Acceso a la Justicia 21 de noviembre de 2019
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Frente a los comicios parlamentarios que se celebrarán
en 2020 y la constitución del Comité de Postulaciones Electorales
para seleccionar a un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) en el seno de la
Asamblea Nacional (AN), Acceso a la Justicia considera importante
destacar algunas medidas que desde el partido de Gobierno, junto con
órganos públicos cooptados, han creado una progresiva
asfixia a la expresión libre del electorado en Venezuela.
Las elecciones celebradas de 2017 en
adelante muestran el despliegue de estrategias antes, durante y después del
evento electoral que colocan una verdadera soga en el cuello del electorado. La
asfixia ha sido tal que se ha llegado a un verdadero secuestro electoral en el país por obra
del poder político.
Ello se evidenció en las elecciones de la Asamblea
Nacional Constituyente (ANC), cuestionada y escasamente reconocida
internacionalmente. La polémica comenzó cuando Nicolás Maduro convocó al proceso sin efectuar un referendo para
preguntarle al pueblo si quería o no ir a una Constituyente, desviándose así
del camino seguido por su predecesor.
Con el fin de evadir cualquier consulta, se contó con
la “oportuna” actuación de la Sala Constitucional (SC) del Tribunal Supremo
de Justicia (TSJ), la cual esgrimió que no hacía falta el referendo (sentencia n.º 378
del 31 de mayo de 2017). Así se “disipó” cualquier duda sobre la forma en que
debía interpretarse el artículo 348 de la Carta Magna.
A fin de lograr un traje a la medida para la elección
de los miembros de la Constituyente, el CNE en contubernio con el TSJ, mediante
la sentencia n.º 455 del 12 de junio de 2017, aprobaron unas bases comiciales (publicadas en decreto presidencial
n.º 2.878 de fecha 23 de mayo) muy peculiares y “novedosas” para el electorado
venezolano, pues también se alejaba de la ANC de 1999. Se previó elegir
constituyentes en el ámbito sectorial y otros en el ámbito territorial sin
importar la población con la que contara cada municipio, con lo cual se violó
la universalidad e igualdad del voto.
En medio del cerco electoral impuesto por el régimen,
el día de las elecciones de la ANC se flexibilizó la posibilidad de ejercer el
sufragio, siendo pintoresca la decisión de designar al Poliedro como centro de
votación itinerante, lo que simbolizó la urgencia de llevar a este órgano
ilegítimo a buen puerto. Días después Smarmatic –poniendo a buen resguardo su
riesgo reputacional– reveló públicamente sus dudas sobre las cifras de participación anunciadas por el CNE.
El pueblo no conoce el proyecto (ni siquiera
anteproyecto) de Constitución, salvo uno que circuló por prensa en septiembre
de 2018, pese a coincidir con la propuesta de reforma constitucional de Chávez
en 2007 y recoger lo que ha agregado y materializado Maduro a partir de
2013, como se ha denunciado desde la ONG.
La ANC se ha centrado más bien en dictar
actos para suplantar funciones de la legítima AN y eliminó entes
político-territoriales incómodos al régimen de Maduro (por ejemplo, la Alcaldía Metropolitana de Caracas),
nombró y destituyó a los representantes del Poder Ciudadano (contralor
general, defensor del pueblo y fiscal general); ratificó a los magistrados del
TSJ, convocó a elecciones; y dictó “leyes constitucionales” que no han sido
consultadas con el pueblo.
Maniobra regional
Las maniobras electorales siguieron con las elecciones regionales en octubre de 2017. Se ejecutaron
distintas estrategias coordinadas para sacar del juego a los candidatos
opositores vía inhabilitación de la Contraloría General de la República (CGR);
se cambiaron los plazos para sustitución de candidatos; y hubo ventajismo
electoral, chantaje y otras prácticas denunciadas por las organizaciones de la
sociedad civil organizada. No se cumplió con la ley especial que obligaba la
elección de los gobernadores, junto a los diputados regionales, para que
existiera uniformidad en los tiempos de ejercicio de ejecutivo y la legislatura
estadal.
