Venezuela ante tres modelos socioeconómicos

Humberto García Larralde, economista,

profesor de la UCV, humgarl@gmail.com

31/12/2012

El año 2013 abriga grandes incertidumbres. Más allá de las controversias y enfrentamientos de las últimas contiendas electorales, lo que suceda puede determinar, en buena manera, el tipo de sociedad en que habremos de vivir los venezolanos durante los próximos lustros. El futuro del país se debate entre tres modelos alternativos de economía y de sociedad, los cuales serán expuestos brevemente a continuación.

I.

El primero de estos modelos está identificado con la consigna de “Sembrar el petróleo” y duró buena parte del siglo XX. Se fundamentó en la intención de acelerar la modernización de Venezuela, luego de la muerte de Gómez, aprovechando la renta petrolera para invertir en infraestructura y servicios sociales, así como su transferencia a empresarios y consumidores por medios diversos. El Estado asumió la tutela de la Siembra del Petróleo por centrar en sus manos el ingreso petrolero, lo cual fue degenerando con el tiempo en un estatismo creciente, asociado a una relación cada vez más paternalista, populista y clientelar entre gobierno y población. No obstante, mostró ser altamente exitoso hasta mediados de los años ’70, con aumentos apreciables y sostenidos en los niveles de ingreso de los venezolanos, amplias oportunidades de ascenso social y mejoras continuas en una variedad de indicadores. Existe una clara asociación entre este desempeño y la consolidación del régimen democrático, bajo la conducción de un liderazgo político consustanciado con una visión compartida de país. Sin embargo, el ejercicio ciudadano estuvo mediado por los intereses partidistas y por el paternalismo del Estado.

En lo económico, las transferencias al sector productivo buscaron incrementar la rentabilidad de áreas distintas a la petrolera, incentivando la inversión y ampliando la oferta de empleo. La inversión en infraestructura ofreció oportunidades de negocio a los contratistas locales y redujo los costos de transacción para las empresas domésticas. La industria manufacturera fue eje de este proceso y el Estado asumió directamente el desarrollo de las llamadas “industrias básicas”. Entre los instrumentos utilizados para materializar estas transferencias destacan: 1) Incentivos fiscales (exoneraciones, exenciones del ISLR, del impuesto aduanero); 2) Subsidios; 3) Crédito amplio a tasas preferenciales; 4) Decreto “Compre Venezolano”, amparado en márgenes preferenciales de precio para bienes oriundos del país; y 5) Una moneda sobrevaluada que abarataba la importación de maquinaria e insumos. La viabilidad del proceso lo aseguraba la altísima protección a la producción local, a veces prohibitiva, y una disponibilidad significativa y creciente de ingresos por exportación de crudo. Por otro lado, el bolívar sobrevaluado favoreció también el poder de compra de los consumidores, quienes se beneficiaron también de subsidios a los bienes y servicios de consumo final, y de salarios que frecuentemente superaban los niveles de productividad. 

Entre las causas del fracaso de este modelo pueden citarse: 1) Reducción de las oportunidades de inversión de la renta por lo pequeño del mercado interno, sobre todo al multiplicarse los precios del petróleo en los años ‘70; 2) Caída en el ingreso petrolero, luego de 1981; 3) La cuasi-imposibilidad de exportar por la sobrevaluación del bolívar; 4) La pérdida de competitividad de una industria local excesivamente protegida; 5) Distorsiones institucionales al acentuarse el “petro-estado” venezolano, con la consecuente perversión de incentivos; y 6) La pérdida de los consensos sociales y políticos, y el deterioro y deslegitimación del liderazgo partidista.

II.

La Siembra del Petróleo fue sucedida por el “Socialismo Petrolero”. Este se fue imponiendo durante la larga gestión del presidente Hugo Chávez, sobre todo luego de 2004. En esencia, consiste en el usufructo directo de la renta petrolera, en desapego de consideraciones mercantiles. Para ello fue necesaria la demolición progresiva de las instituciones que garantizaban la propiedad privada, la libre iniciativa y el debido proceso, contempladas en la Carta Magna, para suplantarlas por la decisión discrecional del Presidente. Ello ha permitido la expropiación extendida de empresas, sobre todo en el campo, y ha ido minando la iniciativa privada, acrecentando aun más el estatismo. Adicionalmente, requirió abolir la independencia de poderes, propia del Estado de Derecho, incluyendo la de gobernaciones estadales y municipales, para centralizar todo en manos de Chávez. Asimismo, una formulación presupuestaria tramposa concentra recursos para usufructo discrecional del Presidente, fuera del control legislativo (y ciudadano). Se ha implantando un régimen autocrático que redujo, progresivamente, las libertades civiles y los derechos humanos. La pérdida significativa en el ejercicio de ciudadanía corre el peligro de acentuarse aun más con la propuesta de Estado Comunal, que completaría la subordinación del venezolano a la voluntad del Presidente.

La asignación de recursos bajo el proyecto Bolivariano privilegia los criterios políticos, en particular la lealtad. Se fundamenta en el reparto directo de renta a sectores de bajos ingresos a través de las llamadas “misiones”, acompañados por una retórica de justicia y redención social, enraizada en la manipulación de símbolos patrios y el odio de clases. La ausencia de contrapesos a la voluntad central y la justificación política de prácticas que contrarían el ordenamiento legal ha incrementado exponencialmente las corruptelas de todo orden, generándose complicidades entre los “favorecidos” -incluyendo la cúpula de la Fuerza Armada- comprometidos con la perpetuación del régimen. En tal sentido, este régimen ha devenido en un mecanismo de expoliación de la riqueza social por parte de aquellos consustanciados con la prédica política del actual Presidente, incluyendo los beneficiarios de las misiones.

