Nelly Arenas 05 de agosto de
2013
La asociación entre democracia y
constitución suele hacerse de manera
automática. Se supone comúnmente que toda democracia es constitucional y que
toda constitución se creó para acompañar a un determinado sistema democrático.
No es así, sin embargo. La armonización recíproca entre ambas esferas no es
para nada espontánea y constituye, más bien, un problema permanente en la vida
de las democracias constitucionales como ha indicado Michelangelo Bovero. En la
fuente de esta tensión entre democracia y constitución subyacen lo que se ha
entendido como libertad positiva y libertad negativa. EL ideal democrático de
autogobierno o de autodirección colectiva supone ausencia de límites al poder
popular soberano; el gobierno de las leyes, por el contrario, impone límites a
este poder en aras de preservar la convivencia democrática.
Esta tensión identificada por los
teóricos del constitucionalismo encuentra en la Venezuela de estos años su
mejor expresión a propósito de la promulgación de la Carta Magna de 1999. Dar
cuenta de esta tensión obliga a tener presente tanto la noción de democracia presente
en el chavismo, como la de constitución. Como se sabe, según Hugo Chávez la
democracia liberal representativa había
fracasado lo cual hacía necesario dar paso a un nuevo orden nacional basado en
una democracia directa. La Constitución, por su parte, era percibida por él
como un medio para que el pueblo ejercitara la democracia “protagónica” y
no uno para impedir la concentración de
poder en pocas manos, como ha llamado la atención Juan Carlos Rey.
Esta noción de democracia y
constitución presentes en el chavismo y en Chávez en particular, explica lo que
sucedió desde el primer momento de vida del
proceso constituyente: la arremetida contra el poder constituido bajo la
idea de que la Asamblea Nacional Constituyente era la depositaria de la voluntad
general con las atribuciones del poder originario para transformar el Estado y
crear un nuevo ordenamiento jurídico que garantizara la existencia efectiva de
la democracia social y participativa. No se quedaba allí el asunto. Rematando
esta disposición supraconstitucional (pues aún gozaba de vigencia la Carta de 1961), la ANC se
dispuso a diseñar un Régimen de Transición del Poder Público y su bastardo
derivado, el famoso “congresillo”. Para los que lo han olvidado o jamás se
percataron de esta infamia, de allí
emergieron los nombres de los representantes de los poderes públicos todos
afectos al régimen, con lo cual se implantó una matriz de poder hegemónica que
le permitió a Chávez amasar todo el poder de que fue capaz. De modo que el autoritarismo del gobierno
chavista no empezó ni como respuesta al intento de golpe de 2002, ni con el
triunfo en el revocatorio de 2004, ni
con la imposición al país del socialismo del siglo XXI. Empezó justo en aquel momento cuando,
pretendiendo encarnar la voluntad popular, Chávez se hizo del control de todas
las instituciones públicas contrariando
la letra constitucional vigente, así como los principios participativos que
guiaban teóricamente la hechura de la Constitución que estaba por nacer. De
allí en adelante todas las arbitrariedades y agresiones a la democracia fueron
posibles. Cuándo este estado de cosas
resultó extremadamente contrario al texto supremo entonces el presidente,
invocando la incesante actividad del
poder constituyente -“El poder
constituyente no puede ser congelado por el poder constituido, el poder
constituyente es omnipotente, es la revolución misma”, diría en esa
oportunidad- llamó a reformar la
Constitución en 2007 con el inesperado resultado para el chavismo del rechazo
del pueblo. Ya la voluntad general no era tan general y empezaba a voltear para
otro lado… A estas alturas, Chávez hacía ya tiempo que estaba convencido de que
la Constitución que con tanto fervor había promovido como la “mejor del mundo”,
le era sumamente incómoda. Así se lo habría hecho saber a Luis Miquilena[1]
cuando este fungía como su ministro del interior al exigirle que, ante los
conflictos que vivía el país, suspendiera el derecho a la información. El ministro le respondió que ni siquiera en
estado de guerra esta medida podía tomarse de acuerdo al mandato constitucional lo que el presidente le reprochó reclamándole
haber hecho una Constitución para la oposición como presidente de la Asamblea
Constituyente que había sido.
