Por Mario Villegas, 27/10/2013
Un velo de misterio rodeaba el proceso de divorcio del entonces presidente Jaime Lusinchi, quien se mudó de forma permanente para el Palacio de Miraflores tras abandonar la Residencia Presidencial de La Casona, donde aún permanecía la primera dama Gladys Castillo de Lusinchi.
Los rumores iban y venían, pero los medios de comunicación se mantenían totalmente silentes respecto a un acontecimiento que si bien guardaba algunas aristas de privacidad personal y familiar, tenía un evidente carácter noticioso desde el punto de vista de la investidura institucional de quien se divorciaba: el Primer Mandatario Nacional en pleno ejercicio de su magistratura.
En ese marco, los periodistas José Vicente Rangel y Rodolfo Schmidt, y el economista Francisco Faraco, coeditores del informe semanal “Reporte Privado”, escribieron el 20 de agosto de 1987 que la demanda de divorcio de Lusinchi contra su cónyuge planteaba “un problema que en cualquier otro país con libertad de expresión se estaría debatiendo públicamente: nada menos y nada más que el domicilio del Presidente de la República, la institución más importante del país”.
Bajo el título “El domicilio oficial: un problema de Estado”, Rangel, Schmidt y Faraco hablaban sobre la inconveniencia de que una materia tan cardinal como esa no trascendiera a los espacios de información masiva. “El tema es muy importante de por sí, pero lamentablemente no se puede debatir en los medios de comunicación del país como ocurriría en cualquier otra nación democrática. Tal situación deja abierta la puerta al comentario malsano, al chismorreo y a la profusa circulación clandestina de libelos de demanda”, advertían.
Si el domicilio oficial es un problema de Estado que incluso debe ventilarse abiertamente en los medios para evitar el chismorreo, como sostiene José Vicente, luce perfectamente razonable que a las páginas de los periódicos, a los espacios de la radio, de la televisión y de los medios digitales, trasciendan las múltiples interrogantes que en voz baja mucha gente se hace en los tiempos que ahora corren: ¿Quién vive en La Casona? ¿Si esa es la Residencia Presidencial oficial, por qué no residen allí el presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores? ¿Cuáles son las poderosas razones por las cuales otras personas ajenas a la familia presidencial ocupan la residencia oficial y hacen uso de privilegios públicos reservados al Jefe del Estado, su esposa e hijos?
Conforme al razonamiento que nos daban Rangel, Schmidt y Faraco, no debe asumirse como pecaminoso que cualquier venezolano se haga y haga a otros tales preguntas.
Para la época de Lusinchi, Rangel ya había sido parlamentario por varios periodos y varias veces candidato presidencial, pero como hombre de oposición que era no tenía capacidad para influir de manera determinante sobre las decisiones gubernamentales. Con el tiempo, José Vicente ha devenido en una figura de enorme influencia en la cúpula chavista, ya sea al frente de cargos públicos o no. Con el presidente Hugo Chávez vivo, fue Canciller, luego Ministro de la Defensa, Vicepresidente de la República y, finalmente, el miembro más prominente del Consejo de Estado, investidura que aún conserva en el gobierno de Maduro, en paralelo a su ejercicio de opinador y de entrevistador.
¿Recordará ahora José Vicente que el domicilio presidencial es un problema de Estado? ¿Emitirá, como miembro del Consejo de Estado, alguna recomendación al Presidente de la República sobre este nuevo problema de Estado? ¿Escribirá algo en sus artículos, o dirá algo en su programa de televisión para contribuir a acabar con el comentario malsano y el chismorreo? ¿Disfrutamos o no de absoluta libertad de expresión como para que este asunto se dirima abierta y democráticamente en los medios de comunicación?
Y, finalmente, ¿Cuándo el presidente Maduro se mudará para La Casona?
ENTREVISTA
Francisco Natera, ex presidente de la cúpula empresarial
“Fedecamaras no está conspirando”
-¿Fedecámaras está o no dirigiendo una guerra económica contra el gobierno?
-¿Cómo ex presidente de Fedecámaras, no se siente usted en el chavismo como cucaracha en baile de gallina?
-No, porque a excepción de mi militancia en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en los años 60, yo no he participado en ninguna organización política. Ellos saben de mi actividad gremial, que se inició en 1965, y me respetan porque me conocen como una persona de equilibrio.
-¿En qué se distinguen las prácticas económicas de un empresario socialista-chavista de uno que adversa al gobierno?
-Hay dos tipos de empresario. El del pasado, que sigue las corrientes del neoliberalismo tradicional, y el moderno, que se adapta a las nuevas concepciones del proceso de cambios que vive el mundo. También hay una diferencia entre el empresario que produce y genera bienes y servicios, independientemente de su signo, y el que especula, acapara, viola las leyes laborales e incurre en corruptelas. Ese no es empresario sino un aprovechador que perjudica el beneficio social de la gente. Y el estado tiene instrumentos legales para sancionarlo.
-¿Cuáles medidas son indispensables para elevar la capacidad productiva del país?
-Amplio diálogo entre el gobierno y cada sector productivo. Reglas del juego claras en el tiempo para que el empresario tenga los instrumentos necesarios para trabajar en función de liberarnos de la dependencia de las importaciones. Buscar consensualmente el nivel de precio más razonable de los distintos productos y servicios sin perjuicio del productor ni del consumidor. Retomar la promoción internacional por parte del gobierno de los productos elaborados por empresas venezolanas, como lo hacía el presidente Hugo Chávez en sus inicios. Sustituir la importación de alimentos por la producción nacional con incentivos del estado. Y crear una institución mixta, entre gobierno y empresarios, para promover el “Compre venezolano” y la exportación de los excedentes.
-¿Mantener el control de cambios es una buena o una mala decisión?
-Eliminarlo en este momento no es conveniente porque generaría una gran distorsión en lo económico y en lo social. Hay que mantenerlo, pero adaptándolo a la situación económica del país sin perjudicar el proceso productivo nacional.
-¿Aconsejaría convocar una gran tripartita nacional como la que usted integró en los años finales de la Cuarta República?
-Sí lo aconsejaría, pero las condiciones han cambiado desde el segundo gobierno del doctor Rafael Caldera, cuando hicimos esa gran concertación tripartita. Entonces había disposición a participar y unidad de criterios entre los distintos sectores sindicales y entre los distintos sectores empresariales. En este momento, la atomización del movimiento sindical en diferentes corrientes encontradas no hace posible la concreción de esa tripartita. Estoy seguro que todos los sectores empresariales sí están dispuestos a participar en una iniciativa como esa.
-¿Cuánta responsabilidad cabe a Hugo Chávez y cuánta a Nicolás Maduro en los aprietos que vive nuestra economía?
-En su primera etapa, el presidente Chávez mantuvo relaciones de diálogo y concertación con Fedecámaras y demás sectores privados y juntos promovieron internacionalmente la industria nacional. Pero después, algunos sectores de Fedecámaras, en alianza con partidos de oposición, participaron en una huelga general, luego en el golpe de estado de 2002 y, después, en el paro petrolero, y llevaron al presidente Chávez a interrumpir las relaciones de diálogo y entendimiento con esos sectores. Al presidente Maduro le recomiendo retomar esas relaciones respetuosas de la primera etapa del presidente Chávez con todos los sectores del país.
Mario Villegas
mariovillegas100@gmail.com
Twitter: @mario_villegas
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