Por Mario Villegas,
13/01/2013
Columna de Puño Y
Letra
Si nos atenemos al lenguaje que ha engalanado la
era chavista venezolana, habría que decir, en palabras del propio presidente
Hugo Chávez Frías, que el Tribunal Supremo de Justicia “puso su plasta” al
sentenciar como acaba de hacerlo ante la abortada juramentación del presidente
electo el 10-E. Pero como la del máximo tribunal es en Venezuela la última
palabra en materia judicial, a quienes discrepan no les queda otra que acatarla
y ejercer el legítimo y necesario derecho al pataleo, a la protesta.
Si un Presidente se encuentra en delicado estado de
salud en un hospital de otro país, quién sabe si en estado consciente o
inconsciente, y si su ausencia se prolonga ya por más de un mes y nadie sabe
por cuánto tiempo adicional se extenderá, ni mucho menos cuál es su diagnóstico
o pronóstico médico, la lógica más elemental conduciría a concluir que se trata
de una falta temporal del mandatario. Si ese cuadro no constituye una ausencia
temporal, la magistrada Luisa Estela Morales tiene que explicar en qué cuadro
entonces debería verse un Jefe de Estado para que estemos en presencia de una
ausencia temporal.
No parece que los magistrados de la sala
constitucional, tan honorables como están obligados a ser, al pronunciarse como
lo hicieron hayan cumplido con esos tres principios del derecho que mi colega
Rigoberto Gámez siempre recuerda de sus clases como alumno de leyes en la
Universidad Católica Andrés Bello: sentido común, lógica y buena fe.
En cuanto a los actores políticos del país, se
entiende que cada una de las fuerzas que intervienen en el escenario nacional
se mueva conforme mejor favorezca a sus intereses, pero sin menoscabar el
interés supremo de la república y el imperio de la legalidad democrática, ni
tampoco desconocer y atropellar a priori al adversario y a sus ideas. Si esto
es válido para cualquier momento, tanto más en esta delicadísima coyuntura
histórica y política que nos impone a los venezolanos el advenimiento del año
13 del tercer milenio.
Es tal la fragilidad del instante político que resulta
aconsejable que ni el oficialismo ni la oposición jueguen a exacerbar la
confrontación. En rio revuelto, algún pescador de ocasión podría sacar
ganancias muy lamentables para la república y sus distintos actores políticos y
sociales.
Sería razonable que los jerarcas chavistas,
encabezados por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, dejaran de lado esa grotesca
competencia por ver cuál es más atrevido en sus ofensas y amenazas contra la
dirigencia de la oposición. Y razonable es también que el liderazgo opositor
termine de llegar a una posición unívoca e inequívoca, pues mientras la mayoría
dice no compartir pero sí acatar la sentencia del TSJ, así como reconocer a
Maduro como vicepresidente, otra parte (María Corina Machado y Bandera Roja,
por ejemplo) dice desconocerlo por ser un usurpador del poder.
El foco nacional, y aquí incluyo a todos los
sectores de auténtico sentido patriótico, debería concentrarse en la defensa
del modelo democrático previsto en la Constitución, en cuya dirección luce
conveniente insistir en propiciar un clima de respeto y de concordia.
Y hablando de sentido patriótico, no puedo pasar
por alto la grosera intromisión del nicaragüense Daniel Ortega en nuestro
propio territorio en el debate político entre los venezolanos. Hay que oír a la
hijastra de Ortega recordar quién fue el “buitre”, la “carroña” que abusó
sexualmente de ella cuando apenas se asomaba a la adolescencia. Semejante
esperpento humano no tiene calificación moral para emplear esos términos contra
quienes disienten del presidente Chávez y su gobierno.
BREVES
- El año que recién termina, el Servicio Administrativo de
Identificación, Migración y Extranjería emitió alrededor de 5 millones 300 mil
cédulas de identidad. A la vez, el organismo produjo 1 millón 300 mil nuevos
pasaportes. En los años precedentes, entre el 30 y 40 por ciento de los
pasaportes impresos no fueron retirados por sus titulares, en vista de lo cual
terminaron siendo destruidos por las autoridades, lo cual representó una enorme
pérdida de recursos y de esfuerzos. Si nos atenemos a los antecedentes, es de
suponer que de los pasaportes emitidos en 2012, al menos 390 mil están
destinados a su destrucción
Publicado en la Edición Impresa del Diario 2001
Twitter:
@mario_villegas
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