Tal Cual 25 de noviembre de 2019
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Habitantes
del estado Miranda condenaron que se imponga la figura de las comunas para el
manejo de recursos cuando esto no está contemplado en la Constitución.
Advirtieron que con su aplicación los fondos destinados a impulsar la dotación
de insumos de la policía serán transferidos a los bancos comunales
Alcaldes y concejales del estado Miranda desestimaron
la convocatoria de consulta popular hecha por el gobernador de Héctor
Rodríguez, que busca lograr la aprobación de una medida que consiste en
destinar los recursos recabados a través de las multas a los bancos comunales,
por considerar que no se ha hecho de forma legal.
En rueda de prensa, el alcalde del municipio El
Hatillo, Elías Sayegh, señaló que la desviación de los recursos a las
llamadas comunas pueden violentar los principios del presupuesto público y en
específico el principio de la unidad del tesoro.
El funcionario señaló que no ha sido establecido un
cronograma electoral y que los lapsos no ha sido reflejados en una convocatoria
formal.
"Hablan de un banco comunal, nadie sabe cómo
serán entregados esos recursos. Ya tenemos experiencias del defalco que fue la
asignación de recursos a consejos comunales en donde menos del 10% de los
proyectos fueron realizados", dijo Sayegh a medios de comunicación.
Por otra parte explicó que los recursos que se
pretender utilizar son de la Gobernación y no de las alcaldías, por lo que
puntualizó que la consulta "nada tiene que ver con quitarle recursos o
competencias a las alcaldías".
Sayegh instó a la máxima autoridad regional a
suspender esta consulta y con ellos permitir que los recursos sigan siendo
transferidos a la policía "que bastante que le hacen falta". Al mismo
tiempo, sugirió que el dinero con el que se prevé hacer el evento comicial sea
usado para a arreglar hospitales y escuelas.
El alcalde de El Hatillo también denunció que los
centros electorales seleccionados privilegian a un partido político, nucleados
en sectores donde vive y vota la gente inscrita en el Partido Socialista Unido
de Venezuela (PSUV), que los miembros de mesa pertenecerían al mismo partido y
que hasta ahora no es de conocimiento público cuál es el registro electoral que
se utilizará.
"Por un lado dicen que pueden votar todos los
mayores a 15 años y por otro dicen que son los inscritos el Registro electoral.
Nadie sabe ni quién puede votar. Esto es una consulta interna del PSUV. Armada
por ellos y para ellos", dijo.
Elías Sayegh recordó que la figura de las comunas en
el país fue rechazada en el año 2007 y que existe un recurso de nulidad
interpuesto por la Sindicatura del municipio Baruta contra las leyes del
llamado Poder Comunal y sus causas están activas en el Tribunal Supremo de
Justicia (TSJ).
"Las comunas son el mecanismo de participación
ciudadana más excluyente y sectario que ha existido en la historia de
Venezuela. Si usted quiere crear una comuna y no está inscrito en el PSUV no
puede hacerlo", denunció.
En este sentido, pidió a los mirandinos a no acompañar
esta propuesta, que reitera se hace ilegalmente. "Noestá en el marco de la
Constitución y los principios de las leyes del sufragio y no nos beneficia en
nada", agregó.
Denuncia ante el TSJ
Más temprano residentes del estado protestaron para
rechazar la convocatoria. En la manifestación realizada en la plaza Miranda de
Los Dos Caminos, dirigentes vecinales y habitantes de los municipios que
conforman el estado divulgaron a medios de comunicación un pronunciamiento en
el que condenan el evento de consulta por considerarlo ilegal y aseguraron que
en próximos días llevarán ante Máximo Tribunal un documento en el que se
denuncian irregularidades en la convocatoria hecha por el mandatario regional.
Los ciudadanos cuestionaron que se intente imponer la
figura de la comunas cuando esta no está contemplada en la Constitución
venezolana.
El texto presentado por la sociedad civil señala que
se intenta modificar "demagógicamente el espíritu de la cuestionada ley de
Convivencia para que el producto de la multas ahí dispuestas sea transferido a
los bancos comunales, en lugar de incentivar la dotación de la policía".
Al respecto, el exconcejal del municipio Sucre,
Manfredo González detalló que con esta medida los "pocos recursos"
que están destinados a impulsar la dotación de insumos del cuerpo de seguridad
del estado Miranda, pasarían "a personas que los mirandinos no
conocen".
Por su parte Kiomara Scovino, integrante de la red de
organizaciones vecinales de Baruta, manifestó que la convocatoria fue sectaria,
excluyente y clandestina, pues gran parte de los habitantes de la entidad se
enteraron por vías no convencionales.
A su juicio, la consulta es violatoria del marco
legal. Dice que esta debe ser aprobada por la ciudadanía antes del evento.
"Pedimos a las autoridades que nos expliquen por
qué hicieron el llamado de forma excluyente. A través de esta consulta se le da
oxigeno a unas comunas que no sabemos su procedencia. No hemos sido informados
de que esas comunas existen", matizó.
El llamado hecho por los vecinos, dirigentes y
organizaciones mirandinas, es que sea la mayoría de la sociedad civil la que se
organice y denuncie la inconstitucionalidad de la consulta.
José Luis Vera, habitante del municipio Sucre, tilda
el evento como una arbitrariedad. Alega que por medio de una consulta no se
puede cambiar el contenido de una ley. Al mismo tiempo, afirmó que el
plebiscito pautado para el primero de diciembre "ni siquiera está
respaldado por todas las corrientes del oficialismo". A su juicio, son
acciones proselitistas de Héctor Rodríguez.
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