Aún con las desventajas existentes, la oposición logró
ganar cinco gobernaciones: Anzoátegui, Mérida, Nueva Esparta, Táchira y Zulia,
pero sus gobernadores fueron obligados a juramentarse ante la ANC. Juan
Pablo Guanipa, electo en el Zulia con 700.755 votos, fue el único que no
compareció ante la Constituyente y, por ello, se le impidió tomar posesión de
su cargo. De forma ilegal, la ANC llamó a nuevos comicios ante el silencio
cómplice del CNE y fue “ganador” su contendiente.
El ensañamiento electoral de 2017 también fue claro
con la elección de alcaldes a la que no concurrieron los
principales partidos opositores, por lo que el TSJ y la Constituyente anularon
los pocos partidos de oposición que quedaban inscritos en el Poder
Electoral, después de un complejo e inconstitucional proceso de renovación que
empezó en 2016. Los comicios de burgomaestres no cumplieron con la ley especial
que obligaba a hacer esas elecciones junto con la de concejales para que
existiera uniformidad en los tiempos de ejercicio de ejecutivo y la legislatura
municipal.
Los rigores de la soga
Con las presidenciales de 2018 se abrieron las
compuertas para que el elector comenzara a sentir los rigores de la soga y
dejando aún menos aire para respirar la libertad electoral. El TSJ anuló al partido más votado de la oposición (la MUD).
Otras toldas opositoras fueron sometidas a un vía crucis para validar su tarjeta si
consideraban participar en el evento electoral para elegir al presidente de
la República.
Afincada en su “poder plenipotenciario”, la ANC llamó
a elecciones al menos siete meses antes de la fecha asignada por la
Constitución para el comienzo de un nuevo gobierno. Irregularidades en el voto
asistido, puntos rojos violando el perímetro de 200 metros, llamados a escanear
el Carnet de la Patria como paso previo a votar y el ofrecimiento
público de recompensas por votar por una opción fueron parte de las
irregularidades denunciadas por el candidato Henri Falcón en su escrito
de impugnación de esos comicios.
Mientras tanto, la CGR siguió inhabilitando
candidatos, la Sala Electoral (SE), días antes de las elecciones, afirmó que la
eventual ejecución de los programas sociales articulados a través del Carnet de
la Patria y su uso a fines electorales “no constituirían per se la
presunta comisión de ilícitos electorales ni comportan conductas dolosas que
menoscaben el libre ejercicio del derecho constitucional al
sufragio” (sentencia n.º 52 del 17 de mayo de 2018).
La impugnación presentada por el candidato Falcón fue
rechazada en apenas dos semanas (sentencia n.º 53 del 13 de junio de 2018), lo cual
contrasta con los casos de los diputados de Amazonas en 2015, y los resultados de la
gobernación del estado Bolívar (Andrés Velázquez) en 2017, sobre los cuales aún
no se tiene respuesta.
En este contexto, no queda duda de que las elecciones
celebradas en Venezuela desde 2017 han llevado al elector venezolano a
desconfiar, debido a una mínima posibilidad de expresar su voluntad a través
del sufragio, no sin antes cumplir con un tortuoso camino que promueve o
condiciona su participación.
El elector requiere ser rescatado del patíbulo y que
alguien retire ese nudo que no le permite respirar. Un esfuerzo por hacer
cumplir las leyes electorales sería un buen comienzo para iniciar el rescate en
la confianza del voto.
¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?
La asfixia electoral deja al desnudo el entramado
gubernamental para coartar el ejercicio de los derechos políticos en Venezuela,
y confirma que no basta con que los comicios sean convocados si no existen
garantías para el voto libre. Además, los Poderes Públicos, con excepción de la
Asamblea Nacional, han sido sumisos y cómplices ante la usurpación de la ANC en
materia electoral.
La reciente conformación de la Comisión Preliminar
para el Comité de Postulaciones Electorales en el seno de la AN por primera vez
en dieciséis años abre una rendija para que la relegitimación del CNE se
realice conforme a la Constitución y las leyes.
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