ALFREDO MEZA Caracas 18 OCT
2013
El máximo tribunal
admite el antejuicio contra dos diputados opositores que obstaculizan que el
presidente reciba poderes legislativos
El Tribunal Supremo de Justicia de
Venezuela ha decidido acercar más a la realidad el deseo del presidente Nicolás
Maduro de tener poderes especiales para legislar durante un año. Este jueves la
Sala Plena en una reunión extraordinaria admitió el antejuicio de mérito
solicitado por el Ministerio Público contra los parlamentarios opositores Juan
Carlos Caldera y María Mercedes Aranguren.
Es casi un hecho que ese deseo se
concrete más temprano que tarde, pero antes deberán cumplirse con algunas
formalidades. En el mismo comunicado distribuido por la oficina de prensa se
recuerda que al admitir la querella el Supremo convocará a una audiencia en la
cual la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, y los parlamentarios
expondrán sus argumentos. Sólo entonces los 32 magistrados –todos chavistas-
decidirán si hay o no méritos para enjuiciarles dentro de los cinco días
siguientes a la vista. Luego comunicará su decisión a la Asamblea Nacional que
a su vez constituirá una comisión. Esa instancia será finalmente la encargada
de formular la recomendación política a la plenaria.
El Parlamento necesita tres quintas
partes de la cámara para poder honrar la petición del Ejecutivo, que desea
dictar leyes en el marco de su pretendida lucha contra la corrupción y la
guerra económica que dice estar enfrentando, y a la que obedecería la
generalizada carestía en el país. Pero por un solo voto el gobierno no ha
podido llegar al número mágico -99- para avanzar en sus planes. De 165 curules
98 pertenecen al gobierno y 67 a la oposición.
Los juicios contra Caldera y Aranguren
buscan despejar ese camino. Caldera, miembro de Primero Justicia, el partido
del líder opositor Henrique Capriles, quedó en entredicho en la última campaña
presidencial de Hugo Chávez cuando fue grabado sin su consentimiento recibiendo
dinero de un empresario petrolero chavista. Después de ese escándalo la
oposición le quitó el piso. Perdió la nominación unitaria para la alcaldía de
Sucre, uno de los municipios más importantes del país, y la Asamblea Nacional
inició una investigación. Poco después se reintegraría a sus funciones. Al
conocer la decisión dijo en su cuenta de Twitter que enfrentaría el proceso y
que era una razón más para sufragar en las elecciones municipales del 8 de
diciembre.
Aranguren, mientras tanto, era
militante del Partido Socialista Unido de Venezuela y se separó del chavismo en
2012 al apoyar al líder de un partido disidente, el entonces gobernador José
Gregorio Briceño. Hace un par de semanas, y tras solicitar su antejuicio de
mérito, la fiscal general dijo que Aranguren había delinquido cuando
administraba una compañía encargada de manejar el estadio Monumental de
Maturín, en el estado Monagas, al contratar con artistas extranjeros y pactar
pagos en divisas sin la autorización del Estado. En una entrevista con el
diario El Nacional Aranguren calificó su caso como una persecución a la
disidencia. “No hay tal política de Estado contra la corrupción”, dijo.
La atención está puesta ahora en los
suplentes de ambos parlamentarios, José Antonio España y Carlos Flores.
Parafraseando el clímax de los concursos de belleza tan admirados en este país,
“uno de ellos dos será el diputado 99”. Flores parte como favorito. Se ha
mantenido dentro de las filas del Psuv y la oposición ha denunciado que ya su
voto está comprado. Al parecer, según esas versiones, tierras de su familia
fueron expropiadas por el gobierno y él estaría dispuesto a dar su voto a
cambio de una reconsideración. España fue un viejo dirigente del Movimiento Al
Socialismo que ahora forma parte de Avanzada Progresista, una tolda con partida
de nacimiento reciente que tiene como su figura más representativa al
gobernador del estado Lara Henri Falcón, uno de los más enconados adversarios
del gobierno.
El martes pasado se distribuyó entre
los parlamentarios el texto de la Ley Habilitante. La oposición dice que si se
aprueba Maduro tendría un margen muy amplio para legislar en distintas
materias, lo que lesionaría desde su punto de vista la autonomía de poderes. Le
permitirían al gobierno, por ejemplo, legislar en materia penal e incluso
podría decidir sobre el financiamiento de los partidos políticos, que la
Constitución de 1999 ya prohíbe.
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