El rechazo en las urnas a las reformas
propuestas sin embargo, no hizo desistir al chavismo de crear leyes a imagen y
semejanza del interés “revolucionario”. Haciendo uso de las habilitaciones concedidas por la Asamblea
Nacional, el presidente se dedicó a construir un andamiaje “legal” a favor de
su proyecto, contrariando una vez más el texto supremo. Así, por ejemplo, el
presidente modificó la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional a fin de crear
dos cuerpos armados nuevos: la Guardia Territorial Bolivariana y la Milicia
Popular Bolivariana. Esta última depende
directamente del Presidente y actúa como
una suerte de cuerpo pretoriano al servicio de la revolución, contraviniendo
así la Ley Suprema, la cual prohíbe al estamento armado toda clase de
militancia política.
Esta arquitectura jurídica
arbitraria es de tan vastas proporciones
que un acucioso estudio elaborado por Civilis, una organización de derechos
humanos venezolana, reveló que los
contenidos que se proponía la
desaprobada reforma de 2007, se
encuentran aplicados al ordenamiento jurídico vigente en más de un 80% y que
las leyes y normativas dictadas por los órganos del poder público, han trascendido ya los propios contenidos y
alcances de la reforma, involucrando la modificación de al menos 34 artículos
adicionales. Por lo cual son 107 los artículos de la Constitución que han
resultado violentados con dichas normas.
Pero la violación al documento supremo
no se queda allí. Como se sabe, la Constitución reconoce la separación de
poderes y es allí donde precisamente, el
régimen ha golpeado más el ordenamiento de la república. Si algo ha
caracterizado al régimen chavista es la obsecuencia de los poderes con el
Presidente –antes Chávez y ahora Maduro- y
ya sabemos con Hannah Arendt que la no separación de poderes no es un
problema de negación de la legalidad
sino de negación de la libertad misma.
Sí estamos claros en que una
democracia constitucional consiste en una forma de gobierno en que los poderes
están separados y vinculados en su actuación por la norma constitucional que
los obliga al respeto y la garantía de los derechos fundamentales de los
ciudadanos, entonces tendríamos que concluir que en Venezuela no existe tal
democracia. Lo que sí existe es un
gobierno populista que actúa según una lógica maniquea que divide la sociedad
entre amigos y enemigos a quienes es necesario “pulverizar” para que sea
posible la felicidad comunitaria.
Consecuente con esta lógica, el poder constituyente entonces nunca
culminará pues siempre será necesaria su existencia para eliminar los
obstáculos que a la revolución se le van presentando en el camino. De manera
que la idea de constituyente permanente es inherente a la revolución en su afán
de diezmar al enemigo lo cual trae como resultado que la Constitución siempre
será un artefacto provisional; una figura del mientras tanto a la que por
añadidura se viola sin pudor, hasta el punto de vaciarla de toda capacidad
reguladora de la vida política. Así, el
orden constitucional resulta extremadamente precario con el consecuente
desamparo no sólo para los factores opositores sino para todos
los venezolanos.
Decir populismo refiere también a la
idea de un jefe máximo que encarna al pueblo y su voluntad, de modo que la
“democracia participativa y protagónica” que atraviesa de arriba a abajo
nuestra Ley Suprema, también resulta una ficción en tanto el líder populista y,
luego de la muerte del caudillo, el liderazgo militarista chavista, condiciona tal participación al interés del proyecto.
¿De qué manera resuelve el chavismo la
tensión entre el pequeño libro azul donde está contenida “la mejor Constitución
del mundo” y las exigencias del proceso bolivariano? Con autoritarismo puro y
duro. Si lo que requiere la revolución
para seguir existiendo se contradice con
lo que manda la Carta Magna, entonces el gobierno impone arbitrariamente lo que
le viene en ganas. De modo que lo que ha
ocurrido con Richard Mardo en la Asamblea Nacional es expresión palmaria de
esta aberración. Así las cosas,
Venezuela es un país sin
Constitución real, cuyas reglas de juego las impone una pandilla a fin de permanecer usufructuando el poder
más allá de toda legislación.
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