Por Julio Castro Mendez, 16/02/2013
La señora Carmen vive en el barrio José Félix
Rivas de Petare y toma un medicamento para artritis reumatoide que, a pesar de
su precio —que ella paga con sacrificio—, es lo único que mejora sus dolencias
en la articulaciones.
La racionalización del gasto en salud, y por
ende en medicamentos que es uno de los rubros más importantes, es un asunto
complejo que involucra muchos actores y representa una carga social y económica
importante, que además es independiente de si el país del cual hablamos es un
rico o pobre. Es probable que en los países pobres el problema sea más crítico,
en términos de la distribución justa de los beneficios. Es decir: más enfermos
y menos dinero para atenderlos.
Quizás la primera pregunta que debemos
hacernos es si el Estado tiene el dinero suficiente para pagar las medicinas de
todos los ciudadanos y todas sus enfermedades. La respuesta es categórica: no,
no lo tiene.
En Venezuela, aproximadamente la mitad del
gasto total del sector Salud está relacionado con los medicamentos. De eso, la
mayoría es gasto privado: sale de los bolsillos de los venezolanos.
Haciendo comparaciones, México disminuyó el
gasto privado en medicamentos al 60% gracias a reformas iniciadas hace doce
años. No es casual que una de las ofertas de campaña del recientemente electo
presidente de México, el ex gobernador Enrique Peña Nieto, fue aumentar la
cobertura de medicamentos por medio del llamado “Seguro Popular” al 90% de los
medicamentos de la cesta ampliada, con el fin de disminuir el “gasto de
bolsillo” referente a medicinas.
Recientes declaraciones de Karlin Granadillo, titular de SUNDECOP,
dejan ver que en Venezuela no todos los medicamentos son de alta prioridad y,
en función de eso, es posible que no se aprueben divisas para la
comercialización de algunos.
En todos los sistemas de salud debe haber una
priorización de las estrategias de salud, incluso de los medicamentos, pero no
nos engañemos. Granadillo no habla de criterios económicos ni de políticas
públicas que permitan priorizar y decidir cuáles medicamentos son subsidiados y
cuáles no. De lo que nos habla es de que no van a existir algunos medicamentos
porque las divisas van a ser utilizadas en otros rubros, rubros que el gobierno
considera “más prioritarios”.
Esta discusión, aparentemente muy técnica, asume
un carácter ético primordial que podríamos resumir en otra pregunta: ¿qué
genera mayor valor de retorno social: un medicamento para la artritis o un
rifle de asalto AK 103, como los comprados por el Ministerio de la
Defensa en 2009 por 36 millones de dólares? Esta pregunta cobra una importancia
capital en un contexto como el nuestro, donde los recursos disponibles deben
ser optimizados al máximo.
En el caso de la priorización de
medicamentos, la Organización Mundial de la Salud ha hecho mucho énfasis en
utilizar una metodología científica que permita generar herramientas para
decidir si se compra equis vacuna o debe invertirse en un tomógrafo. Y no hay
otra manera de hacer eso sino realizando evaluaciones fármaco-económicas que
hayan sido usadas y probadas en gobiernos de diferente corte ideológico y
económico a nivel mundial.
En la mayoría de los países, Brasil y Chile
por ejemplo, existen organismos de carácter académico que asesoran al alto
gobierno en este tipo de decisiones, para que el componente político quede
fuera de la discusión y las decisiones.
El tema es ciertamente complicado, entre
otras cosas porque cada uno de los actores involucrados tienen una perspectiva
particular del asunto: los pacientes necesitan y presionan para tener
cada vez mejores medicamentos; los médicos prescriptores están preocupados por
mejorar la calidad de vida de sus pacientes; los administradores tienen la
obligación formal de contener los costos para que se beneficie la mayor
cantidad de personas con una inversión lógica. Y todas estas perspectivas no
siempre apuntan hacia el mismo lado, así que escoger cuáles medicamentos tienen
el mejor perfil para todos no siempre es una tarea fácil.
Lo ideal es que en Venezuela, en un futuro
cercano, los conceptos para priorizar la escogencia y el subsidio
de los medicamentos se basen en elementos científicos y éticos, más allá de
argumentos con otra índole. Esta discusión forma parte de las agendas de salud
actuales de países como España, Reino Unido, Alemania, Estados Unidos y Suecia,
donde las crisis económicas han obligado a comenzar a pensar en el co-pago
(pago combinado: paciente y gobierno) como una forma de disminuir la carga
financiera sobre el Estado. Pero si algo nunca se ha decidido es la
no-comercialización de productos farmacéuticos.
A manera de ejercicio, reflexione por un
momento qué pasaría si el medicamento que estoy tomando diariamente ahora no
está dentro de “las prioridades”. Las decisiones en políticas públicas de salud
generan impactos muy importantes en la vida de los ciudadanos. Mientras más
elementos se incluyan en la toma de decisiones, menor será el impacto negativo
en las comunidades. El gobierno tiene una responsabilidad innegociable con la
salud de la población: una cosa es priorizar estrategias de salud, usando
argumentos técnicos, y otra muy diferente aplicar un veto para la
comercialización de medicamentos o vacunas.
Aquellos medicamentos que no entran en los
grupos prioritarios deben estar disponibles para su uso comercial, con las
regulaciones farmacológicas pertinentes. Sólo así podremos cumplir las metas de
salud para el próximo milenio. La señora Carmen debe seguir recibiendo su
medicamento. Más aún: todos aquellos medicamentos que sean de alto impacto
poblacional deben forma parte de los beneficios que un sistema de salud
eficiente, moderno y justo debe brindarle a los ciudadanos del país que tiene
las mayores reservas de petróleo del planeta.
Julio Castro Méndez es Médico Cirujano (UCV) con postgrados
en Medicina Interna (UCV) e Infectología (Hospital Vargas de Caracas). Research
Fellow en enfermedades infecciosas Deaconess Beth Israel Medical Center y
maestría en bioestadística en Harvard School of Public Health. Profesor UCV.
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