Por Luis E. Lander
Estudios de opinión muestran
que la mayoría de los venezolanos desearían que la solución de la aguda crisis
que padece el país pueda alcanzarse pacíficamente, minimizando hechos de
violencia y evitando costos en vidas humanas. Superar la crisis sin violencia,
habrá de pasar por someter a consulta los caminos a seguir en un futuro proceso
electoral que, para avanzar en el camino deseado, deberá ser libre,
transparente y confiable.
Esta ruta, sin embargo, no
está exenta de obstáculos. Episodios recientes son terribles muestra de ello. A
pocos días de finalizada la visita de la Alta Comisionada para los DDHH de la
ONU, el país fue estremecido por el fallecimiento del Capitán de Corbeta Rafael
Acosta Arévalo, quien llevaba una semana detenido en la Dirección General de
Contrainteligencia Militar. Muerte que se produce como resultado de los severos
maltratos físicos sufridos estando el Capitán detenido. Sin haber digerido ese
impacto, el primero de julio se divulgó la noticia de acciones represivas en
Táriba, estado Táchira, donde Rufo Antonio Chacón, de apenas dieciséis años,
perdió la vista al recibir el impacto de perdigones disparados a corta
distancia por un funcionario de la policía de ese Estado. Hechos que reafirman,
como reiteradamente han denunciado organizaciones defensoras de DDHH, lo que
parece ser un patrón recurrente de abusos del Estado para confrontar a quienes
protesten o disientan del gobierno.
Obstáculos como los
señalados no deberían, sin embargo, apartarnos de la vía que busca resolver la
crisis en paz. Es imperioso salir de esta calamitosa situación acordando entre
todos, gobierno y oposición, partidos políticos oficialistas y opositores,
organizaciones sociales de muy diversos tipos, empresarios y trabajadores,
ciudadanos en general, condiciones civilizadas de convivencia en un mismo
territorio que nos es común. Acuerdos que deben contemplar, también, la
realización de unas elecciones en condiciones que inspiren confianza. Una buenaelección podría
contribuir a salir del actual atolladero, pero unas malas elecciones, por
el contrario, pueden muy bien profundizarlo.
Independientemente de la
valoración que se tenga sobre la calidad de las elecciones realizadas desde
2015, el desconocimiento de varios de esos procesos por parte de significativos
sectores nacionales, y también internacionales, ha sido factor determinante en
el deterioro de la situación en el país. Es forzoso destacar el innegable papel
de la elección presidencial del 20 de mayo del pasado año en este proceso de
deterioro, pero todas las elecciones recientes han aportado lo suyo. El
Observatorio Electoral Venezolano (OEV), observó todos esos eventos, detectando
irregularidades antes, durante y después de las distintas jornadas. De cada
observación se elaboró un informe público señalando los principales hallazgos.
Sobre la elección del 20 de
mayo, dada su importancia y la gravedad y cantidad de irregularidades
detectadas, el OEV, junto con Provea y Acceso a la Justicia, presentaron ante
la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una demanda
solicitando su nulidad plena. Dado el comportamiento del TSJ en el pasado
reciente, para nada sorprendió que el recurso fuese desestimado.
Pero, para lograr una buena
elección (libre, trasparente y equitativa), que inspire confianza y cuyos
resultados sean reconocidos por la mayoría, hay varios aspectos de nuestro
sistema electoral que deben ser revisados. Y los resultados de esas revisiones
deben ser ampliamente divulgados. En las líneas que siguen se van a señalar los
más relevantes, apuntando a posibles soluciones.
Proceso electoral equitativo
Arbitraje electoral
imparcial
Foto: archivo WEB
Un reciente estudio de la
empresa Delphos indica que la principal fuente de desconfianza en el sistema
electoral es el actual CNE. La autoridad electoral ha mostrado, de manera
creciente, un comportamiento sesgado y no imparcial. Son muchos los ejemplos que
podrían recordarse para respaldar esta afirmación; con el CNE, como con todo
árbitro, además de honesto, debe parecerlo. Y es innegable que a muchos,
desgraciadamente demasiados, les parece que el actual CNE no es imparcial.
Mejorar la imparcialidad del Poder Electoral, reestructurándolo desde sus más
altas autoridades, resulta entonces crucial para lograr unas buenas
elecciones.
Pero no es el CNE lo único
que en Venezuela actúa como árbitro electoral. De manera también creciente,
otras instituciones del Estado se inmiscuyen en decisiones electorales sin que
sean de su competencia, usurpando funciones que constitucionalmente están
restringidas al Poder Electoral, violentando su independencia y autonomía (art.
294 de la Constitución).
