jueves, 21 de febrero de 2013

Señora Carmen, su medicamento no es prioritario


Por Julio Castro Mendez, 16/02/2013

La señora Carmen vive en el barrio José Félix Rivas de Petare y toma un medicamento para artritis reumatoide que, a pesar de su precio —que ella paga con sacrificio—, es lo único que mejora sus dolencias en la articulaciones.
La racionalización del gasto en salud, y por ende en medicamentos que es uno de los rubros más importantes, es un asunto complejo que involucra muchos actores y representa una carga social y económica importante, que además es independiente de si el país del cual hablamos es un rico o pobre. Es probable que en los países pobres el problema sea más crítico, en términos de la distribución justa de los beneficios. Es decir: más enfermos y menos dinero para atenderlos.
Quizás la primera pregunta que debemos hacernos es si el Estado tiene el dinero suficiente para pagar las medicinas de todos los ciudadanos y todas sus enfermedades. La respuesta es categórica: no, no lo tiene.
En Venezuela, aproximadamente la mitad del gasto total del sector Salud está relacionado con los medicamentos. De eso, la mayoría es gasto privado: sale de los bolsillos de los venezolanos.
Haciendo comparaciones, México disminuyó el gasto privado en medicamentos al 60% gracias a reformas iniciadas hace doce años. No es casual que una de las ofertas de campaña del recientemente electo presidente de México, el ex gobernador Enrique Peña Nieto, fue aumentar la cobertura de medicamentos por medio del llamado “Seguro Popular” al 90% de los medicamentos de la cesta ampliada, con el fin de disminuir el “gasto de bolsillo” referente a medicinas.
Recientes declaraciones de Karlin Granadillo, titular de SUNDECOP, dejan ver que en Venezuela no todos los medicamentos son de alta prioridad y, en función de eso, es posible  que no se aprueben divisas para la comercialización de algunos.
En todos los sistemas de salud debe haber una priorización de las estrategias de salud, incluso de los medicamentos, pero no nos engañemos. Granadillo no habla de criterios económicos ni de políticas públicas que permitan priorizar y decidir cuáles medicamentos son subsidiados y cuáles no. De lo que nos habla es de que no van a existir algunos medicamentos porque las divisas van a ser utilizadas en otros rubros, rubros que el gobierno considera “más prioritarios”.
Esta discusión, aparentemente muy técnica, asume un carácter ético primordial que  podríamos resumir en otra pregunta: ¿qué genera mayor valor de retorno social: un medicamento para la artritis o un rifle de asalto AK 103, como los comprados por  el Ministerio de la Defensa en 2009 por 36 millones de dólares? Esta pregunta cobra una importancia capital en un contexto como el nuestro, donde los recursos disponibles deben ser optimizados al máximo.
En el caso de la priorización de medicamentos, la Organización Mundial de la Salud ha hecho mucho énfasis en utilizar una metodología científica que permita generar  herramientas para decidir si se compra equis vacuna o debe invertirse en un tomógrafo. Y no hay otra manera de hacer eso sino realizando evaluaciones fármaco-económicas que hayan sido usadas y probadas en gobiernos de diferente corte ideológico y económico a nivel mundial.
En la mayoría de los países, Brasil y Chile por ejemplo, existen organismos de carácter académico que asesoran al alto gobierno en este tipo de decisiones, para que el componente político quede fuera de la discusión y las decisiones.
El tema es ciertamente complicado, entre otras cosas porque cada uno de los actores involucrados tienen una perspectiva particular del asunto: los pacientes necesitan y  presionan para tener cada vez mejores medicamentos; los médicos prescriptores están preocupados por mejorar la calidad de vida de sus pacientes; los administradores tienen la obligación formal de contener los costos para que se beneficie la mayor cantidad de personas con una inversión lógica. Y todas estas perspectivas no siempre apuntan hacia el mismo lado, así que escoger cuáles medicamentos tienen el mejor perfil para todos no siempre es una tarea fácil.
Lo ideal es que en Venezuela, en un futuro cercano, los conceptos  para priorizar la escogencia y el  subsidio de los medicamentos se basen en elementos científicos y éticos, más allá de argumentos con otra índole. Esta discusión forma parte de las agendas de salud actuales de países como España, Reino Unido, Alemania, Estados Unidos y Suecia, donde las crisis económicas han obligado a comenzar a pensar en el co-pago (pago combinado: paciente y gobierno) como una forma de disminuir la carga financiera sobre el Estado. Pero si algo nunca se ha decidido es la no-comercialización de productos farmacéuticos.
A manera de ejercicio, reflexione por un momento qué pasaría si el medicamento que estoy tomando diariamente ahora no está dentro de “las prioridades”. Las decisiones en políticas públicas de salud generan impactos muy importantes en la vida de los ciudadanos. Mientras más elementos se incluyan en la toma de decisiones, menor será el impacto negativo en las comunidades. El gobierno tiene una responsabilidad innegociable con la salud de la población: una cosa es priorizar estrategias de salud, usando argumentos técnicos, y otra muy diferente aplicar un veto para la comercialización de medicamentos o vacunas.
Aquellos medicamentos que no entran en los grupos prioritarios deben estar disponibles para su uso comercial, con las regulaciones farmacológicas pertinentes. Sólo así podremos cumplir las metas de salud para el próximo milenio. La señora Carmen debe seguir recibiendo su medicamento. Más aún: todos aquellos medicamentos que sean de alto impacto poblacional deben forma parte de los beneficios que un sistema de salud eficiente, moderno y justo debe brindarle a los ciudadanos del país que tiene las mayores reservas de petróleo del planeta.
Julio Castro Méndez es Médico Cirujano (UCV) con postgrados en Medicina Interna (UCV) e Infectología (Hospital Vargas de Caracas). Research Fellow en enfermedades infecciosas Deaconess Beth Israel Medical Center y maestría en bioestadística en Harvard School of Public Health. Profesor UCV.
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