunió
en Madrid, señalaron que sus países no se unirán al pedido internacional para
que la Corte Penal Internacional (CPI) investigue al gobierno de Maduro por
crímenes de lesa humanidad.
La
solicitud fue hecha a finales de septiembre por Argentina, Canadá, Chile,
Colombia, Paraguay y Perú, y luego respaldada por Francia.
Pero,
para Brasil y España la CPI ya había abierto su propia investigación y la base
jurídica para la acusación de crímenes de lesa humanidad es "poco
nítida", según los ministros.
Además,
hacerlo podría dañar "la capacidad de mantener y establecer diálogos
políticos" para solventar la crisis venezolana, dijo Borrell.
"España
y Brasil estamos a favor de la solución pacífica de los problemas de
Venezuela", agregó Nunes.
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