La Asamblea Nacional Constituyente
(ANC), además de la cuestionada legitimidad de su origen, desde su instalación
ha inducido al CNE a convocar elecciones, siempre de manera apresurada,
usurpando funciones reservadas al CNE (art. 293 de la Constitución). Para citar
un par de ejemplos, la primera quincena de agosto convocó elecciones de
gobernadores, que luego el CNE formalizó para el 15 de octubre. Cosa similar
ocurrió con la elección presidencial de 2018. En acto conmemorativo del 23 de
enero, la ANC decretó que la elección presidencial debía hacerse en el primer
cuatrimestre. Nuevamente, el CNE formalizó esa decisión fijándola inicialmente
para el 22 de abril, posponiéndolas luego para el 20 de mayo. Elecciones hechas
a la carrera dificultan la adecuada realización de las tareas técnico
organizativas necesarias pero, sobre todo, violentan los tiempos políticos
indispensables para una participación equitativa.
La intromisión de la ANC no
se ha limitado a usurpar funciones del CNE. Luego de la elección de alcaldes en
diciembre de 2017, gracias a un comentario de Maduro sugiriendo que los
partidos que no hubiesen postulado candidatos para esas elecciones deberían ser
inhabilitados, la ANC convirtió esa sugerencia en ley, que tuvo además efecto
retroactivo. Sin estar vigente para el momento de la elección, los partidos
Acción Democrática (AD), Primero Justicia (PJ) y Voluntad Popular (VP) fueron
inhabilitados estando por ello impedidos de postular candidato para la elección
presidencial del 20 de mayo siguiente. Coartar las acciones de la ANC, por lo
menos en temas electorales, debería también formar parte de los acuerdos
anhelados.
Foto: archivo WEB
También han incursionado en
el terreno electoral otras instituciones del Estado abonando la desconfianza en
el sufragio como herramienta para dirimir controversias. El TSJ y el Sistema de
Justicia han dictado sentencias que afectan las elecciones y sus resultados. El
estado Amazonas y la circunscripción indígena sur, por ejemplo, por decisión de
la Sala Electoral del TSJ, no tienen representación ante la Asamblea Nacional.
Otros ejemplos son las
varias sentencias, prácticamente simultáneas, emitidas por tribunales de
primera instancia sin competencia electoral. Estas dieron pie para que en
octubre de 2016 el CNE suspendiera el referendo revocatorio presidencial.
También el Poder Ciudadano, principalmente por vía de la Contraloría General de
la República, mediante decisiones administrativas ha inhabilitado potenciales
candidatos cercenándoles sus derechos políticos.
Convocatoria con tiempo
Se ha convertido en un
patrón regular en Venezuela que las elecciones sean convocadas con extremada
premura. Con la aprobación de la Ley Orgánica de Procesos Electorales en 2009,
se le dio al CNE discrecionalidad plena para fijar la fecha de cualquier
elección. La anterior ley, la Ley Orgánica del Sufragio y Participación
Política, establecía en su artículo 152 que el CNE debía fijar la fecha de una
elección con al menos 6 meses de anticipación mediante convocatoria pública.
Esos tiempos no son caprichosos. Organizar un proceso electoral es complejo.
Como puede verse en cronogramas publicados por el CNE, normalmente contemplan
más de cien actividades, que para cumplirse cabalmente requieren tiempo.
Muchas de las
irregularidades registradas por el OEV en elecciones recientes tienen en la
falta de tiempo una de sus principales causas. Además, para una buena elecciónlos
tiempos políticos son indispensables. Los actores requieren tiempo para armar
alianzas, escoger candidatos con procedimientos democráticos, difundir sus
propuestas, capacitar testigos. Igualmente, los electores necesitan tiempo para
procesar las propuestas presentadas y poder votar responsablemente. Toda
convocatoria debe además estar acompañada de la publicación del cronograma
correspondiente, detallando las actividades a realizar hasta llegar a la
jornada electoral misma.
Observación nacional e internacional
Dada la desconfianza que hoy
existe sobre el sistema electoral, garantizar la participación amplia y sin
restricciones de grupos nacionales e internacionales de observación electoral
puede contribuir a ganar mayores grados de confianza. Lejos de ser redundantes,
ambos tipos de observación -la nacional y la internacional- se complementan. La
observación electoral se ha ido convirtiendo en un ingrediente de relevancia
creciente para que los electores y la comunidad internacional, puedan confiar o,
por el contrario, rechazar los resultados de una elección a partir de fuentes
autónomas.
Campaña equitativa
Un proceso electoral
confiable debe garantizar la posibilidad de una campaña lo más equitativa
posible. A la luz de nuestras experiencias recientes, esto significa varias
cosas conducentes a minimizar el abuso oficial. No es un fenómeno que ocurra
únicamente en Venezuela, pero aquí hemos sido testigos del uso indiscriminado
de recursos públicos en favor de unos candidatos, los medios públicos de
comunicación fuertemente sesgados, la participación directa de funcionarios
públicos -incluido el Presidente- promoviendo opciones electorales mientras
cumplen actividades correspondientes a sus cargos. Campañas más equitativas
deben garantizar mayores equilibrios en el acceso a medios públicos y privados
de comunicación.
