Editorial El País 10 ENE 2013
Los
poderes dispensan al presidente reelecto de toda investidura hasta su regreso
de Cuba
La enfermedad de Hugo Chávez se ha
convertido en un esperpento político. Lo demuestra el hecho de que el Tribunal
Supremo haya avalado ayer una “continuidad administrativa” que dispensa al
presidente reelecto de la investidura, hoy, ante la Asamblea Nacional. Esta, de
forma escandalosa, había aprobado la víspera que el mandatario —reelegido para
un tercer periodo, de 2013 a 1019— se tome “todo el tiempo que necesite”, para
recuperarse y regresar a su país.
Esconder la información sobre la
situación médica de Chávez constituye una afrenta democrática, especialmente en
estos tiempos de la comunicación en red. Todos los venezolanos tienen derecho a
saber. La opacidad es una tomadura de pelo a los ciudadanos, sean o no
chavistas.
Este silencio se ha urdido desde hace
tiempo, y quizás para gestionarlo con más eficacia, Chávez decidió operarse por
cuarta vez de un cáncer de naturaleza no desvelada en Cuba, lo que, además,
constituye el reconocimiento de otro fracaso —el de la medicina venezolana— y
ratifica las intenciones del castrismo de seguir influyendo en la suerte de
Venezuela (y beneficiándose de su petróleo).
Es difícil precisar, con la
información disponible, si Venezuela está ante la previsión constitucional de
una “falta absoluta” de su presidente, lo que obligaría a convocar en 30 días
unas elecciones que ni los chavistas ni la oposición —temerosa de un nuevo
revolcón tras sus recientes derrotas— desean. O si se trata de una “falta
temporal” que daría un respiro de hasta 180 días. De hecho, la Sala
Constitucional del Supremo, que nunca ha fallado en contra del Gobierno, se ha
situado en una tercera opción: la de que “aquí no pasa nada”.
No puede sorprender; el chavismo
limpió muy recientemente el Supremo de los pocos independientes que le quedaban
y controla todos los resortes de un poder del Estado que desconoce la división
de Montesquieu. El chavismo domina plenamente el Estado a través del petróleo,
las Fuerzas Armadas y el Supremo. Y el Estado tapa el estado del presidente
reelecto.
El país no dispone de “todo el
tiempo”. La enfermedad presidencial está aplazando decisiones capitales —como
la devaluación de la moneda— para la recuperación de una economía
desastrosamente gestionada por el régimen. En todo caso, nadie debe estar
interesado en estos momentos en tensar la situación ni en llevar a Venezuela al
caos. Es necesaria la serenidad.
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