Ismael Pérez Vigil 03 de octubre de 2020
Los temas politicos se amontonan, se agolpan y
sobreponen: Los informes sobre derechos humanos, la “misión” enviada por Josep
Borrell a Venezuela para hablar sobre elecciones, el retiro de los candidatos
de Capriles, la amenaza de promulgación de una ley totalitaria antibloqueo, las
protestas y disturbios populares… por solo mencionar algunos; pero como siempre
hay que escoger, creo que lo relativo a las reacciones ante los informes sobre
la violación de derechos humanos en Venezuela es el más apropiado.
En efecto, el mes de septiembre fue muy movido y muy
intenso en materia noticiosa sobre Venezuela, particularmente en materia de
derechos humanos (DDHH).
Como bien sabemos, por el despliegue noticioso
internacional y nacional, el 16 de septiembre se dio a conocer el Informe,
detallado, de la Misión Internacional Independiente de determinación de los
hechos sobre la violación de los DDHH en Venezuela –ese no es el nombre exacto,
pero para tener claro de que se trata–; y el viernes 25, se conoció en Ginebra
el Informe Oral, presentado por la Alta Comisionada de DDHH de la ONU, Michelle
Bachelet, sobre el mismo tema.
Esos informes se vienen a sumar a otros: los
anteriores de Michelle Bachellet, el Informe de la Secretaría General de la OEA
y el Panel de Expertos de 2018 –que ha tenido menos difusión que estos de
septiembre de 2020– y algunos otros, que acompañan diversas demandas que
descansan en la Corte Penal Internacional, que no ha tenido mayor actividad,
pero que tampoco ha estado inactiva y en cualquier momento –por ejemplo cuando
se produzca en pocas semanas el cambio de la Fiscal de la Corte, la inefable
Fatou Bensouda– puede haber movimientos importantes, sobre todo porque algunos
de sus organos de investigación preliminar han estado documentando y recogiendo
los casos sobre Venezuela.
Para muchos la presentación y divulgación de estos
informes de septiembre son signos esperanzadores, otros son mas escépticos;
pero, al menos se puede decir que la situación de la violación de los derechos
humanos en Venezuela ya es mucho más conocida mundialmente, y lo más
importantes es que ha sido revelada por expertos independientes, ya no es solo
lo que dice la oposición venezolana.
Ademas de la cruda descripción de los hechos –de lo
detallado y minucioso de los casos que examinó y reporta, de la desripción de
la sistemática represión, del horror que produce tan solo pensar en los daños
causados a las víctimas y la indignación que produce saber que se trata de
patrones de conducta–, es significativo destacar del informe de la Misión
Internacional Independiente, que califica la actuación del regimen Venezolano
de crimenes de lesa humanidad y responsabiliza de los mismos y de su
planificación, a altas autoridades del gobierno de Nicolás Maduro y al propio
Nicolás Maduro.
Por supuesto ha habido reacciones a dichos informes;
el régimen ha tratado de desprestigiarlos, de desconocerlos, con sus
voceros “calificados”, como el Ministro de Relaciones Exteriores y el
ilegitimo Fiscal General, nombrado por el TSJ; incluso por declaraciones del
propio Nicolás Maduro y por políticos supuestamente opositores –de la llamada
“mesita”– y representantes de los paises aliados y complices del régimen, que
han calificado de “sesgados”, esos informes. El propio gobierno usurpador ha
emitido un documento de cientos de páginas para decir “su verdad”, donde
presenta fotos de algunos detenidos como si estuvieran recluidos en un lujoso
Spa; curiosamente sin embargo, no son muy enfáticos en negar los hechos, sino
mas bien en exculpar o apartar a Nicolás Maduro de ellos, o afirmar su
desconocimiento de lo ocurrido.
Pero la reacción más significativa y positiva fue el
discurso del Presidente Juan Guaidó, en el contexto de la Asamblea General de
la ONU; un discurso importante, impactante, y que entre sus elementos más
significativos destaca lo que ha muchos ha parecido una invocación al Principio
de Responsabilidad de Proteger (R2P) de la ONU. Las preguntas que surgen tras
los informes y el discurso de Juan Guaidó son: ¿Qué sigue ahora? ¿Qué efecto
práctico pueden tener esos informes para resolver la crisis humanitaria,
política, en Venezuela? ¿Fue realmente esa la intención del presidente Guaidó,
invocar el R2P? Y si es así, ¿Podemos esperar que tenga alguna finalidad
práctica la invocación de ese principio, R2P? y la pregunta más importante de
todas, que la copio del título de un artículo de Adolfo Salgueiro del 26 de septiembre:
“¿Quién nos va a proteger? (https://www.elnacional.com/opinion/r2p-quien-nos-va-a-proteger/)
En opinión de muchos expertos la aplicación del
llamado Principio de la Responsabilidad de Proteger –el famoso (R2P)– que en la
práctica implicaría una ayuda humanitaria apoyada por los cascos azules, es un
instrumento novedoso, poco o nada utilizado por la ONU y que solo se activa por
mandato del Consejo de Seguridad y en esa instancia, no lo olvidemos, tienen
capacidad de veto dos importantes aliados del régimen: Rusia y China. Aunque
algunos voceros opinan que esto no es así, que al haber sido solicitado por el
Presidente Encargado, al que reconocen unos 60 países, no necesita pasar por la
aprobación del Consejo de Seguridad. En cualquier caso, de resolverse esa
primera dificultad, nos queda responder a la pregunta de Salgueiro: ¿Quién nos
va a proteger?, pues hasta el momento los países que han anunciado su respaldo
al gobierno interino de Venezuela y al presidente Juan Guaido, han declarado no
estar dispuestos a conformar ninguna fuerza para intervenir en Venezuela.
De manera que las preguntas formuladas no son de facil
respuesta y encierran un peligro latente de generar falsas expectativas.
Hay muchos que se escudan en la pureza de principios
abstractos, en la lógica de los argumentos, en la interpretación lineal de la
constitución y las leyes, en argumentos jurídicos prístinos y supuestamente
contundentes. No se detienen a pensar que todos esos principios a los que
aluden y argumentan, con conocimiento y razon, funcionan en el mundo del
derecho abstracto, en un estado de derecho, constitucional, pero en Venezuela
no vivimos en un estado de derecho y la constitución es solo un librito azul
que sirve para blandirlo por TV y enseñarlo a los periodistas y corresponsales
internacionales en las ruedas de prensa. Todos esos principios son para un
mundo ideal, pero no para el mundo real; no darse cuenta de eso, ignorarlo,
puede obnubilar y anular la necesaria acción de política eficaz que, en estos
momentos, como nunca, debe ser con cabeza fria. A menos que se trate de simple
demagogia, lo cual sería muy grave.
No basta con el saldo positivo mencionado más arriba,
que la situación de Venezuela y los crimenes calificados como de lesa humanidad
cometidos por el regimen esten debidamente documentados, recogidos y señalados
por una fuente independiente y que no son meras denuncias de la oposición.
Corresponde una tarea política doble, dar a conocer más esos informes en la
población venezolana, que se filtre por todos los intersticios de la sociedad;
y lo más importante, que nuestras organizaciones políticas –partidos y de la
sociedad civil– se incorporen a la tarea de organizar al pueblo que sufre esta
situación, para resistir y combatir estas violaciones.
Ismael Pérez Vigil
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para comentar usted debe colocar una dirección de correo electrónico