Sistema trasparente de
votación
Auditorías técnicas del
sistema automatizado antes y después de la elección
Foto: archivo WEB
Producto de fallas
persistentes con el sistema manual y gracias a avances tecnológicos, a fines
del pasado siglo el sistema electoral comenzó a automatizarse. Una
automatización que, cuando se han seguido los protocolos, ha arrojado
resultados satisfactorios. Parte de esos protocolos son las auditorías técnicas
a los distintos componentes del sistema: dispositivos biométricos de
identificación; máquinas de votación, tanto en su funcionamiento físico, como
en los programas que le permiten registrar los votos, sumarlos y trasmitirlos;
los sistemas de trasmisión de datos, hasta llegar a los servidores últimos
donde se realiza la totalización definitiva.
Estas auditorías tienen
básicamente dos funciones. La primera es verificar y poner a tono todo el
sistema para garantizar que el día de la jornada electoral funcione bien. La
segunda, tan importante como la anterior, es generar confianza entre los
distintos actores participantes, ya que si las auditorías se hacen bien son
técnicos designados por ellos quienes ejecutan esa importante función.
Auditorías ciudadanas sin
restricciones
Para el elector común, sin
embargo, el funcionamiento del sistema automatizado de votación puede ser un
misterio, generando desconfianza. Una caja negra que recibe votos y arroja
resultados. El CNE ha diseñado un procedimiento, las auditorías ciudadanas,
que desafortunadamente, no en todos los centros ni en todas las elecciones se
ha cumplido. Recuperar en el elector la confianza requiere que ellas sean
conocidas por los electores antes de la jornada y garantizar que ese día se
cumplan a cabalidad.
El primer paso es el
comprobante físico que emite la máquina y le permite al elector verificar si se
corresponde con su voto. Ese comprobante es depositado en una caja de resguardo
para, en un segundo paso y luego de una selección aleatoria de las máquinas a
verificar, se cuentan manualmente las papeletas correspondientes para
contrastar la cifra obtenida con la que aparece en el acta impresa por la misma
máquina. Por último, y como tercer paso, el CNE debe publicar los resultados
discriminados hasta nivel de mesa de votación. Ello permite que si un elector
anota los resultados de su mesa en el momento del escrutinio, puede luego
verificar que esos resultados sean idénticos a los introducidos en la
totalización. Es un procedimiento aprovechado también por los distintos
participantes para corroborar resultados y detectar si hubo cualquier
irregularidad. Fue usado, por ejemplo, para sustentar el recurso interpuesto
por Andrés Velásquez en las elecciones de gobernadores de octubre de 2017.
Revisión y actualización del
RE dentro y fuera del país
Analistas del tema han
sostenido que el registro electoral está seriamente rezagado, principalmente
por la no incorporación de nuevos potenciales electores. Para las elecciones
más recientes el CNE no ha hecho el esfuerzo necesario, en promoción y en
infraestructura disponible, para facilitar que esos nuevos potenciales
electores puedan inscribirse. Según estimaciones la cifra supera el millón. A
esto se añade un fenómeno, que por su cuantía, es novedoso. La Constitución
permite que los venezolanos residentes fuera del país puedan votar en
elecciones presidenciales. Aunque no hay un censo certero del número de
venezolanos emigrados, cifras recientes hablan de más de cuatro millones de
personas. De ellas unos dos millones y medio podrían cumplir con los requisitos
para votar. Pero en el registro electoral de residentes en el exterior están
inscritos apenas un poco más de cien mil. La tarea para actualizar el registro
puede ser monumental.
Miembros de juntas y de
mesas sorteados, notificados y capacitados
La legislación electoral
vigente contempla un mecanismo que, de aplicarse adecuadamente, garantiza que
los integrantes de las juntas electorales regionales y municipales, así como de
las mesas electorales, estén integrados de manera plural sin sesgo político
predeterminado. Pero para que eso se cumpla, el sorteo debe hacerse de manera
pública y debe hacerse el esfuerzo para que los seleccionados sean debidamente
notificados.
La autoridad electoral debe
además facilitar las condiciones para que los seleccionados y notificados sean
debidamente capacitados para que puedan cumplir satisfactoriamente con el
servicio electoral. En las elecciones más recientes, si bien la selección
aleatoria -en general- ha sido bien hecha, la notificación y posterior
capacitación ha presentado múltiples fallas, trayendo como consecuencia que
muchas mesas terminen por constituirse con miembros accidentales, escogidos de
los electores en cola, que carecen de la necesaria capacitación. Es práctica
recurrente de partidos políticos instruir a militantes suyos para que estén al
principio de la fila para poder ser seleccionados y actuar en la mesa
sesgadamente.
