Por Roberto Patiño
El asesinato de los 12
jóvenes en Barlovento no es sólo consecuencia de fallas estructurales en las
políticas contra la inseguridad o el exacerbamiento de la cultura de la
violencia en nuestro país. Es también el resultado de una forma de ejercer el
poder, impuesta desde el régimen de Nicolás Maduro, para la instauración de lo
que no dudamos en denominar como un Estado Malandro.
Las expresiones de esto son
múltiples: el robo de medicamentos donados por Caritas, las denuncias de
desfalcos milmillonarios en PDVSA o los lazos entre el narcotráfico
internacional y miembros del gobierno o el ejército. La actuación del TSJ o del
CNE al impedir procesos electorales o iniciativas de la Asamblea Nacional,
contraviniendo explícitamente a la Constitución. La centralización y el
militarismo impuesto sobre todas las instancias de la vida nacional. El
establecimiento de políticas económicas que promueven el clientelismo y la
corrupción, generando nuevas formas especulativas. La criminalización,
represión y secuestro de quienes disienten o se oponen al gobierno. La
instrumentalización (a través de organismos como Conatel, por ejemplo) de
formas de censura y bloqueo de información, en medios masivos y redes
digitales.
El Estado Malandro es un
modelo de ejercicio del poder. No responde a ideologías o corrientes de
pensamiento político. Se impone por la fuerza (de las armas, de los medios y
mecanismos institucionales) para mantener a un grupo en el poder, que obtiene
ingentes beneficios económicos y somete a la población. Emplea prácticas
delincuenciales (amenaza, coerción, secuestro, violencia, fraude, entre tantas)
a través del aparato estatal de la nación.
Se puede argumentar que este
modelo nefasto es consecuencia de falencias que han venido minando a nuestra
sociedad: la normalización de la violencia, los niveles casi absolutos de
impunidad, el surgimiento de grupos violentos validados por el Estado o de confederaciones
criminales integradas por efectivos de las fuerzas armadas y los cuerpos
policiales. Pero la verdad nos encontramos frente a una realidad inédita en
nuestra historia: ningún gobierno, antes del de Nicolás Maduro, había hecho de
la práctica delincuencial una política de Estado.
El Estado Malandro fuerza a
las personas a sobrevivir en, y desde, la ilegalidad. Construye un sistema de
valores invertidos en el que terminamos delinquiendo de una forma u otra para
satisfacer nuestras necesidades más básicas. La crisis alimentaria es un
ejemplo feroz de esto: se consiguen alimentos a través del bachaqueo, práctica
ilegal mejor remunerada que un empleo formal. Las filas de la comida son
espacios de violencia y agresividad. Los cuerpos policiales asignados para
mantener el orden y proteger a bienes y ciudadanos, exigen “vacunas” a los
establecimientos vigilados o se asocian con mafias y grupos irregulares para
extorsionar a las personas sometidas a las colas. ¿Cómo llevar comida a nuestra
familia, cómo mantener nuestro negocio en pie, sin participar de esta dinámica
trastornada?
Esta realidad se produce en
medio de una brutal crisis, con una sociedad agotada, avasallada por las
urgencias del devenir diario. La anomia, la desesperanza y el distanciamiento
merman nuestra capacidad de respuesta. La resignada impotencia y la
indiferencia general con la que se ha respondido al horrendo crimen de
Barlovento contrastan con la conmoción y revuelo que pudo causar, en su
momento, un hecho similar como la matanza de El Amparo. Aunque la fiscal
general Luisa Ortega Díaz hizo un cuestionamiento, desde el Estado no se ha
producido ningún cambio en el planteamiento y ejecución de las OLP, cuyas
reiteradas violaciones a los derechos humanos han sido denunciadas por muchos de
nosotros desde un primer momento.
Enfrentarnos a este Estado
Malandro supone una reformulación de los objetivos y maneras de hacer política
en nuestro país y abandonar viejos paradigmas e ideas preconcebidas. Nuestra
primera prioridad es la reconstrucción de la convivencia entre los venezolanos.
Y no sobre oportunismos, prebendas o sectarismos sino sobre vínculos reales de
respeto, reconocimiento y solidaridad, que se materialicen en acciones
concretas. La participación de las personas debe trascender lo electoral, para
vincular los diversos sectores de la sociedad entre sí y con el Estado de
manera proactiva y dinámica. El político debe ser mediador, articulador, puente
y parte de las diferentes fuerzas sociales, para ayudar a producir tanto
soluciones inmediatas como proyectos inclusivos y sostenibles.
El pasado domingo 27 de
noviembre nos reunimos con líderes y miembros de las comunidades del Municipio
Libertador en la Hacienda La Vega. Reconocimos esfuerzos y reafirmamos
compromisos sobre el trabajo de convivencia y solidaridad de personas como
Jhonatan Leiva de La Vega y Alba Páez de Carapita, dos de las 11 personas que
contaron sus vivencias, y de proyectos como Alimenta La Solidaridad.
Compartimos con personas de otros sectores de Caracas, así como periodistas,
investigadores, incluso líderes jóvenes de distintos partidos políticos.
Visibilizamos a las personas que con sus logros validan otras maneras, otros
caminos, de transformar la realidad. En estas experiencias están las claves
para enfrentar a este Estado Malandro.
El asesinato de los 12
jóvenes de Barlovento no quedará resuelto sólo con el procesamiento de los
efectivos del ejército involucrados, sino con la erradicación del modelo que
les permite y alienta a actuar así. Está en nosotros reconocer esta situación y
unirnos para poder confrontarla.
Coordinador de Movimiento Mi
convive
Miembro de Primero Justicia
Miembro de Primero Justicia
05-12-16
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