Tulio Hernández El Nacional / ND 17 de febrero de 2013
1 . Parece el argumento de una de
aquellas películas que caracterizaron por una época a cierto cine
latinoamericano de denuncia social: en tierra lejanas, un grupo de indígenas
hartos del mal trato que reciben de la Fuerza Armada de su país decide someter
a 28 soldados y 14 oficiales, tomarlos como rehenes y exigir al Gobierno mejor
trato y un pliego grande de otras reivindicaciones.
Amparados por la oscuridad, de madrugada, los insurgentes emprenden la acción. Toman por sorpresa a los uniformados, se apoderan de sus armas y las ocultan en un lugar seguro. Con los militares y las armas ahora en su poder, y como el Presidente de la República ha desaparecido, exigen la presencia en la zona del vicepresidente y el ministro de la Defensa.
Vice y ministro se niegan, pero envían como emisario al jefe militar de mayor rango en la zona.
Los indígenas aceptan y, apenas llega el general, también lo secuestran y lo obligan a sentarse a negociar. Antes exigen disculpas por el mal trato de soldados y oficiales a las comunidades. El general las ofrece y comienza la negociación.
Los jefes indígenas inician una asamblea en presencia de la ministra de Asuntos Indígenas, el gobernador del estado y el viceministro de Minas. 7 horas más tarde firman un acuerdo que contempla, entre otras cosas, la desmilitarización de las tierras ancestrales, el derecho exclusivo de los indígenas de desarrollar la minería en la zona y la asignación por parte del Estado de 1.500.000 bolívares, una cifra nada despreciable, para el desarrollo de proyectos en la región. Sólo queda pendiente la devolución de las armas. Habrá que ir a buscarlas en su escondite en una zona selvática a 2 días de navegación fluvial. El negocio es redondo. El final feliz.
2 . Pero no estamos hablando de una de esas películas militantes en las que los gobiernos y los empresarios capitalistas son malos, muy malos, y los indígenas sufridísimos pero muy valientes a la hora de defender sus derechos.
Hablamos de un hecho real, muy bien recogido por la prensa nacional, que comenzó a ocurrir el pasado jueves 7 de febrero. Un hecho en el que los malos-malos no son los empresarios capitalistas y sus fuerzas represivas sino el ejército evidentemente mal entrenado de un gobierno que se declara a sí mismo revolucionario y que ha hecho del tema de la reivindicación de los indígenas uno de sus más publicitados íconos proselitistas.
Del otro lado, tampoco tenemos a un grupo étnico, los pueblos pemones, que sólo trata de defender su "cultura y sus saberes ancestrales", estamos también ante un grupo humano como cualquier otro que defiende el derecho de realizar una actividad económica la minería, razón por la cual entra en conflicto con otro grupo humano los militares que tiene intereses en la misma actividad. Es decir, estamos también ante un conflicto de intereses económicos. Legítimos en el caso de los pemones, ilegítimos por ilícitos en el de los militares.
Así va la nación. El Gobierno no investiga, la Asamblea Nacional tampoco, pero las denuncias sobre los manejos dolosos con la minería en Bolívar y Amazonas son un tema cotidiano en estas regiones donde los militares tienen la hegemonía no sólo de la fuerza, sino de las aeronaves requeridas para sobrevolar tan grandes, intricadas y desoladas distancias. No tardará en ocurrir algo análogo el día que los jefes de la Guardia Nacional quieran asegurarse sólo para sí el multimillonario contrabando de gasolina que dirigen en las fronteras de Táchira y Zulia con Colombia.
Pero de este incidente de película el Gobierno no podrá culpar, como suele hacerlo, al Imperio o a la oposición. Por una razón, porque los pemones, además de su lengua materna y el español, hablan también el lenguaje de la revolución y cuando declararon "persona no grata" y "enemigo del pueblo pemón" al general Clíver Alcalá, jefe de la Región de Defensa de Guayana, lo definieron como "representante y defensor de los intereses de la extrema derecha militar racista burguesa y enemigo del proceso". Lo decía el Presidente ausente: "La voz del pueblo es la voz de Dios".
Amparados por la oscuridad, de madrugada, los insurgentes emprenden la acción. Toman por sorpresa a los uniformados, se apoderan de sus armas y las ocultan en un lugar seguro. Con los militares y las armas ahora en su poder, y como el Presidente de la República ha desaparecido, exigen la presencia en la zona del vicepresidente y el ministro de la Defensa.
Vice y ministro se niegan, pero envían como emisario al jefe militar de mayor rango en la zona.
Los indígenas aceptan y, apenas llega el general, también lo secuestran y lo obligan a sentarse a negociar. Antes exigen disculpas por el mal trato de soldados y oficiales a las comunidades. El general las ofrece y comienza la negociación.
Los jefes indígenas inician una asamblea en presencia de la ministra de Asuntos Indígenas, el gobernador del estado y el viceministro de Minas. 7 horas más tarde firman un acuerdo que contempla, entre otras cosas, la desmilitarización de las tierras ancestrales, el derecho exclusivo de los indígenas de desarrollar la minería en la zona y la asignación por parte del Estado de 1.500.000 bolívares, una cifra nada despreciable, para el desarrollo de proyectos en la región. Sólo queda pendiente la devolución de las armas. Habrá que ir a buscarlas en su escondite en una zona selvática a 2 días de navegación fluvial. El negocio es redondo. El final feliz.
2 . Pero no estamos hablando de una de esas películas militantes en las que los gobiernos y los empresarios capitalistas son malos, muy malos, y los indígenas sufridísimos pero muy valientes a la hora de defender sus derechos.
Hablamos de un hecho real, muy bien recogido por la prensa nacional, que comenzó a ocurrir el pasado jueves 7 de febrero. Un hecho en el que los malos-malos no son los empresarios capitalistas y sus fuerzas represivas sino el ejército evidentemente mal entrenado de un gobierno que se declara a sí mismo revolucionario y que ha hecho del tema de la reivindicación de los indígenas uno de sus más publicitados íconos proselitistas.
Del otro lado, tampoco tenemos a un grupo étnico, los pueblos pemones, que sólo trata de defender su "cultura y sus saberes ancestrales", estamos también ante un grupo humano como cualquier otro que defiende el derecho de realizar una actividad económica la minería, razón por la cual entra en conflicto con otro grupo humano los militares que tiene intereses en la misma actividad. Es decir, estamos también ante un conflicto de intereses económicos. Legítimos en el caso de los pemones, ilegítimos por ilícitos en el de los militares.
Así va la nación. El Gobierno no investiga, la Asamblea Nacional tampoco, pero las denuncias sobre los manejos dolosos con la minería en Bolívar y Amazonas son un tema cotidiano en estas regiones donde los militares tienen la hegemonía no sólo de la fuerza, sino de las aeronaves requeridas para sobrevolar tan grandes, intricadas y desoladas distancias. No tardará en ocurrir algo análogo el día que los jefes de la Guardia Nacional quieran asegurarse sólo para sí el multimillonario contrabando de gasolina que dirigen en las fronteras de Táchira y Zulia con Colombia.
Pero de este incidente de película el Gobierno no podrá culpar, como suele hacerlo, al Imperio o a la oposición. Por una razón, porque los pemones, además de su lengua materna y el español, hablan también el lenguaje de la revolución y cuando declararon "persona no grata" y "enemigo del pueblo pemón" al general Clíver Alcalá, jefe de la Región de Defensa de Guayana, lo definieron como "representante y defensor de los intereses de la extrema derecha militar racista burguesa y enemigo del proceso". Lo decía el Presidente ausente: "La voz del pueblo es la voz de Dios".
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