Por Froilán Barrios
El Día de la
Hispanidad, celebrado en otros tiempos y en nuestros predios como Día de la
Raza, o del Encuentro de Dos Mundos, se ha convertido en los últimos años en
una fecha aniversario recargada de polémicas, en torno a las consecuencias de
la llegada a estas tierras de los conquistadores españoles y su dominio del
continente durante más de tres siglos, que representó luego de la independencia
en el siglo XIX a América Latina, para así diferenciarlo de la América
anglosajona.
Es evidente que el
juicio histórico a la conquista y colonización de la América hispana registra
un genocidio devastador que exterminó a millones de indígenas y explotó
económicamente estos territorios, al punto de que las glorias del imperio
español se basaron en la extracción y expoliación de riquezas de esta región
del mundo, así también se debe agregar que de sus entrañas surgieron los
libertadores de orígenes español, indio, negro y mestizo, quienes forjaron las
repúblicas del continente, las cuales con todos sus avatares durante más de 2
siglos fomentaron las naciones persistentes hasta el presente siglo XXI.
Por tanto, saldar la
historia de desigualdades con la decapitación de las estatuas de Colón y de
numerosos conquistadores, en manifestaciones donde se pintarrajean esculturas y
museos con el único objeto de promover la cultura del resentimiento, constituye
un acto de demagogia supremo que no se compadece con la miseria ancestral que han
sufrido por siglos las etnias indígenas en todos los países de Latinoamérica.
Estas políticas son más
deplorables aun cuando provienen de los gobiernos de cualquier color político.
En ese contexto López Obrador retira recientemente la estatua de Colón en la
ciudad de México, siendo este país señalado y cuestionado en diferentes
gestiones gubernamentales por el abandono, la discriminación a la población
indígena, que representa a la de mayor tradición y riqueza cultural del
continente.
En el caso venezolano,
el expediente de ataques gubernamentales contra las diferentes etnias es
prácticamente una política de Estado, al suspender ilegalmente desde 2016 hasta
el presente 2020 a diputados indígenas del estado Amazonas; al eliminar en 2020
el derecho al voto universal a la representación indígena al Parlamento
nacional consagrado en la vigente Constitución, sustituido para las próximas
fraudulentas elecciones a la AN por el voto asambleario en segundo grado; al
ejecutar represión brutal en 2020 durante la pandemia contra integrantes de la
etnia wayuú en Paraguaipoa, estado Zulia, por protestar y exigir gasolina,
servicios públicos de calidad: Agua, luz, transporte, salud, educación; al
asesinar a indios pemones en la frontera con Brasil en febrero de 2019 por exigir
la ayuda humanitaria. Actos criminales que contradicen el articulado del 119 al
126 sobre los derechos de los pueblos indígenas consagrados en la carta magna,
que califican a estos como patrimonio de nuestra nación y de la humanidad.
A estas violaciones de
los derechos humanos se agrega la implantación de un estado de emergencia desde
2015 hasta el presente 2020 que afecta directamente a las poblaciones indígenas
que habitan en las fronteras Occidente y Sur del país, al impedir el ancestral
libre comercio y sustento de sus comunidades en esas regiones.
Asi que, recurrir hoy a
cambiarle el nombre a la autopista Francisco Fajardo por el de Cacique
Guaicaipuro, es un acto propagandístico más para enarbolarse la defensa del
indígena, cuando en realidad lo ha condenado a la miseria como lo refleja la
precariedad de vida, de cientos de miles de estos venezolanos pertenecientes a
las diferentes etnias que deambulan a lo largo y ancho del territorio nacional.
14-10-20
https://www.elnacional.com/opinion/la-hipocresia-gubernamental-ante-el-12-de-octubre/
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para comentar usted debe colocar una dirección de correo electrónico