Gustavo Ocando Alex 14 de enero de 2021
@gusocandoalex
Directivos
de asociaciones civiles reclaman la liberación inmediata de seis activistas pro
derechos humanos detenidos el martes en Maracaibo. Denuncian un “patrón” de
persecución del Estado venezolano en su contra.
La Organización de Naciones Unidas pidió este jueves a
las autoridades del Estado venezolano que “dejen de acosar” a personas
vinculadas a labores de ayuda humanitarias o en favor de los derechos
humanos, así como a la prensa.
Marta Hurtado, portavoz de la Oficina de la ONU para
los Derechos Humanos en Ginebra, se pronunció en esos términos en un
comunicado luego del arresto de seis activistas de una
organización civil que promueve la prevención de enfermedades de transmisión
sexual por agentes de inteligencia militar, el martes pasado.
“Instamos a las autoridades a que dejen de acosar a
personas por realizar un trabajo legítimo, ya sea en el sector humanitario, de
derechos humanos, o en los medios de comunicación. Una sociedad civil libre,
diversa y activa es crucial para cualquier democracia y debe ser protegida, no
estigmatizada o perseguida", sostuvo.
Hurtado expresó que los integrantes de la Oficina para
los Derechos Humanos están “profundamente preocupados por los constantes y
crecientes ataques contra organizaciones de la sociedad civil, defensores de
los derechos humanos y periodistas en Venezuela”.
Mencionó el “incidente” ocurrido el 12 de enero,
cuando agentes de contrainteligencia militar del gobierno de Nicolás Maduro y
de la policía regional del estado Zulia allanaron la oficina de la asociación
civil Azul Positivo.
“Esta es la segunda vez en los últimos dos meses que
se ha allanado la oficina de una ONG humanitaria y se ha interrogado a su
personal, supuestamente debido a la financiación recibida del exterior”,
observó Hurtado.
Recordó que los Estados “no deberían imponer
restricciones indebidas a la capacidad de las ONG de acceder a la financiación
de fuentes nacionales, extranjeras o internacionales”.
Calificó de “desconcertante” que esas incursiones a
sedes de ONG estén acompañadas de declaraciones de funcionarios públicos que
exhortan a la “criminalización” de las organizaciones de la sociedad civil y de
su personal, en aparente referencia a declaraciones que ha hecho sobre esos
operativos el segundo hombre fuerte del chavismo y diputado, Diosdado Cabello.
Mencionó los “ataques”
a al menos tres medios de comunicación de Venezuela el pasado 8 de enero. “Estos
incidentes siguen a casos similares de periodistas acosados o intimidados,
mientras funcionarios públicos han emitido una serie de declaraciones
deslegitimando a los medios de comunicación”, dijo.
Así, Hurtado afirmó que la ONU insta a las autoridades
venezolanas “a que dejen de acosar a personas por realizar un trabajo legítimo,
ya sea en el sector humanitario, de derechos humanos, o en los medios de
comunicación”.
"Patrón" de persecusión
La declaración de Hurtado sucedió al pronunciamiento
de una red de organizaciones de derechos humanos de Venezuela a propósito de la
detención de los seis integrantes de Azul Positivo.
Directivos de esas ONG repudiaron las detenciones y
valoraron sus arrestos como parte de un “patrón” de persecución en su contra.
Recordaron que Azul Positivo asiste desde hace 17 años
a centenares de pacientes con VIH y fomenta la prevención de enfermedades de
transmisión sexual en el estado occidental de Zulia, incluso en su frontera con
Colombia.
Juan Berríos, coordinador de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado Zulia, detalló que los arrestos ocurrieron durante un
“procedimiento administrativo” realizado en la oficina de Azul Positivo en
Maracaibo, capital de Zulia, por parte de al menos 15 funcionarios de la DGCIM.
Mencionó que el día anterior al arresto, el lunes 11
de enero, agentes militares detuvieron al dueño de un local comercial del
municipio San Francisco, donde Azul Positivo realizaba otra jornada de su
programa de entrega de alimentos.
Al día siguiente, la DGCIM ocupó su oficina en
Maracaibo durante seis horas antes de llevarse detenidos a seis de sus
miembros, entre ellos Joan León, su director. A las horas, arrestaron en su
domicilio a otro integrante de la asociación, identificado como Luis Ferrebús.
“Exigimos la liberación inmediata de los trabajadores
humanitarios miembros de Azul Positivo, sin cargos, sin procesos judiciales.
Exigimos el cese del hostigamiento de la labor humanitaria. Debe cesar patrón
de persecución de las organizaciones humanitarias”, expresó Berríos en
conferencia de prensa virtual.
Berríos lamentó, horas antes del comunicado de la
Oficina para los Derechos Humanos en Ginebra, que no hubiese un exhorto público
y urgente de las Naciones Unidas para condenar la detención de los activistas.
Ni abogados ni familiares de los detenidos han podido
comunicarse con ellos. Apenas el miércoles, agentes militares aceptaron recibir
en la sede de la DGCIM alimentos y enseres para los miembros de Azul Positivo
arrestados, que, según información preliminar, serán procesados judicialmente
en un tribunal militar.
Los militares confiscaron en la oficina de la
organización civil tres computadoras, la data de los beneficiarios de sus
programas, cinco teléfonos y 12 tarjetas prepagadas de asistencia, que utilizan
para la compra de comida.
Alberto Nieves, director de la asociación Acción
Ciudadana Contra el Sida, subrayó que uno de los detenidos, Jordi Bermúdez,
sufrió un accidente cardiovascular “hace unas pocas semanas”. Desconoce su
estado actual de salud.
Ambos voceros, así como Feliciano Reyna, director de
Acción Solidaria, denunciaron un “patrón de criminalización” de la labor de las
organizaciones de la sociedad civil venezolano en defensa de los derechos
humanos, especialmente durante una coyuntura que llaman “emergencia humanitaria
compleja”.
Según los voceros de las organizaciones venezolanas
defensoras de los derechos humanos, Azul Positivo atendió a 43.492 personas en
sus programas comunitarios y fronterizos solamente entre 2015 y 2020.
Advirtieron que la “criminalización” de sus
actividades de parte del Estado haría “casi imposible” la existencia de un
espacio humanitario en Venezuela.
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