Ismael Pérez Vigil 25 de agosto de 2019
Cuando
vemos que desde hace algún tiempo conspicuos voceros del régimen están
negociando con los Estados Unidos, se supone que alguna salida –individual o
general– a la crisis venezolana, es inevitable traer a la memoria la frase de
Sir Winston Churchill, cuando en 1945 se le preguntó si estaría dispuesto a
negociar la paz con Hitler y dijo que hasta sería capaz de “negociar con el
diablo”; eso dirían hoy los EEUU.
No
es de extrañar que el régimen emprenda esa y cualquier otra negociación, pues
la búsqueda de la “gobernabilidad” es uno de los objetivos que persigue desde
que aceptó negociar directamente con la oposición y ahora con los EEUU.
Ese
objetivo, la búsqueda de la gobernabilidad, es lo que hace que el régimen
persista en negociar con la oposición y persiga en las negociaciones el
levantamiento de las sanciones internacionales a las que está sometido,
especialmente contra PDVSA y el BCV. La dictadura está, desesperadamente, en la
búsqueda de recursos.
Actualmente
la proyección anual de ingresos del régimen no llega ni siquiera a 15 mil
millones de dólares y esos ingresos se verán disminuidos por la aplicación de
las sanciones. La dictadura sabe que con esos recursos no tiene para mantener
las cosas que le importan, es decir: los “negocios”, demandas y exigencias de
la coalición de poder –militares, “hombres de negocios”, altos funcionarios y
jueces– que lo apoya y sostiene. Tampoco esos ingresos alcanzan para proseguir
su proselitismo populista y mucho menos para cubrir el gasto normal del estado,
por lo que se le hará mucho más difícil al gobierno usurpador mantener la
gobernabilidad en el país. Solo le quedará, como está ocurriendo, sustentarse
en la aplicación de la fuerza y la represión. Pero, cualquier libro de texto
elemental de política nos dice que la única manera de gobernar, no solo la
mejor, es aquella que cuenta con el consentimiento de los gobernados, no con el
“temor” de los mismos, que parece que es el empeño de esta dictadura.
La
gobernabilidad, la capacidad de gobernar, es un objetivo que persigue cualquier
gobierno para garantizarse su existencia. Pero la gobernabilidad es el
resultado de la combinación de dos factores; uno es la legitimidad de sus actos
frente a los ciudadanos y el otro es la eficacia del gobierno en el desempeño
de sus funciones; legitimidad y eficacia son pues las dos caras de la
gobernabilidad.
¿Es
este gobierno legítimo? Desde luego que no. La llamada legitimidad de origen no
existe; lo ocurrido en mayo de 2018 es un acto ilegal, irrito e ilegítimo,
desconocido por la mayoría del pueblo venezolano – al tenor de todas las
encuestas– y por buena parte de la comunidad internacional; y por si fuera poco,
a este gobierno –al tenor de la crisis económica– le resta muy poco de esa
legitimidad que llaman de desempeño, que es aquella que se logra durante el
ejercicio del poder, para fortalecer la legitimidad de origen obtenida en un
proceso electoral, que como sabemos éste no es además el caso.
La
continuación y exacerbación, violenta, de la crisis política por parte del
gobierno y sus seguidores nos hace vislumbrar una creciente pérdida de la
legitimidad y gobernabilidad, que por los cientos de manifestaciones diarias de
protestas, por los más variados temas, hacen cada día más difícil la
continuidad del régimen por vía pacífica.
Veamos
ahora el segundo aspecto: ¿Es este gobierno eficaz?, sin duda tampoco, pues la
eficacia es la capacidad de cumplir objetivos y no cabe duda que la ineficacia
es una de las características fundamentales del chavismo/madurismo; en el país
se ha dilapidado la friolera de más de 900 mil millones de dólares desde 1999
sin que se vean resultados y efectos significativos; todo lo contrario, lo que
se ve es devastación, que han hundido y condenado al país a la peor crisis
económica de su historia, perdiendo la oportunidad de los increíblemente altos
precios petroleros que disfrutó este régimen, para impulsar al país a la
modernidad y el crecimiento sustentable.
Todos
los valores con los que pudiéramos medir la eficacia de un gobierno, en
Venezuela están alterados; no hace falta enumerar los indicadores e índices que
demuestran la total ineficacia del régimen que tenemos desde 1999, los resultados
están a la vista de todos, hasta de ellos mismos. La dictadura no tiene forma
de compensar la caída de ingresos que ha ocasionado en el país con su pésimo
desempeño económico, por eso se concentra en buscar y tratar de lograr que se
retiren las sanciones aplicadas por los EEUU y la Unión Europea, pues con la
limitación de recursos en divisas y otras limitaciones financieras, económicas
y comerciales que las sanciones acarrean, la posibilidad de “gobernar”, de
mantener un cierto “orden”, un cierto apoyo popular sin acudir a la represión
masiva, se vuelve cada vez más complejo.
Por
lo pronto, la crisis económica desmiente la capacidad del régimen de alcanzar
cualquier objetivo convirtiéndolo en el más ineficaz gobierno desde 1830. La
ilegitimidad la “compensa” el régimen con represión y violencia; pero la
ineficacia no es posible hacerlo con políticas económicas socialistas que han
sido un fracaso en todo el mundo a lo largo de toda la historia y sin recursos
económicos para hacer populismo, mucho menos; de allí el empeño de eliminar las
sanciones para intentar paliar los efectos de la violencia que la dictadura se
ve obligada a desplegar y de allí que ahora deban buscar una fórmula para
regresar cuanto antes a la mesa de negociación de Barbados.
Pero
hay un aspecto más a tomar en cuenta en este tema. Lo que tenemos a la vista,
la crisis humanitaria y la hiperinflación, basta para conformar el cuadro de
ineficacia que nos explicaría la pérdida de legitimidad de cualquier gobierno;
pero tener conciencia de esto no es un proceso automático. La conciencia de la
ineficacia es un problema de expectativas y de percepción subjetiva de cuál es
la causa y raíz de un problema. Si no hay una conexión contundente entre la
grave situación y la responsabilidad directa del régimen, no se producirá un
cuestionamiento que lleve a continuar deslegitimando al régimen en los escasos
sectores populares que aún lo apoyan.
Por
lo tanto, dos son las tareas políticas del momento que la oposición al régimen
debe emprender y continuar sin dilación: primero, lograr que los sectores
populares, en general y sobre todo los que aún lo apoyan, hagan la conexión
entre los problemas que nos aquejan y su responsable: la dictadura que usurpa
el poder en el país; y segundo, comenzar a divulgar, masivamente, entre la
población, cuáles son las propuestas de políticas y planes que tiene la
oposición democrática para superar la aguda crisis en la que está sumido el
país.
La
organización o líder político que por el inmediatismo de asumir el liderazgo
opositor, o por mezquindad en no reconocer el liderazgo de otros, no se
concentre en las actividades mencionadas y en procurar que los responsables de
ellas, la dictadura, sean señalados y paguen el precio político, está
cometiendo un grave error político, del cual el pueblo –a él o a ellos– les
pasará factura.
Ismael
Pérez Vigil
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