Por José Ignacio Hernández
G. 20 de Agosto, 2013
La más reciente novedad en el agitado
entorno legal venezolano es que el Ejecutivo Nacional piensa solicitar a la
Asamblea Nacional una Ley Habilitante para mejorar la lucha contra la
corrupción.
La Ley Habilitante es un tipo especial
de ley que puede aprobar la Asamblea Nacional, con el objetivo de permitirle al
Presidente de la República dictar “Decretos con rango de Ley”, también
conocidos como Decretos-Leyes. De acuerdo con la Constitución, a quienes les
corresponde dictar las leyes es a los diputados que conforman la Asamblea
Nacional: el conocido Poder Legislativo. Esto es así para limitar la acción del
gobierno central mediante la separación de poderes. No obstante, cuando la
Asamblea aprueba una Ley Habilitante, el Gobierno queda excepcionalmente
facultado para dictar Decretos-Leyes.
¿Pero es realmente necesaria la Ley
Habilitante para combatir la corrupción?
Los riesgos de una Ley
Habilitante. La
Ley Habilitante es una figura peligrosa, pues concentra el poder de dictar
leyes en el Gobierno. Si está claro que las leyes están llamada a imponer
límites a la acción de los gobiernos, habilitar al Gobierno para dictar Leyes
implica aumentar sus poderes.
En las clases de Derecho en las
universidades se usa este ejemplo frecuentemente para ilustrar el riesgo: la
Ley Habilitante que el Parlamento Alemán otorgó a Hitler en marzo de 1933.
Hitler fue nombrado Canciller en enero de ese mismo año, pero no contaba con
poderes suficientes para llevar a cabo su proyecto político. De acuerdo con la
constitución alemana de entonces, las leyes eran dictadas por el Parlamento,
donde Hitler tenía apenas una mayoría absoluta. Así que ideó la figura de una
ley que, al ser aprobada por el Parlamento, le permitiera al Gobierno dictar
leyes. Pero había un problema práctico: Hitler no tenía la mayoría necesaria en
el Parlamento para aprobar ese tipo de Ley. Sin embargo, luego de presionar a
algunos diputados y cambiar las reglas del debate, Hitler logró la aprobación
de la ley llamada Ley para solucionar las urgencias del pueblo y la
nación. Varios especialistas insisten en la hipótesis de que esta
Ley Habilitante, al incrementar el poder del Gobierno y reducir sus controles,
facilitó la concentración de poder en Hitler. Lo que sucedió después, creo, no
hace falta recordarlo.
La Ley Habilitante como medida
excepcional. Precisamente
por sus grandes riesgos, la Ley Habilitante es una figura claramente excepcional.
Ciertamente, el artículo 203 de la Constitución reconoce esa figura. Sin
embargo, la Ley Habilitante sólo debe ser aprobada en casos de objetiva
necesidad, a fin de dictar ciertas leyes que, de acuerdo con el procedimiento
parlamentario común, no podrían ser sancionadas a tiempo para atender esos
casos de necesidad.
Por eso es que el artículo 203
establece que la Ley Habilitante debe ser aprobada por las tres quintas partes
de los integrantes de la Asamblea Nacional. Es decir: 99 diputados. La norma
debe leerse muy bien: “tres quintas partes de los integrantes” de la Asamblea
no es igual a “tres quintas partes de los presentes”. La Constitución exige un
voto calificado que se mide en función a todos los diputados que integran la
Asamblea, estén o no presentes. Resalto un dato: el Gobierno actualmente no
cuenta con esos 99 votos.
La corrupción: un récord para
Venezuela. Recientemente
en Prodavinci se analizó el más reciente informe de
Transparencia Internacional, en el cual se refleja la percepción de la
corrupción en Venezuela. Según el Banco Mundial, Venezuela tiene el peor índice
de lucha contra corrupción en los países de la Comunidad Andina y Mercosur.
Desde este baremo, Venezuela es comparable con países como Zimbabue o Yemen.
La corrupción es, entonces, uno de los
grandes problemas de Venezuela. Tomando en cuenta el considerable tamaño que
tiene el Gobierno Nacional, es razonable concluir que la corrupción es,
también, uno de los principales problemas de este Gobierno. No me refiero sólo
al aprovechamiento personal del patrimonio público. El término corrupción debe
aplicarse en general a todo abuso de poder, en especial cuando está justificado
por fines personales. Por ejemplo, el uso de medios públicos (radio,
televisión, impresos y cuentas oficiales de redes sociales) con fines políticos
es una práctica de corrupción prohibida por la Constitución y diversas leyes.
Sin embargo, basta con revisar los medios oficiales para darnos cuenta de cómo
esta práctica es cometida con mucha frecuencia, incluso en cadena nacional.
¿Es necesaria una Ley Habilitante para
combatir la corrupción? La
Ley Habilitante, como he explicado, sólo procede ante casos de urgente
necesidad. Y no puede confundirse una materia importante con una materia de
urgente necesidad. La lucha contra la corrupción en Venezuela es, sin
duda, una materia importante, pero no puede ser considerada como una materia de
urgente necesidad que justifique la Ley Habilitante.
Venezuela ya cuenta con diversas leyes
que establecen un adecuado marco de lucha contra la corrupción, de acuerdo con
las modernas tendencias en la materia. Por nombrar sólo algunas, están la Ley
Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, la Ley Orgánica de
la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal,
la Ley Contra la Corrupción, la Ley de Simplificación de Trámites
Administrativos y la Ley del Estatuto de la Función Pública. En una visión más
general, se han dictado leyes relacionadas con la delincuencia organizada y la
legitimación de capitales. Así que puede decirse que lo que sobra son
leyes para combatir la corrupción. De modo que en Venezuela el problema no
parece ser de falta de Leyes, sino de falta de cumplimiento de leyes que ya existen.
Y si el Gobierno considera que alguna
de esas leyes debe ser reformada o que se requiere una nueva, puede
perfectamente solicitar a la Asamblea Nacional que legisle y la dicte. De
hecho, la Asamblea Nacional tiene tiempo debatiendo una reforma a la Ley contra
la Corrupción que aún no ha sido aprobada.
Por todas las razones expuestas
anteriormente, es imposible sostener que la crítica a esta Ley Habilitante
implica una especie de defensa de la corrupción. Es ése un razonamiento en
exceso simple. Lo que se debe es recalcar que, para que la lucha contra la
corrupción sea efectiva, bastaría con ejecutar las leyes actualmente vigentes.
En realidad, la Ley Habilitante
generaría un incentivo más para la corrupción, que no sólo alude al uso
desviado del patrimonio público sino, como hemos visto, al abuso de poder. La
cita de Lord Acton, por conocida, no puede ser aquí obviada: El poder
corrompe. Y el poder absoluto corrompe absolutamente.
Una Ley Habilitante, inevitablemente,
creará un poder absoluto. Y el resultado de eso ya lo conocemos.
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