Por Ramón Guillermo Aveledo
Hasta cuando tiene razón, el
régimen se comporta de manera irracional. La emergencia sanitaria ocasionada
por el coronavirus tiene a la mayoría de la población en plan de cooperar para
que la situación no se complique más en perjuicio de todos. Pero el poder,
contra la conveniencia nacional y aun la suya propia, se come la flecha cada
vez que puede.
Todo el mundo entiende que
la emergencia ocasionada por la pandemia puede considerarse causal para
decretar el estado de alarma, el primero de los estados de excepción previstos
en el 338 constitucional. Esa declaración no es una licencia para la
arbitrariedad. Constatado que ante la amenaza que sufren los ciudadanos las
facultades de las cuales dispone la autoridad “resultan insuficientes”, pueden
restringirse temporalmente garantías constitucionales, “salvo las referidas a
los derechos a la vida, prohibición de incomunicación y tortura, el derecho al
debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos
intangibles”, dice el 337.
Y el artículo 339 manda que
el decreto que “regulará el ejercicio del derecho cuya garantía se restringe”
debe presentarse, al cabo de ocho días, a la Asamblea Nacional. Ninguna de las
dos cosas ha ocurrido, porque el régimen interpreta la excepción como
discrecionalidad plena y no reconoce a la Asamblea Nacional. Entonces, no está
usando los recursos constitucionales previstos para la emergencia, inyectándole
así un virus de alto riesgo a su accionar.
Insiste en despolitizar la
pandemia y la politiza, nacional e internacionalmente. Se acusa a la oposición
de querer sacar partido a la crisis. En nombre de la unidad nacional, se
insiste en la conveniencia de mejorar el clima social a través del diálogo.
Pero las obras van en dirección contraria a las palabras.
Los presos políticos siguen
presos aun cuando lo sensato sería una medida humanitaria que los pusiera en
libertad, y no conforme con eso, siguen las persecuciones, las detenciones
arbitrarias, el acoso, aun llevándose por delante el 143 constitucional acerca
del derecho de todos a ser informados por la administración pública y “no se
permitirá censura alguna a los funcionarios públicos o funcionarias públicas
que informen sobre asuntos bajo su responsabilidad.” ¿Qué les puedo decir?
Desde diversos sectores de
la vida nacional, no son pocos los venezolanos, quien escribe entre ellos, que
hemos venido llamando a la sensatez para enfrentar esta situación irracional
que amenaza a todos, en especial a los más vulnerables.
El sector empresarial, en la
voz de sus dirigentes, ha sido insistente en el mismo llamado, con propuestas
concretas de buena voluntad. En vez de acusar recibo de esos mensajes, el poder
responde con medidas contumaces para machacar las políticas fracasadas que nos
metieron en este hueco. Ocupación de empresas, “vigilancia” de otras, acoso.
Como si la policía sirviera para eso. La propaganda tampoco. Es tan inútil como
que el ministro del ramo publicitario salga con bata blanca en televisión.
En las crisis de escasez y
especulación de guerra y posguerra, en otros países se han tomado medidas de
control de precios. Pero ¿es esa situación comparable con la venezolana de hoy?
La escasez y los precios altos tienen su origen en la baja producción, en las
dificultades e incertidumbres para que los proveedores traigan los insumos, en
la corrupción en las carreteras, que impone peajes. ¿Se resuelve eso
controlando precios? Por favor, esa no se las cree ni su mamá.
05-05-20
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