Testigos de los actores
participantes en todas las fases
Foto: archivo WEB
Para garantizar condiciones
equitativas, los actores participantes del proceso deben poder designar
testigos suyos para proteger su interés y evitar irregularidades que los
afecten. La presencia de testigos en las mesas de votación es por supuesto
crucial, pero no basta. Debe también haber testigos en las distintas instancias
regionales y nacionales, incluida la sala de totalización, donde se toman
decisiones sobre la marcha del proceso. Como se mencionó ya, para generar mayor
confianza es indispensable que sean los técnicos designados por los distintos
participantes quienes lleven adelante las auditorías al sistema automatizado de
votación.
Libertad para el ejercicio
del sufragio
Fin de las inhabilitaciones
a partidos y potenciales candidatos
Foto: archivo WEB
Como ya se señaló, producto
de decisiones tomadas por diversas instituciones del Estado (TSJ, ANC,
Contraloría) son varios los partidos y ciudadanos inhabilitados para postular o
presentarse como candidatos. La constitución (art. 42) establece que los derechos
políticos, entre ellos el de ser postulados para cualquier cargo de elección,
sólo puede ser suspendido por sentencia judicial firme en los casos que
determine la ley, condición, por ejemplo, que no se cumple con las decisiones
administrativas de la Contraloría.
Voto sin coacción ni
intimidación
Muchas han sido las
denuncias hechas entorno a las condiciones de intimidación y coacción en
centros de votación. Los puntos partidistas colocados en las cercanías de los
centros, además de violentar la reglamentación vigente, inducen a electores a
presentarse en tales puntos para registrarse antes o después de votar.
Con instrumentos como el
llamado Carnet de la Patria, se ha generalizado la creencia infundada,
pero eficaz, de que es posible saber por quién se votó, restringiendo la
libertad del sufragio por temor a eventuales sanciones. El Presidente –
candidato, además – ofreció durante su campaña que los portadores del Carnet
de la Patria que votaran el 20 de mayo recibirían un premio de la
patriacomo parte de su política de dando y dando: voto por bono. Aunque el
CNE tardíamente anunció que esos bonos estarían prohibidos, el efecto sobre los
electores habría ya surtido su efecto.
Igualmente, abundan las
denuncias sobre la mala práctica del llamado voto asistido, mecanismo
diseñado y claramente reglamentado para que ciudadanos con dificultades puedan
ser acompañados por alguien de su confianza al momento de votar. Muchos son los
señalamientos de electores a los que se les impone el voto asistido sin
haberlo solicitado y sin que el acompañante sea de su confianza.
Plan República imparcial
Foto: archivo WEB
Toda jornada electoral debe
ser un evento esencialmente civil, llevando a muchos a proponer que en esas
jornadas no debería haber participación alguna del componente militar de la
nación, más allá de su participación como ciudadanos en el momento de votar.
Pero la historia electoral en Venezuela, desde al menos el restablecimiento de
la democracia en 1958, le ha otorgado a las Fuerzas Armadas el papel de
garantizar la seguridad durante toda la jornada y de resguardar todo el
material.
En procesos recientes se ha
podido observar que el Plan República, nombre con el que se designa la
participación militar, en distintos centros de votación sobrepasan las tareas
de seguridad y resguardo para inmiscuirse indebidamente en decisiones que
deberían ser propias y exclusivas de las autoridades de cada una de las mesas
electorales. El día mismo de la elección los funcionarios del Plan República
deberían limitarse a custodiar los centros de votación, sin entrar a los
locales donde funcionen las mesas. Garantizar su imparcialidad limitándolo a
sus funciones fuera de las mesas de votación contribuiría a generar mayor
confianza.
Restablecimiento del uso de
la tinta indeleble
El uso de tecnologías
disponibles puede simplificar procesos y darles mayor seguridad. La
identificación del elector con dispositivos biométricos puede funcionar. Pero
en un contexto de amplia desconfianza, el asegurar que esos sistemas de
identificación son seguros, puede no ser suficiente para garantizar la
confianza necesaria. De hecho, en las elecciones recientes no lo ha sido. Por
ello, recurrir adicionalmente a medios mecánicos tradicionales menos
sofisticados, como el uso de la llamada tinta indeleble, puede ser un simple
agregado que aporte a la confianza deseada.
Llegar a acuerdos entre los
principales actores políticos y sociales para que se celebren unas elecciones,
requiere que los aspectos aquí señalados sean atendidos. De ello dependerá que
las elecciones deseadas puedan ser unas buenas elecciones, que contribuyan
efectivamente a la superación de la crisis o, por el contrario, terminen siendo
unas malas elecciones, que deterioren aún más la grave situación que vive
Venezuela.
15-07-19
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