Las 23 medidas adoptadas son:
1. Un
Memorando Presidencial por el que se exige a las agencias federales que revelen
los datos relevantes disponibles para fortalecer el sistema federal de
verificación de antecedentes.
2. Eliminar
barreras legales innecesarias, especialmente en relación con los seguros de
salud, que pueden obstaculizar a los estados que faciliten la información
disponible para el sistema de verificación de antecedentes.
3. Mejorar
los incentivos para que los estados compartan información para el sistema de
verificación de antecedentes.
4. El Departamento de Justicia
revisará y manejará la información de aquellos individuos que por sus
características tienen prohibida la tenencia de armas, con el objetivo de que
las personas potencialmente peligrosas también sean apartadas del acceso a las
armas.
5. Propuesta
de reglamentación para dar cumplimiento a la ley de comprobación individual de
antecedentes a la hora de devolver a un individuo un arma de fuego incautada.
6. Publicación
de una carta de la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas (ATF) para los
distribuidores de armas con licencia federal que les dé indicaciones sobre cómo
ejecutar comprobaciones de antecedentes para los vendedores privados.
7. Poner en
marcha una campaña nacional sobre el uso responsable de las armas personales.
8. Revisar
los estándares de seguridad para cerraduras y cajas fuertes que contengan
armas.
9. Emitir un
Memorando Presidencial para exigir la aplicación de la ley federal de rastreo
de armas recuperadas en las investigaciones criminales.
10. La
publicación de un informe del Departamento de Justicia que analice la
información sobre las armas perdidas o robadas y que esté disponible para las
fuerzas de seguridad.
11. Nombrar
un director para la ATF (que lleva seis años sin dirección).
12. Proveer
mayor protección y refuerzo en la respuesta ante tiroteos en centros
educativos, así como capacitación para los funcionarios de los mismos para
reaccionar en dichas situaciones.
13.
Maximizar los esfuerzos en la prevención de la violencia armada y los delitos
con armas.
14. Emitir
un Memorando Presidencial dirigido a los Centros de Control de Enfermedades
para la investigación de las causas y la prevención de la violencia armada.
15. La
emisión por parte de la Procuraduría General de un informe sobre la
disponibilidad y el uso más eficaz de las nuevas tecnologías de seguridad
respecto a las armas y desafiar el sector privado para desarrollar tecnologías
innovadoras.
16. Aclarar
que la reforma sanitaria no prohíbe a los médicos que pidan a sus pacientes
información sobre si tienen armas en sus casas.
17. Aclarar
a los proveedores de atención de salud mental que ninguna ley federal prohíbe
que informen de posibles amenazas de violencia a las autoridades policiales.
18.
Proporcionar incentivos para que las escuelas contraten a oficiales que
aumenten la seguridad en los centros.
19.
Desarrollar modelos de planes de respuesta de emergencia para escuelas, lugares
de culto e instituciones de educación superior.
20.
Solicitar a las autoridades sanitarias estatales que incluyan servicios de
salud mental que deben cubrir los planes de Medicaid.
21.
Finalizar normas aclaratorias sobre los beneficios básicos de salud de la
reforma sanitaria.
22.
Comprometerse a concluir las regulaciones equitativas sobre salud mental.
23. Poner en
marcha un diálogo nacional liderado por los secretarios (Kathleen) Sebelius y
(Arne) Duncan sobre la salud mental.
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