Por #MonitorProDaVinci
A continuación reproducimos
para los lectores de Prodavinci el pronunciamiento de la Academia Nacional de
Ciencias Económicas en relación con la situación económica de Venezuela. Este
pronunciamiento fue publicado en el portal digital de la Academia Nacional de Ciencias
Económicas.
♦
Pronunciamiento de la
Academia Nacional de Ciencias Económicas ante la situación del país
La población venezolana
viene padeciendo un acelerado deterioro en sus condiciones de vida desde hace
tres años. La tasa de inflación, actualmente la más alta del mundo, se une al
desabastecimiento, la desmejora de los servicios públicos, la mengua de los
salarios, la grave situación de inseguridad y la penuria en que se encuentran
los servicios de salud, para empobrecer a las mayorías, no obstante los
cuantiosos ingresos captados por el país bajo la presidencia de Hugo Chávez y
de su sucesor, Nicolás Maduro. La Academia Nacional de Ciencias Económicas
considera su deber pronunciarse sobre las causas y consecuencias de tan
lamentable situación, en beneficio de contribuir con su comprensión y con la
formulación de políticas que puedan sacar al país de tal extravío. Si bien este
empobrecimiento se ha agravado por la caída en los precios de exportación del
petróleo, sus causas anteceden a esta situación. Encuentran sus raíces en el
proyecto económico implantado por ambos gobiernos, que ha despilfarrado los
enormes recursos percibidos, destruido la capacidad productiva doméstica,
alimentado la inflación, y aumentado nuestra dependencia del ingreso petrolero
y de proveedores foráneos.
Un cálculo somero de los
recursos manejados por el régimen bolivariano entre 1999, su primer año de
gobierno, y 2014, da una cifra superior a 1,3 billones[1] de dólares entre ingresos al
Gobierno Central, incremento de la deuda pública y gasto social (parafiscal) de
PdVSA. El objetivo económico principal proseguido ha sido el de centralizar en
manos de la Presidencia de la República estos cuantiosos recursos para su
aplicación discrecional con fines políticos. Para ello se desmanteló el marco
institucional del Estado de Derecho que regulaba la Hacienda Pública, así como
las relaciones entre el Estado y el sector privado, al acceder Chávez al
gobierno. En el ámbito de lo macroeconómico, los proventos de la venta de
petróleo en los mercados mundiales pasaron a disposición directa del Ejecutivo
para su reparto directo a través de “misiones”, se eliminó en la práctica el
control legislativo sobre el gasto público, se estableció un control cambiario
que pretende ocultar la devaluación sostenida del bolívar y que reservó el
usufructo de las divisas al arbitrio del Ejecutivo, y se acabó con la autonomía
del Banco Central de Venezuela. En el plano microeconómico se socavaron los
derechos de propiedad y las garantías procesales y para la solución de
controversias, se sometió la economía a una serie de regulaciones y controles,
y se congeló el mercado laboral, tanto en lo que respecta a su movilidad, como
en relación con la contratación colectiva.
Como resultado de estas
medidas, el Sector Público Restringido[2] aumentó su peso en la economía
venezolana desde un 26% del PIB en el último año del gobierno de Rafael
Caldera, hasta un 40% en los últimos cuatro años. Desde el 2010, el déficit
público ha superado el 10% del PIB, llegando a ser más del 15% durante el último
trienio. Ello está asociado a una política monetaria expansiva y permisiva. A
partir del 31 de diciembre de 2010, la liquidez monetaria se ha multiplicado 10
veces, un 97% de incremento sólo en lo que va de 2015, sin que se haya
aumentado el crédito bancario a la inversión reproductiva. Una tercera parte de
la liquidez se origina en el financiamiento del BCV al flujo de caja de PdVSA,
hecho posible por La reforma de la Ley del Instituto Emisor de 2010. Por su
parte, el régimen de control cambiario implantado desde comienzos de 2003, en
vez de impedir la fuga de capitales, fortalecer la moneda y defender las
reservas internacionales, se ha traducido en una salida de más de $180
millardos por las cuentas financiera y de errores y omisiones[3], una caída de las reservas a los niveles
precarios de ese año, y una cotización del dólar en la frontera que ha llegado
a ser 130 veces superior a la tasa oficial de Bs. 6,30. Y como el otorgamiento
de divisas a este último precio está fuertemente racionado y sujeto al arbitrio
discrecional de los funcionarios que deciden al respecto, su cotización en el
mercado paralelo se ha convertido en referente para la fijación de precios
domésticos, impulsando aun más la inflación. Todo lo anterior ha socavado la
confianza en el bolívar, que ha dejado de operar como depositario de valor y
unidad de cuenta, colocando a Venezuela al borde de la hiperinflación.
