Por Ramón Guillermo Aveledo
Imposible no conmoverse ante
la imagen del joven estudiante en el suelo, abatido, sangrante en el núcleo
monaguense de la UDO. Del dolor y la rabia, naturales reacciones humanas,
debemos pasar al pensamiento para entender lo que nos pasa y lo mucho que hay
que cambiar en este país que amamos. Nuestro país.
Camino del comedor
universitario en Los Guaritos, quiso defender a su novia a quien le querían
robar el celular y Gerard Ledezma encontró la muerte de un balazo. Estudiaba
Ingeniería de Sistemas. ¿Cuántos sueños suyos, de su novia y de su familia se
desvanecieron en ese instante? Impacta la foto, crudo reflejo de una durísima
realidad cotidiana en cualquier ciudad de Venezuela. Impacta que la víctima sea
un joven estudiante y el motivo tan trivial, un celular como precio de una
vida. Impacta que haya sido en vísperas del Día del Estudiante. Pero la verdad
es que el caso no es raro, ni mucho menos, en nuestro presente de crisis
múltiple, ancha y profunda. Sucede todos los días y en todas partes y el mayor
número de víctimas de la violencia son precisamente hombres jóvenes.
Agréguese a los datos
anteriores que nuestras asfixiadas universidades, sobre todo las nacionales
autónomas, contra las cuales se ha cebado el grupito en el poder, no sólo
porque no logra dominarlas, sino por lo que significa la universidad como idea
y como institución: libertad, pensamiento, conocimiento, progreso.
Los apremios económicos que
todos padecemos, sea como productores o como consumidores, como trabajadores o
como empresarios, han dejado en un segundo plano a la angustia de la
inseguridad y la violencia que de la mano de la impunidad, se enseñorean en el
territorio nacional.
El trabajo, la propiedad y,
sobre todo, la vida de los habitantes de Venezuela parecen a merced del delito.
Puede estar usted transitando una carretera, yendo o regresando de su trabajo,
comprando algo, en un autobús o un por puesto, o hasta en su propia casa.
La ausencia de una política
pública dirigida a garantizar la seguridad, desde la prevención hasta el
tratamiento, pasando por el trabajo policial, el funcionamiento judicial y
penitenciario es tan escandalosa que ya ni el gobierno, cuyos menesteres casi
exclusivos son la propaganda y la represión, se molesta en anunciar planes y
operativos, tras veinte y tantos fracasos. Pero encima de esa carencia trágica,
porque la supera en jerarquía y la cubre como causa de causas, está la crisis
de institucionalidad, el Estado de Derecho disuelto. Órganos que no hacen la
tarea; confusión entre Estado y partido y entre las condiciones de funcionario
público y propietarios de lo público; legalidad borrosa o esfumada. Sus
resultados son el desorden, la violencia desatada y la profunda desconfianza de
los ciudadanos en la autoridad.
Todo eso tiene solución. Lo
han dicho los expertos, desde su experiencia y sus estudios. Lo han aplicado en
distintos lugares del planeta. Me rebelo contra la resignación de aceptarlo
como un destino fatal, irremediable. Eso es mentira.
26-11-19
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