Miguel Méndez Rodulfo Caracas,
17 de agosto de 2013
La transformación de las
telecomunicaciones en México está diseñada como una reforma constitucional
presentada por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, dentro del
marco de los acuerdos y compromisos establecidos en el Pacto por México. El 22 de mayo de este año, la Comisión Permanente
del Congreso de la Unión la declaró constitucional, y fue promulgada por el
Presidente el 10 de junio de 2013
Durante décadas los monopolios que
controlaban los medios televisivos y de telecomunicaciones en México operaron
al amparo de los gobiernos de turno. De esta forma, sobre todo dos empresarios
de gran visión, lograron dominar de manera casi absoluta este sector tan
estratégico para ese país, aprovechándose de sus habilidades, pero también de
sus contactos con los gobiernos de turno y de sacar ventaja de los resquicios
legales o también de leyes aprobadas a su conveniencia: Emilio Azcárraga, dueño
del imperio de Televisa, el grupo de medios de comunicación en español más
grande del mundo, acapara el 70% de la televisión abierta, así como el 60% de
la televisión por cable; Carlos Slim concentra a través de Telmex, más del 80%
de la telefonía fija, y por medio de Telcel, alrededor del 70% de la telefonía
móvil.
Este control de los monopolios ha
derivado en que el sector de telecomunicaciones sea el segmento de
infraestructura más rezagado en México debido a la falta de inversión y
competencia. El país invirtió en este rubro, en promedio, 35.2 dólares per
cápita, ubicándose en el penúltimo lugar entre los países de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El Foro Económico
Mundial le asignó al país azteca el lugar 81 de 142 países en su Índice de
Conectividad de 2012.
El propósito de la reforma es el de
eliminar los monopolios en el sector, garantizar información transparente y
plural a todos los mexicanos, que el ciudadano tenga derecho al acceso libre,
fácil y rápido de la información y permitir el acceso a los servicios a precios
competitivos; es decir, garantizar acceso equitativo a telecomunicaciones de
clase mundial. Esto se materializa autorizando una mayor inversión extranjera,
estableciendo un nuevo órgano regulador que controle al sector y otro que
favorezca la competencia, creando dos nuevas cadenas televisivas en México,
creando juzgados especializados en radiodifusión, telecomunicaciones y
competencia económica, etc.
La reforma eleva a la categoría de
derecho constitucional el acceso a internet y obliga al Estado a lograr una
cobertura de ese servicio para todo el país, brinda mayor autonomía a las
instituciones reguladoras del sector, dispone que el Ejecutivo Federal ya no
será quien otorgue ni revoque concesiones en materia de radio y
telecomunicaciones. Las decisiones sobre cada concesión serán técnicas y no
políticas. El órgano regulador contará con un presupuesto asignado por el Poder
Legislativo y tendrá delegados de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de
la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otros. Además, sus decisiones
no podrán ser suspendidas por la Justicia, incluso si se presentara alguna
acción de amparo. México se apresta a dar un salto cuántico en materia de
telecomunicaciones para cubrir su brecha tecnológica y entrarle de lleno al
siglo XXI.
Miguel Méndez Rodulfo
Caracas, 17 de agosto de 2013
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