Grupo Avila 16
de septiembre de 2016
Los
cuatro países miembros fundadores del Mercosur decidieron poner fin al impasse
suscitado por el traspaso de su presidencia rotativa, formalizando un mecanismo
de coordinación prescindiendo así de Venezuela.
La
decisión, adoptada en razón de la inobservancia de los compromisos asumidos
mediante el Protocolo de Adhesión de 2006, señala importantes incumplimientos
en materia normativa y expresa que de persistir dicha situación para el 1 de
diciembre próximo, Venezuela será suspendida como miembro pleno del Mercosur,
lo cual constituiría otra grave señal de nuestro país para el mundo.
Resulta
lamentable que Venezuela se haya colocado en tan embarazosa situación ante
dicho bloque compuesto por países amigos y socios tradicionales. Es un nuevo
fiasco para la política internacional del gobierno de Nicolás Maduro y otro
golpe a la credibilidad del país.
El
principal culpable de este impasse no es otro que el gobierno nacional, cuya
actuación frente al Mercosur ha sido nefasta, desde su ingreso forzado al grupo
hasta el presente, debido a una actuación caracterizada por la improvisación,
la carencia de profesionalismo, el desconocimiento técnico y la preponderancia
de la ideología sobre los intereses nacionales. Infortunadamente, el resultado
no podría haber sido diferente al que estamos viendo.
El
Ejecutivo Nacional y la anterior Asamblea Nacional descuidaron su obligación de
incorporar al ordenamiento jurídico nacional importantes acuerdos y normas del
Mercosur, por lo que nunca fueron puestas en vigencia, lo que se explica por la
desidia y la ignorancia de los responsables gubernamentales.
El
Mercosur vive una seria crisis producto de la desaceleración, pérdida de
dinamismo y la ideologización en la que se vio envuelto durante los últimos
años.
A
nuestro juicio, la decisión de MERCOSUR, más allá de los incumplimientos, es
también una reacción a la grave situación política y social que agobia a
Venezuela, a las reiteradas violaciones a los derechos humanos y al
comportamiento anti democrático del gobierno de Maduro empeñado en negarse a
una solución democrática y constitucional oportuna a la grave crisis que afecta
al país.
El
presente impasse debería generar un acuerdo de carácter nacional que permita
superar las graves fallas de gestión de nuestro país en ese bloque de
integración. Sin embargo, no se trata simplemente de poner en vigor las
disposiciones legales que se derivan de tales compromisos, mediante su
incorporación al derecho interno, lo cual podría ser dificultoso habida cuenta
el choque de poderes actual; habría que definir y ejecutar políticas que
permitan al país aprovechar las ventajas que el bloque pudiera generar, lo cual
sólo podría lograrse de común acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo, con
la participación de la sociedad civil, empresarios y trabajadores. El país
cuenta con los recursos humanos y la experiencia necesaria para participar
eficazmente en esa tarea, siempre que se haga bajo las condiciones adecuadas.
Mientras
el gobierno nacional y su cancillería persistan en una diplomacia de
confrontación y ofensas, negando u obstaculizando además el camino democrático
y constitucional como solución a la grave crisis, la respuesta será como la que
estamos viendo en Mercosur.
Caracas,
16 de septiembre de 2016
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