 Este proyecto ha acentuado los subsidios y los controles de precios, acompañándolos de un estricto control cambiario que pretende disuadir la inercia inflacionaria. El rezago en el ajuste del precio del dólar se refleja además en una sobrevaluación excesiva del bolívar, que ha contribuido a desplazar la producción interna con importaciones. Con precios petroleros jamás vistos, el reparto rentístico mejoró los niveles de consumo de gruesos sectores de la población de escasos recursos, lo cual le confirió mayor apoyo al Gobierno, permitiéndole ganar sucesivas elecciones. Pero la ausencia de condiciones favorables a la actividad productiva y la pérdida de confianza en el bolívar como depositario de valor provocó la salida de más de USA $ 250 millardos desde 1999, en detrimento del consumo y la inversión, domésticas.

El sostenimiento de las lealtades, así como la provisión de los bienes y servicios que satisfacen la demanda interna, dada la destrucción de capacidad productiva doméstica, requieren que los ingresos petroleros sigan creciendo. Empero, amén de una eventual baja en los precios del crudo en los mercados internacionales, las siguientes causas auguran una caída en estos ingresos: 1) El deterioro de la capacidad productiva de PdVSA; 2) El comprometimiento de producción futura para pagar deuda externa (préstamo chino); 3) El generoso financiamiento a la factura petrolera de países latinoamericanos y caribeños (PetroCaribe); 4) El incremento del consumo doméstico de derivados, que reducen capacidad de exportación y causan enormes pérdidas por el subsidio a la gasolina; y 5) El gasto parafiscal de PdVSA en las misiones, que le impide costear las inversiones requeridas para mantener o ampliar su capacidad productiva. De ahí la alta vulnerabilidad del “modelo”. En los últimos años se ha tenido que recurrir al gasto público deficitario y la multiplicación de la deuda para atender los compromisos adquiridos.

Ante los signos visibles de agotamiento de sus políticas, el Gobierno, lejos de revertir su orientación, ha preferido acentuar los controles. La postergación de los ajustes macroeconómicos anticipa una fuerte devaluación que, afortunadamente para el Gobierno, multiplicará sus ingresos en bolívares. Ello habrá de alimentar, no obstante, la inflación y la conflictividad social, ante la cual es de prever niveles crecientes de represión. En el tiempo, este modelo es inviable económica, política y socialmente.

III.

Ante el fracaso de los dos modelos anteriores, es menester proponer un proyecto de economía productiva que supere las insuficiencias de éstos. Esto obliga a independizar el desempeño de la economía de la renta petrolera, vincular las mejoras en el ingreso al crecimiento de la productividad y fortalecer las instituciones que promuevan la competitividad. Se busca evitar el usufructo discrecional de la renta por parte de los gobiernos de turno, destinándola a sendos fondos, blindados institucionalmente, para atender las necesidades de inversión en infraestructura; en servicios sociales y desarrollo del capital humano; la provisión de pensiones de jubilación, por invalidez, etc.; y de estabilización macroeconómica, respectivamente. Las reglas para la erogación de estos fondos deben consensuarse democráticamente por procedimientos institucionales, para hacer de ellas política de Estado. Los sucesivos gobiernos deberán ajustar su ejecución presupuestaria a la recaudación tributaria ordinaria –sin renta- y procurar el equilibrio plurianual como manda la Constitución. Por otro lado, deberán coordinar sus planes con los programas de asignación de estos fondos, asegurando la continuidad básica de políticas.

Lo anterior permitirá concatenar estrategias para estabilizar el tipo de cambio real en torno a sus valores de equilibrio y equiparar las condiciones competitivas de las empresas venezolanas con las de sus contrapartes foráneas. Junto a otras medidas de estabilización, busca generar la confianza necesaria para eliminar la hemorragia de capitales que desangra la nación actualmente y proveer los recursos con los cuales financiar programas sociales que eviten la caída del salario real en el corto plazo. En particular, se mejorarán algunos programas de transferencia para compensar de manera efectiva los costos de algunas de estas políticas sobre la masa trabajadora. La inversión racional de la renta petrolera –en coordinación con los fondos- sustituirá las políticas de regulación y control del presente gobierno por medidas de apoyo que generarán externalidades positivas para abaratar costos, crear oportunidades de negocios y empleos. La consiguiente reactivación del aparato productivo permitirá sostener una senda de mejoras en la remuneración basadas en incrementos continuos en la productividad en el tiempo. Una integración económica inteligente abrirá mercados para el fortalecimiento competitivo de industrias y la producción agrícola, reduciendo progresivamente la casi exclusividad del petróleo como proveedor de divisas.  

El restablecimiento de las garantías a la propiedad y a la iniciativa privada contempladas en la Carta Magna deberá afianzarse con la independencia y autonomía de poderes, en particular, la limpieza y remozamiento del Poder Judicial, y la progresiva descentralización de potestades hoy concentradas en el Ejecutivo Nacional. Ello abrirá espacios para el ejercicio ciudadano, interactuando con los distintos niveles de gobierno a través de variadas oportunidades de asociación, para ampliar la democracia efectiva.

Como se desprende de lo señalado, este modelo es condición para el rescate de las libertades públicas y la generación de niveles crecientes de bienestar para el país. Pero su implantación requiere hacer de él una opción creíble ante la impostura Bolivariana. Ya es hora de entender que la lucha política de las fuerzas democráticas no fructificará si nuestra propuesta se limita a mejorar el populismo chavista.