DW 10 de julio de 2019
Los
venezolanos tienen dos asambleas legislativas, dos cortes supremas y dos
mandatarios: Maduro y Guaidó. El chavismo y el antichavismo están empatados.
Destrabar el juego es lo que ambos buscan al dialogar en Barbados.
En
términos político-institucionales, Venezuela se halla en un estado de parálisis
que agrava los problemas de sus habitantes, obligándolos a emigrar masivamente.
La guerra de poderes que empezó en 2016 –cuando el partido de Gobierno y los
órganos estatales bajo su control comenzaron a obstaculizar las actividades del
Parlamento, de mayoría opositora– se ha acentuado tanto que, hoy día, el país
sudamericano no sólo tiene dos asambleas legislativas, sino también dos
tribunales supremos y dos mandatarios: el chavista Nicolás Maduro, presidente
en funciones, y el antichavista Juan Guaidó, reconocido por 54 naciones como
jefe de Estado interino.
Los
contrincantes están empatados. Consultado al respecto por DW, Detlef Nolte,
investigador asociado de la Sociedad Alemana para la Política Exterior (DGAP),
trae a colación que el apoyo obtenido fuera de Venezuela por el bando de Guaidó
se ve compensado por la alineación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
(FANB) con el de Maduro y por el respaldo que Rusia y China, miembros
permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, le continúan dando al sucesor
de Hugo Chávez. Destrabar el juego es lo que ambas partes buscan actualmente al
sentarse a dialogar por tercera vez con la mediación del Gobierno de Noruega.
Diálogo
sin garantías
¿Qué
tan auspiciosas son las negociaciones que comenzaron en la isla de Barbados
esta semana?
Nadie
se atreve a augurar el éxito de estas conversaciones. “Como mediador, Oslo goza
de la confianza de Caracas porque ambos estuvieron involucrados como facilitadores
en el proceso de paz colombiano. Por otra parte, todos los diálogos sostenidos
en Venezuela en el último lustro han fracasado; todo indica que a Maduro sólo
le interesa ganar tiempo con ellos y no se puede descartar que él vuelva a
hacer eso en Barbados”, comenta el especialista de la DGAP. El periodista Phil
Gunson coincide con Nolte: “El régimen de Maduro tiene un enorme reto por
delante porque su actuación en negociaciones previas ha dejado mucho que
desear”, dice.
“El
chavismo ha incumplido promesas, ha hecho circular información falsa y ha
instrumentalizado los diálogos para sembrar discordia entre sus adversarios.
Maduro y su entorno deben emprender acciones unilaterales con miras a recuperar
la credibilidad perdida. Excarcelar a presos políticos no bastaría, porque el
oficialismo arresta a más opositores de los que libera. El chavismo tendría que
anular todas las medidas que inhabilitan políticamente a líderes de la
oposición o los obligan a permanecer en el exilio”, agrega Gunson, analista del
International Crisis Group, una organización dedicada a prevenir conflictos
violentos en varios continentes.
“El
chavismo tendría que dejar de acosar a los diputados opositores: el
vicepresidente del Parlamento, Édgar Zambrano, lleva varias semanas detenido y
unos veinticuatro legisladores son blanco de una u otra forma de persecución
legal. Y Maduro tendría que ordenarle al Tribunal Supremo de Justicia que
levante, parcial o totalmente, las medidas que han vuelto inoperativo al
Parlamento. Esas serían iniciativas significativas”, subraya Gunson,
admitiendo, por otro lado, que, a estas alturas, dada la prolongada sensación
de estancamiento, casi cualquier acuerdo alcanzado en Barbados sería percibido
como una señal de progreso.
La
prioridad: elecciones
Ricardo
Sucre, profesor de Estudios Políticos en la Universidad Central de Venezuela,
comparte esa opinión. “Aunque no creo que en Barbados se halle una solución
para todos los aspectos de la crisis venezolana, es razonable esperar que el
chavismo y el antichavismo se comprometan a consultar a la ciudadanía mediante
mecanismos vinculantes; es decir, a través de elecciones con observación
internacional. Más adelante se determinará si los comicios deben ser
legislativos o presidenciales. Lo importante es que sea la ciudadanía la que
decida en qué manos pone el poder estatal y que la clase política respete su
voluntad”, arguye.
“Someter
a votación el rumbo a seguir es la opción menos costosa. La otra alternativa es
perpetuar el statu quo y esperar a que las sanciones internacionales o el éxodo
de venezolanos pongan a prueba la resistencia del Gobierno de Maduro o la de
los vecinos de Venezuela. El problema es que muy pocos venezolanos pueden darse
el lujo de esperar”, acota Sucre. Gunson lo secunda: “Darle prioridad o no a la
celebración de elecciones es el punto principal de la agenda de Barbados. Creo
que hay espacio para que tanto Maduro como sus adversarios hagan concesiones en
ese ámbito”, esgrime el analista desde Caracas.
“Guaidó
y sus seguidores deben mostrarse más flexibles. El plan que se fijaron a
principios de 2019, cuando contaban con que Estados Unidos intervendría militarmente
en Venezuela si Maduro no renunciaba a la presidencia, no es viable; ellos no
pueden exigir la dimisión de Maduro como precondición para llamar a
elecciones”, enfatiza Gunson. A sus ojos, el tópico electoral es ineludible
porque los próximos comicios legislativos están pautados para finales de 2020 y
conseguir que cumplan los estándares democráticos tomaría como mínimo nueve
meses. Las elecciones parlamentarias y presidenciales podrían realizarse
simultáneamente, señala.
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