Por Mayela Armas
La economía venezolana está
sumida en una profunda crisis que se refleja en una alta inflación y escasez de
artículos básicos. Frente a las severas distorsiones —causadas por el modelo de
controles— la administración de Nicolás Maduro instrumenta acciones
desordenadas que para el economista, Omar Zambrano, las sufren los más pobres.
Zambrano, quien estuvo en la
gerencia de investigaciones del Banco
Central de Venezuela(BCV) y fue economista del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), al realizar un balance de la política económica y social del
Ejecutivo no duda en señalar que la estructura de planes sociales del chavismo
está en bancarrota y que un ajuste efectivo no es posible bajo el actual
Gobierno.
Recientemente el Instituto Nacional de Estadística (INE)
publicó cifras que evidencian que desde 2009, el número de hogares pobres ha
estado en aumento ¿qué pasó con los denominados logros sociales? ¿los hubo?
—En los años de gobierno de
Hugo Chávez hubo progreso social en el sentido de que Venezuela experimentó los
frutos de un enorme boom de consumo y de consumo relacionado con el bienestar
de la gente. El Estado creó una estructura de gasto social enorme que permitió
que se filtrara el boom petrolero, pero esto no fue exclusivo de Venezuela,
toda la región latinoamericana experimentó el mismo efecto. Y aunque hubo una
reducción de la pobreza por la política redistributiva y la multiplicación de
los precios del petróleo, los resultados no fueron impresionantes. Hubo países
que redujeron más la tasa de pobreza que Venezuela. La calidad del progreso
social fue endeble y la situación ahora es mucho peor que en 1998.
¿Por qué es peor que en
1998?
—El Gobierno estructuró
políticas sociales que por el nivel de ingresos ocultaron las debilidades de
los programas. Las políticas sociales eran ineficientes, sin transparencia y
poco focalizadas, de manera que no estaban atendiendo a los más vulnerables.
Países como Perú y Bolivia han resistido el choque externo, en ninguno ha
habido un colapso del crecimiento y los indicadores sociales se mantienen en
línea. Los indicadores sociales no solo dependen del tamaño de las
transferencias, dependen de la capacidad de la economía de generar trabajo
productivo y salarios que le permitan a la gente progresar. En Venezuela ahora
es peor. Hay un colapso del estado de bienestar chavista y de las políticas
redistributivas. Lo que ha sucedido en la actividad productiva es una recesión
brutal. Tienes una economía al borde de la hiperinflación y los resultados
pueden ser peores que las cifras que muestra el INE, que son cuestionables.
El Gobierno ha mantenido un
discurso de que ha invertido en el área social 600 millardos de dólares y
cuenta con un estado de las misiones. Los resultados de la política social
indican que ese gasto no fue efectivo…
—No sé de donde (Jorge)
Giordani ha sacado esa cifra, y suponiendo que sea cierta, incluye lo que se
gastó en salud, educación, misiones. Sin embargo, ese gasto no fue eficiente ni
focalizado. Por ejemplo, se desconoce el registro de beneficiarios, a dónde fue
el dinero, de cuánto fueron las pérdidas por corrupción. De los 600 millardos
de dólares ¿cuánto llegó realmente a la gente? No tengo dudas que algo llegó y
que las políticas sociales estructuraron el boom del consumo que aumentó la
sensación de bienestar, pero la verdad es que el aparato de política social del
chavismo está en bancarrota hoy día, no fue diseñado para resistir un cambio en
las condiciones. El estado de bienestar chavista está en quiebra económica y
hasta moralmente. Esa manera de hacer políticas ha terminado dañando a la
población. Los más pobres en Venezuela están viviendo una catástrofe social.
Este ha sido un Gobierno que
ha repartido dinero, y en paralelo ha destruido el aparato productivo…
—Esta es la paradoja y el
reto que hay para el futuro. El Gobierno creó programas sociales y conformó una
red demencial de controles y de expropiaciones que puso de rodillas al sistema
privado de producción, que es la fuente fundamental de empleo. Cuando se rompe
el esquema productivo, se rompe la red de distribución que significa el mercado
laboral. Es una paradoja que por mucho tiempo pudo producir una sensación de
que la distribución era suficiente para generar ingresos y consumo en la gente.
