Fernando Mires 16 de enero de 2013
1. En el siglo XX cuando acontecía en América Latina un
golpe de estado no había discusión. Un golpe de estado era un golpe de estado y
punto.
Por supuesto, nunca los golpistas han
dicho en ninguna parte que los que perpetraban eran golpes de estado. Ellos
siempre hablan de pronunciamiento militar, levantamiento nacional, incluso de
revolución. No así quienes nos ocupamos con temas políticos pues un golpe de
estado era, sin duda, algo fácilmente reconocible.
Entre otras, las características de
cada golpe eran las siguientes: (a) Toma del poder por un
grupo militar sublevado el cual (b) de modo repentino y
generalmente violento destituía al gobierno reemplazándolo (c) por
una junta militar que nombraba a un representante máximo (casi siempre militar)
el que (d) prometía entregar el poder a las fuerzas cívicas
(nunca ocurrió). Después del golpe, (e) era instaurado un
estado de excepción, el parlamento disuelto, el poder judicial convertido en
oficina notarial del ejecutivo, las libertades individuales y colectivas
suspendidas y los derechos humanos pateados. ¿O no era así?
En el siglo XXl las cosas son algo
distintas. Cada vez que un presidente es destituido, las aguas se dividen. Para
unos se trata de alteraciones en el ejercicio del poder. Para otros son golpes
de estado camuflados. De ahí que si queremos seguir hablando de golpes de
estado tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Vamos a usar el concepto “golpe” en sentido
analítico o en sentido agitativo?
En el campo del análisis político debe
imperar, empero, cierta disciplina. Esa es la razón por la cual quien escribe
estas líneas ha optado por seguir trabajando con el quizás anticuado “modelo”
de las cinco características arriba enunciadas.
Ahora bien, durante el siglo XXl ha
habido tres países en los cuales se han levantado voces denunciando golpes de
estado: Honduras en 2009, Paraguay en 2012 y Venezuela en 2013.
Quienes señalan que en Honduras y
Paraguay hubo golpes de estado niegan que en Venezuela ocurrió algo similar. A
la inversa, quienes acusan a Nicolás Maduro de golpista suelen negar que en
Honduras o en Paraguay ocurrió lo mismo. De ahí que para obtener una mayor
claridad convendrá separar cada caso. Procedamos entonces de modo cronológico:
2. El 28 de junio de 2009 el presidente Manuel Zelaya
fue secuestrado por tropas del ejército desde su residencia en Tegucigalpa y,
en pijama y sin sombrero, arrojado en un avión rumbo a Costa Rica. Sólo ese
hecho permite hablar sin problemas de golpe de estado. En efecto, ahí hubo
acción militar y violencia armada.
Quienes defienden la tesis de que el
acto que desalojó a Zelaya del poder no fue un golpe recurren a los siguientes
argumentos
El primero es que la acción militar
fue una respuesta a una violación constitucional urdida por Zelaya y los suyos
destinada a prorrogar ilegalmente su mandato. No obstante, ese argumento no
niega que hubo golpe. Es, si se quiere, una condición atenuante, pero sin
validez jurídica ni política.
El segundo argumento dice que no hubo
ocupación militar del gobierno ya que Roberto Micheletti asumió el cargo de
presidente interino encomendado por el propio Parlamento del cual había sido
presidente. Hecho muy cierto. Pero también es cierto que Micheletti ocupó ese
cargo como consecuencia de una acción militar y no de una política. En ese caso
el acto destituyente puede considerarse atípico, pero no por eso menos
golpista.
El tercer argumento aduce que el
gobernante interino respetó la independencia de los poderes públicos abriendo
condiciones para que tuvieran lugar elecciones libres, algo que no había
ocurrido en la gran mayoría de los golpes de estados habidos en el continente.
Ese hecho es también muy cierto. En ese sentido podría hablarse con cierta
sutileza de un “golpe de gobierno”. Pero, en cualquier caso, fue un golpe. Si
se quiere, fue un golpe más cívico que militar, pero –repetimos- fue un golpe.
3. Distinto fue el caso de la destitución que expulsó
a Fernando Lugo del gobierno paraguayo el 22 de Junio de 2012.
Allí hubo efectivamente una conjura
parlamentaria, pero no hubo violencia ni intervención militar como en Honduras.
En el fondo se trató de una destitución del presidente, hecho que suele ocurrir
en muchos países europeos aunque en países latinoamericanos –-dado el sobrepeso
del poder ejecutivo sobre el parlamentario- es considerado casi como un
regicidio. Mas todavía, hay constancia escrita de que el propio Lugo aceptó su
renuncia.
La destitución de Lugo –llamado en su
país “el padre de casi todos los paraguayos”- no fue entonces un golpe de
estado, ni típico ni atípico. Fue una destitución presidencial.
Donde hay todavía discusiones es en el
tema de si se trató de una destitución constitucional o puramente
institucional. A favor de la primera tesis habla el hecho de que el juicio
político por medio de la Cámara de Diputados y la vigilancia del Senado está
estipulado en la Constitución paraguaya. En contra habla el hecho de que Lugo
sólo fue acusado de mal gobierno pero no de violación a la Carta
Constitucional.
En cualquier caso, donde no hay dudas
es en que la salida de Lugo del gobierno resultó de un clásico conflicto de
poderes al interior del Estado.