En lo interno, bajo el
pregón de construir un “socialismo del siglo XX1”, se arrinconó a la economía
privada, expropiando empresas productivas del campo y la ciudad –a veces sin
compensación–, y estableciendo un draconiano control de precios que impide
cubrir adecuadamente los costos de producir y comercializar bienes y servicios.
Esto ha fomentado la búsqueda de rentas fabulosas arbitrando entre precios
altamente distorsionados −particularmente en transacciones transfronterizas, en
las que puede cobrarse en dólares−, provocando un clima de gran incertidumbre
que ha socavado la iniciativa empresarial y, con ello, la inversión y el empleo
productivo, mientras incentiva actividades especulativas de todo tipo, en
connivencia con funcionarios corruptos. En consecuencia, la productividad
laboral ha descendido en más de 12% desde 2008, con su inevitable efecto sobre
la remuneración real de los asalariados. Como contraparte y secuela también de
la excesiva sobrevaloración del tipo de cambio oficial, Venezuela se ha hecho
mucho más dependiente del extranjero para la provisión de bienes de consumo y
para la producción. En 2012 las importaciones llegaron a cuadruplicar el monto
de las de 1998.
Esta conducción de lo
económico ha acentuado la vulnerabilidad del país ante los altibajos del
mercado petrolero internacional. El petróleo provee actualmente el 96% de los
ingresos por exportación, pero el manejo de esta industria según criterios
políticos, en contraposición a lo que debería ser su misión corporativa, hacen
que una parte significativa de estos recursos no ingresen al país y/o sean
utilizados para fines que merman significativamente su capacidad de respuesta a
los desafíos del negocio petrolero. Para el cierre de 2014 los estados
financieros de PdVSA mostraban $27 millardos en cuentas por cobrar –buena parte
acreencias con países cuyas importaciones de crudo venezolano son financiadas a
través de PetroCaribe–, una deuda externa por $46 millardos y aportes por
encima de $8 millardos al año para atender el servicio de la deuda contraída
por la nación con la República Popular de China. En lo interno, la empresa
pierde cerca de $15 millardos anualmente por el subsidio a la gasolina y otros
combustibles. Las insuficiencias de caja provocadas ha obligado a PdVSA a
depender del financiamiento monetario del BCV para poder cumplir con sus
compromisos, no sin diferir el pago a muchos proveedores. Adicionalmente,
enfrenta demandas en su contra que suman varios millardos de dólares por parte
de distintas empresas transnacionales, algunas ya con fallos en contra. Es
decir, la fuente principalísima de divisas con que cuenta el país para atender
las importaciones y el pago de la deuda, y sobre la cual ha descansado buena
parte de las políticas “socialistas” de ambos gobiernos, está extenuada, sin
que sea fácil su recuperación. Peor aún, no tiene reemplazo inmediato: las
exportaciones no tradicionales han prácticamente desaparecido con el abandono
inconsulto del pacto andino y la incorporación del país a Mercosur −con
posibilidades de exportación mucho menores−, y el costo de la contratación de
empréstitos con el extranjero, dada el desacertado manejo de la economía, es
actualmente prohibitivo. Sin políticas conducentes al desarrollo de la
competitividad de empresas e industrias domésticas, basadas en el
fortalecimiento del talento y de sus capacidades de innovación, Venezuela no
podrá superar la situación de postración que ahora exhibe.
