Por Nicolas de Ligny, 08/01/2013
En América Latina las pequeñas y medianas empresas (PyMES) son reinas.
Aunque cada país utiliza sus propias definiciones[1] según las bases oficiales
de los países seleccionados (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador,
México, Perú, Uruguay, Venezuela) en promedio las PyMES representan más del 99% de las
empresas nacionales (la gran mayoría siendo micro empresa) y emplea al 61.3% de
la población.
Sin embargo un estudio en 2010 estableció
que las PyMES generaban menos del 30% del Producto Interno Bruto (PIB) y el 9%
de las exportaciones en las cuatro primeras economías de la región[2](en
comparación, en las cinco primeras economías de la OCDE las PyMES generan casi
el 60% del PIB y alrededor del 50% de las exportaciones). Esto se explica en
gran parte por las grandes diferencias en productividad[3] que se observan a través del espectro empresarial. Entonces
dependiendo de las características de la empresa será más caro producir algo
por cada unidad invertida, afectando de manera particular las empresas de
diferente tamaño, de diferentes sectores y de diferentes partes del país. Como
se ilustra claramente en el siguiente gráfico esta desigualdad es considerablemente superior a la que
se puede observar en los países desarrollados.
A sabiendas de la posición central que tienen las PyMES, podríamos
suponer que si tratamos los factores que afectan su productividad, la capacidad de
exportación y el potencial de crecimiento, podríamos lograr tener un impacto
considerable en la reducción de pobreza. Por ejemplo, aumentando la productividad y los beneficios económicos
(también en materia de impuestos para el Estado), las PyMES pueden empezar a
generar mayor empleo, mayores salarios o calidad del empleo para sus empleados.
¿Cómo mejorar la productividad y los beneficios de las PyMES? Según estudios, los principales desafíos enfrentados por las PyMES incluyen
las prácticas por parte del sector informal (~17%), los altos impuestos
(~13%) y la falta de acceso a créditos (~12%). Estudios también sugieren que el
régimen fiscal observado representa un desincentivo para entrar en el
sector formal. Por ejemplo, los costos administrativos asociados a la creación
de una empresa en América Latina representan casi 32.5% del PIB per cápita de
cada país (aunque se puede observar en este tema gran divergencia en los
extremos del espectro, por ejemplo en Chile, Brasil y Colombia cuesta 5.1% 5.4%
y 8% del PIB per cápita respectivamente mientras que en Nicaragua y Bolivia
representan el 108% y 90.4%).
Esto en parte puede explicar el obstáculo que representa para
algunas PyMES la competencia del sector informal ya que éste último no se ve
confrontado a estos costos suplementarios, lo que obliga a las empresas
formales a sacrificar una parte de sus beneficios para seguir siendo
competitivos. No parece sorprendente que Bolivia, con un costo administrativo
tan alto, también sea uno de los países con más presencia del sector informal. En
el Enterprise
Surveyestimó que
un 43.7% de las microempresas bolivianas consideran que es el mayor obstáculo a
su desarrollo.
La falta de acceso a productos financieros dificulta igualmente el
acceso de las PyMES a nuevas tecnologías. Un reporte estableció que
sólo cerca de 12% del crédito total en la región se destina a las PyMES, en
contraste con los países de la OCDE, donde las mismas reciben 25%. Además el Enterprise
Survey muestra que cerca del 20% de las PyMES latinoamericanas afirman
necesitar un préstamo pero no tener acceso a éste ni a ninguna línea de
crédito. Esto contrasta con la cobertura casi completa de las necesidades
crediticias en las grandes empresas.
La misma encuesta revela que el 15% del capital en las PyMES ha sido
financiado por bancos (mientras que en las grandes empresas esta cifra se eleva
casi al 27.4%). Esto dificulta las posibilidades de incremento de productividad
en el factor capital obligando, a su vez, a estas empresas a focalizar su
expansión esencialmente a través del factor trabajo. Igualmente, podría estar
afectando el número de empleados que las PyMES pueden contratar.
A pesar del retraso considerable de nuestras PyMES con respecto a las
grandes empresas, se puede obtener mayor crecimiento facilitando el acceso a
líneas de crédito e incentivos fiscales. La productividad permite aumentar los ingresos por hora de trabajo de los
empleados, permitiendo incrementar los ingresos de la empresa y ayudando a su
vez a desarrollar la demanda a través de un incremento del consumo, incitando a
la inversión, a la creación de empleos y al incremento de productividad. Esta
relación ha podido ser observada empíricamente en
distintos países y diferentes economías.
Con esto en mente podríamos afirmar que con políticas de
apoyo favorables al crecimiento y desarrollo de las micros, pequeñas y medianas
empresas de América Latina tendríamos un efecto bastante positivo en la
reducción de la pobreza y desigualdad social.
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[1] Para conocer el tamaño económico de la empresa y determinar si son
pequeñas y medianas empresas existen dos definiciones; el número de empleados
ocupados o el volumen total de las ventas dependiendo del tipo de actividad
económica. Aunque generalmente consideramos que las PyMES son empresas de menos
de 250 empleados.
[2] Argentina, Brasil, Chile, México.
[3] La productividad es una medida económica para la producción con
respecto a las unidades consumidas para hacerla. Las unidades consumidas
incluyen la mano de obra y capital, mientras que la producción se mide a través
de los ingresos y otros componentes del PIB.
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