¿Por qué entonces un acto
institucional y probablemente constitucional fue tan condenado por los
gobiernos latinoamericanos hasta el punto de que Paraguay llegó a ser expulsado
de MERCOSUR permitiéndose así la entrada de Venezuela a dicho organismo? Hay
dos razones.
La primera es que más allá de su
viabilidad jurídica, la destitución de Fernando Lugo ocurrió como resultado -en
ese punto comparto la opinión de Alvaro Vargas Llosa- de una imbecilidad
política sin nombre. Por una parte, no hubo la menor consulta popular,
obteniéndose así la impresión de que el Parlamento actuaba de espaldas al
pueblo. Por otra, Lugo fue destituido nueve meses antes de unas elecciones que,
dada la catastrófica gestión de su gobierno, sólo podía perder.
La segunda razón fue que Federico
Franco no contó con el furioso activismo del ALBA y su periferia
latinoamericana. Para Chávez, Lugo, como también lo fue Zelaya, era una simple
ficha en el tablero del ajedrez latinoamericano. De este modo, después de la
destitución del mal presidente, Paraguay ha quedado tan aislado del continente
como en los tiempos del Doctor Francia y del tirano Stroessner.
4. No obstante, y como si se tratara de una venganza
histórica, desde el 10 de Enero de 2013 no son pocos quienes hablan de un golpe
de estado en Venezuela.
¿Ha habido golpe de estado en
Venezuela?
En Venezuela antes que nada hubo una
violación constitucional de proporciones gigantescas llevada a cabo nada menos
que por el Tribunal Superior de Justicia. A través de esa violación, el TSJ
pasó por alto la letra constitucional y subordinó su potestad a los intereses
del partido- estado, siguiendo las pautas sentadas por un pacto concertado
entre Maduro, Cabello y los Castro, en La Habana.
En Venezuela hubo, además, una acto de
usurpación a Chávez en nombre de Chávez de parte de Nicolás Maduro quien gracias
al dictamen del TSJ podrá prolongar su mandato hasta que Chávez muera o sane
completamente. Esto significa, sólo la muerte o regreso de Chávez podría salvar
a Venezuela de una dictadura Maduro/ Cabello (“alianza cívico-militar”, en las
palabras de Maduro) .
Ahora bien, según la partitura
descrita, en Venezuela no ha habido golpe de estado. Hubo sí una violación
constitucional y una usurpación mediante la cual Chávez ha sido convertido, aún
en vida, en simple ídolo totémico destinado a cohesionar un liderazgo que
ningún chavista está en condiciones de ejercer. ¿No bastaría eso para hablar de
golpe de estado?
La respuesta podría ser afirmativa si
es que por primera vez hubiera tenido lugar una violación constitucional en
Venezuela. Pero todos sabemos que no es así.
Los 14 años de gobierno chavista están
plagados de múltiples violaciones constitucionales, entre otras, el referendo
por la reelección presidencial, las leyes habilitantes, la conversión de la
justicia en un organismo en el cual la “santa palabra” del caudillo era ley, el
proyecto del Estado comunal (no figura en la Constitución), la conversión de
las FAN en aparato militar al servicio de un partido y de una ideología, y
paremos de contar. De tal modo que la violación constitucional de Maduro fue sólo
una, una entre muchísimas.
Esa es la razón por la cual tendríamos
que decir: si hubo golpe de estado en Venezuela, uno que hizo posible la
transformación de una democracia en una autocracia, eso ya había ocurrido, pero
en cámara lenta y durante Chávez. Ahí reside la diferencia del caso venezolano
con el hondureño y el paraguayo.
Maduro ha asumido su mandato en el
marco de una estricta “continuidad inconstitucional”. Luego, la violación
constitucional de Maduro no es el origen de un golpe de estado sino el
resultado del apoderamiento progresivo de las instituciones de la nación por
parte de Chávez y el chavismo.
Chávez transformó una democracia en una autocracia. Maduro, si no median circunstancias oponentes, transformará una autocracia en una dictadura.
Chávez transformó una democracia en una autocracia. Maduro, si no median circunstancias oponentes, transformará una autocracia en una dictadura.
Chávez era sin dudas un autócrata,
pero un autócrata electo. A Maduro, en cambio, no lo ha elegido nadie. Su
mandato no sólo es ilegal. Además, es ilegítimo.
A través de violaciones
constitucionales –lo estamos viendo- se puede llegar al mismo resultado de un
golpe de estado. Pero en sentido estricto las violaciones no constituyen de por
sí un golpe de estado aunque sus consecuencias pueden ser aún más graves. Eso
ha quedado demostrado no sólo en las violaciones constitucionales que han
tenido lugar en Venezuela, sino en un hecho que no ocurrió ni en Honduras ni en
Paraguay. Ese hecho es la violación a la soberanía política de una nación.
Pocas veces, quizás nunca, se había
dado una situación política tan monstruosa: dos caudillos de un partido,
Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, se han repartido entre sí el poder político
de un estado, bajo el auspicio, y seguramente bajo la dirección de una
dictadura militar extranjera, y en territorio extranjero. Esa, más aún que la
jurídica, es la gran transgresión ocurrida en Venezuela.
Es también la razón por la cual la
oposición democrática venezolana está entendiendo que la lucha no sólo debe ser
jurídica sino esencialmente política. No se trata, es lo que se quiere decir,
de oponerse a un golpe que nunca ha habido, sino de defender, antes que nada y
por sobre todo, la integridad política de una nación cuya independencia
política, tanto la interna como la externa, se encuentra muy amenazada.
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