La recesión en Venezuela comenzó antes de que cayeran los precios del petróleo
y con el descenso está agravada. El modelo colapsó en errores de conducción de
la política económica.
Más restricciones
El Gobierno ha hecho un
ajuste desordenado al recortar importaciones y gasto, mover el tipo de cambio y
mantener los controles ¿qué puede pasar de aquí a diciembre?
—Me declaro incapaz de
comprender cómo el chavismo toma decisiones económicas en estos momentos. No
hay coherencia. En algunas áreas parece que hay ajustes, pero en otras reafirma
los controles, las restricciones a la producción y la agresividad al sector
privado. A lo que se suma una caída brutal del consumo por las importaciones.
Hay ajuste macro sin decisiones, hay un ajuste chimbo, de mala calidad, que lo
sufren los más pobres. No se hace nada para corregir las distorsiones. Por
ello, no es posible un ajuste efectivo bajo la conducción del chavismo. Se
requiere un plan coherente, un equipo calificado y credibilidad. Los últimos
meses del año serán difíciles para la gente con la restricción de
importaciones. Y con la inyección de dinero, habrá más inflación.
En las últimas semanas se ha
disparado el financiamiento del Banco Central a las empresas públicas ¿a qué se
atribuye ese repunte?
—El país se está preparando
para un evento electoral. Con una recesión de 10 % del Producto Interno Bruto
(PIB) lo que recaudes en impuestos no es suficiente.
Frente a un escenario de
escasez, ¿qué implica que el Gobierno insista en los Comités Locales de
Abastecimiento y Producción (Clap) y la Misión Abastecimiento Soberano?
—Es tener un control sobre
la distribución de la escasez. El partido quita la actividad del bachaquerismo.
El Gobierno en marzo anunció
modificaciones en la política cambiaria y no se ha avanzado más ¿eso significa
que se quieren mantener los privilegios a un sector?
—La parálisis es porque hay
una coalición con diversos intereses. No se explica que los tímidos intentos de
(Rafael) Ramírez y (Miguel) Pérez Abad hayan sido suprimidos, los intereses de
algunos se impusieron.
La gradualidad
De haber una transición ¿qué
medidas se tienen que tomar? y ¿cómo se evita que no afecten a los más
vulnerables?
—El debate es si se aplica
un ajuste de shock o uno gradual. La gradualidad debe estar enfocada, porque el
plan debe producir un rebote rápido en el bienestar de la mayoría. Hay que dar
el debate sobre la gradualidad, por ejemplo, en el tema fiscal hay que ver qué tan
estricto se tiene que ser para cerrar la brecha, si hacerlo en un año o en tres
años. El debate debe estar orientado hacia las variables: cómo quieres
estructurar el rebote, qué áreas se requieren reactivar.
¿Cuáles son las acciones
puntuales?
—Se requiere una estrategia
para salir del control de cambio y volver a la libre convertibilidad, Venezuela
debe ir hacia un tipo de cambio flexible. Esta economía tiene que resolver su
financiamiento externo, el país está fuera de todos los mercados. Tiene que resolver
la institucionalidad monetaria y fiscal, que el BCV tenga metas de inflación.
El Estado debe retirarse de la actividad productiva. Hay que tener un mercado
donde se garantice la competencia, una economía que sea capaz de generar empleo
y estabilidad. El Estado tiene un rol importante, pero la actividad productiva
debe estar en el sector privado.
¿Cómo se pueden insertar los
sectores populares en las medidas para resolver la crisis?
—Hay que hablarles claro.
Estos temas por muy abstractos que sean tienen que ser comunicados. Y aunado a
ello se requiere una política económica productiva de inclusión, que
sume a las grandes mayorías, y cause el mayor impacto posible.
En una transición ¿se tienen
que focalizar los subsidios?
—Hay tres etapas en la
transición: la emergencia, la estabilización, y el ajuste estructural. Y en la
de emergencia hay que replantearse la política social para que se diseñen
mecanismos de compensación inmediata a la población más vulnerable, que se den
transferencias directas. Una política social más moderna.
18-09-16
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