Es menester entender que las
políticas de reparto, suponiendo precios internacionales del petróleo en torno
a los $100 el barril, descansan en controles y regulaciones severas que han
generado incentivos perversos que destruyen la actividad productiva. Las
distorsiones engendradas son pasto de buscadores de fortuna que se han ido
apoderando de nichos importantes en los circuitos económicos. La merma en los
precios de exportación del crudo venezolano ha puesto de manifiesto de la
manera más cruda la inviabilidad de continuar con tal esquema. Y los cambios
estructurales evidenciados últimamente en el mercado petrolero mundial no
auguran un repunte importante de precios para 2016. Las largas colas de
venezolanos observadas por doquier buscando alimentos, medicamentos y otros
productos incrementan la tragedia representada por un alza desmedida de precios
–este año se estima que la inflación podrá superar el 180%. Esta realidad no se
corrige con medidas represivas ni cierres de fronteras. Tampoco puede aceptarse
la actitud del Banco Central y de otros organismos, de ocultar la información
sobre el acontecer económico, violando los artículos 311 y 319 de la
Constitución, como si con ello la grave situación no existiese. Para este año
se vislumbra una caída significativa de la producción doméstica –estimada por
el Fondo Monetario Internacional en 10%–, que se acumula con la contracción del
4% ocurrida en 2014.
La Academia Nacional de
Ciencias Económicas hace un llamado a las autoridades públicas, los partidos
políticos, al sector empresarial, las universidades, los trabajadores y al
público consumidor, a concertar los esfuerzos necesarios para producir un
cambio fundamental en la conducción de los asuntos económicos y así poder
superar la grave situación en que nos encontramos. Es imperativa la liberación
de las fuerzas productivas para aliviar la escasez, generar fuentes de ingreso
que complementen progresivamente al petróleo en la provisión de divisas y
proveer empleo productivo y bien remunerado. Venezuela tiene los recursos con
los cuales superar la presente situación. En este cometido el Ejecutivo tiene
la responsabilidad central. Debe instrumentar un ajuste que restablezca los
equilibrios macroeconómicos esenciales que permitan la unificación del tipo de
cambio en torno a sus valores de equilibrio para abatir la estanflación,
generar expectativas favorables a la inversión y establecer condiciones
financieras que promuevan el ingreso de los capitales necesarios para que estos
cambios tengan viabilidad. Este esfuerzo requiere el restablecimiento pleno de
los derechos de propiedad y el levantamiento del aparato punitivo de controles
y regulaciones que está asfixiando a la economía. Un programa bien diseñado de
apoyo a los sectores más vulnerables podrá reducir el impacto adverso de estas
medidas de saneamiento en el corto plazo mientras se generen los empleos
productivos bien remunerados que sustenten mejoras en el bienestar de los
venezolanos.
Una conducción política
nacional que hable con claridad al país, que asuma las responsabilidades del
caso y que no rehúya la tarea de labrar los consensos que viabilicen este
ajuste al menor costo posible, es imprescindible. Ya basta de buscar
“culpables” al deterioro en las condiciones de vida de los venezolanos como
excusa para no enmendar sus propios errores de política. El país no toleraría
que no se asuman claramente las grandes responsabilidades que el momento exige.
El grave empobrecimiento de los venezolanos causado por la inflación desbordada
requiere respuesta inmediata. La Academia Nacional de Ciencias Económicas asume
la suya, poniendo sus capacidades de análisis y de divulgación como
contribución a este esfuerzo.
♦
[2] Conformado
por Gobierno Central, PdVSA, muestra de empresas públicas no financieras, IVSS
y Fogade.
19-10-15
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