Por Mario Ivan Carratu Molina, 28/02/2013
Rememoremos:
Corría
el año 1989, recién se había inaugurado la segunda administración, como
Presidente, de Carlos Andrés Pérez; el país, el sistema democrático y las
instituciones venían soportando, de manera incesante, violentos ataques
mediáticos que buscaban influir en el imaginario colectivo, la matriz de
opinión que degradaba la democracia como sistema y al mismo tiempo creaba una
delicada y creciente opinión en el colectivo que insinuaba el rompimiento
violento de la paz social, no solo de las clases populares, también en sectores
de la institución militar.
El
Presidente Carlos Andrés Pérez intentaba por su parte, junto a su Consejo de
Ministros, echar las bases de su programa de gobierno, que reorientara el
modelo económico, hasta ahora dependiente de la política petrolera, que
facilitase la transición hacia estadios más diversificados y menos susceptibles
al vaivén e incertidumbre de los precios del crudo y sus derivados a nivel
universal.
Desde
el primer momento esta nueva direccionalidad de la política económica tuvo
virulentos rechazos de las elites sociopolíticas, de los partidos políticos,
del empresariado, del sector financiero, económico y mediático de la Nación. La
matriz que se generaba era amenazante, incluía además, desestabilización,
violencia social y política, y por si fuera poco, traspasó los vetustos muros
políticos de la institución militar. Para nadie es un secreto como se
volatilizó este rechazo cuyo centro de gravedad desestabilizador fueron
simultáneamente con punto focal en: la población y las Fuerzas Armadas.
Por
cierto, las Fuerzas Armadas siempre fueron objeto de penetración ideológica, y
Venezuela, siempre, desde 1959, fue penetrada por el Estado Cubano; la
revolución guevarista que la Unión Soviética había establecido como parte de un
osado plan, como objetivo en Suramérica, durante el conflicto este-oeste.
No
solo era Carlos Andrés Pérez el objetivo político y con él la destrucción de la
Democracia Venezolana, el pretexto fue el Modelo Económico y las reformas que
este implementaría, de allí su nombre descalificador de “paquete neoliberal”.
También se resentían por la pérdida de cuotas de poder, de los grandes negocios
y otros beneficios directos, las cuotas de poder y la capacidad de influir en
las grandes decisiones del gobierno recién inaugurado el 2 de febrero de 1989.
El
ardid detonador fue el mediecito del incremento de la
gasolina en una economía quebrada que solo tenía 300 millones de dólares en
reserva y una cuantiosa obligación por pago de la deuda externa.
Se
planificó, activó y ejecutó un macabro plan de insurgencia civil, el 27 de
febrero es fijado como día H; el presidente Carlos
Andrés Pérez se hallaba en Barquisimeto. Así pues estallan la violencia
descentralizada en Caracas y algunas ciudades del interior. Luego de dos (2) días
de violentas manifestaciones armadas, fueron reprimidas primero por la policía
y luego por la Guardia Nacional, se da la orden, a pedido de la autoridad
civil, para la activación del Plan Ávila, se trasladan efectivos del ejército
desde el interior para tratar de controlar la poblada que estaba en la calle
saqueando y generando mucha violencia, y de francotiradores apostados en las
alturas de edificaciones atacando a los efectivos militares. Esto se hizo
después de consultar muchas opiniones y decretar el estado de emergencia que
dictaba la constitución de 1961.
No se
puede ocultar al referirnos a estos actos desestabilizadores y vandálicos que
luego se sucedieron, fueron factor muy importante y determinante los grupos
radicales. Entre ellos se evidenció la detención de activistas políticos,
algunos miembros del actual gobierno y hasta en la oposición, quienes
planificaron, activaron y ejecutaron los planes de saqueos a distintos
comercios en Caracas. No solo fueron los Céntricos negocios, lo más grave es
que no quedó una bodega en pie en el este de Caracas. Muchos de ellos personas
de relieve en el actual proceso, lo importante es la verdad y no el maniqueísmo
desatado para tergiversar lo sucedido.
El
objetivo y propósito político fue el de producir, como en efecto se logró, una
ola desestabilizadora desde los sectores populares del país, con ello, se
buscaba igualmente, debilitar al gobierno, hacer impopular sus decisiones
políticas y económicas, sin que estas hubiesen llegado a impactar al colectivo.
Repito, el objetivo era producir un evento político, social y militar de
proporciones inmanejables para precipitar la ingobernabilidad y acelerar la
salida del Poder de Carlos Andrés Pérez, tal y como ocurrió en mayo de 1993.
Las
acciones iniciales fueron de extrema violencia civil y armada con el empleo de
francotiradores, prácticamente imposible controlar por la Policía Metropolitana
y la Guardia Nacional, el recalentamiento inducido fue más fuerte en El
Valle, donde se disparaba desde las azoteas de los edificios y casas aledañas,
con blanco referido a los policías, guardias nacionales y efectivos del Plan
Ávila, igualmente sobre Fuerte Tiuna, Palacio de Miraflores, Avenida Sucre, San
Martin, San Bernardino y Guarenas entre otros.
Fue
muy lamentable, y aun hoy lo sigue siendo, el balance de fallecidos, heridos y
pérdidas materiales. Pero también lo es el efecto sembrado en el imaginario
ciudadano caracterizado por el temor, desconfianza y credibilidad en las
autoridades y funciones que conforman la estructura del Estado venezolano.
Surgen
las preguntas, que nadie, hoy por hoy, desea responder:
¿Cómo
racionalizar, a la luz de nuestra crítica e ilegítima realidad de gobierno, al
concepto político del Estado como Fuerza, Estado como Poder y Estado como
Autoridad?
¿Cómo
podía el Estado, defender a los ciudadanos, proteger sus propiedades y otros
bienes, ante la violencia política, programada y ejecutada por factores
radicales y que desde entonces nadie ha querido investigar y responsabilizar a
los actores materiales?. Tal y como lo solicita La Corte Internacional ¿Qué
respuesta tendría el Gobierno actual, de precipitarse alguna forma de violencia
civil como la ocurrida en 1989, y con cuál autoridad, fuerza y poder
intervendría?
EL TURBIÓN DEL 27 DE FEBRERO DE 1989
Humberto
Cuenca, eminente procesalista y fundador de la escuela de comunicación social
de la UCV, recomendaba a sus alumnos acudir a las hemerotecas y no a las
bibliotecas para entender y reconstruir los hechos del ayer, pues las notas de
prensa carecían, publicadas en caliente, de improntas que desfiguran o
tergiversan los sucesos acaecidos.
Para
quienes solo conocen los relatos de oídas, cuesta mucho saber qué fue realmente
lo que aconteció el 27 de Febrero de 1989, ¿Por
qué se desató el mismo? y ¿Por qué las fuerzas armadas en cumplimiento de su
deber constitucional debieron actuar con firmeza?...
Sobre
estos tópicos siempre recibimos una información amañada, ideologizada y enmarcada
dentro de un maniqueísmo donde en mayor proporción, y gracias a la propaganda
marxista, los malos fueron los miembros de las Fuerzas Armadas y los buenos los
saqueadores.
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