Por Leonardo Morales
No resulta una novedad, en
los tiempos extraños y turbulentos que transita Venezuela, que se hable de un
proceso político que de manera reiterada ha ido debilitando el entramado
institucional que dio soporte a la democracia representativa. El actual régimen
ha ido destruyendo sin disimulo las instituciones democráticas para dar paso a
decisiones de dudosa legitimidad.
El régimen chavo-madurista
ha centrado su acción en la concentración de la mayor cantidad de poder para de
esa manera sortear cualquier tipo de ataduras con las instituciones que
crecieron y se consolidaron lo largo del período iniciado bajo la
presidencia de Rómulo Betancourt, y que culminó a finales del siglo pasado con
la superación con el sistema populista de conciliación de élites. Desde
entonces las pretensiones hegemónicas y el conflicto permanente ha sido
el signo resaltante en lo que va de este nuevo siglo.
El gobierno ha sido
coherente en ese empeño sometiendo a las instituciones públicas a actuar de
acuerdo a los dictados del Ejecutivo: la intención de elegir los magistrados
del TSJ este año, el escándalo del fiscal del caso López y la firma de un
acuerdo de respeto electoral desnudan impúdicamente el ejercicio hegemónico del
gobierno y la ausencia de equilibrio de poderes.
La firma de un acuerdo de
respeto de los resultados electorales, auspiciada desde el Ejecutivo, pone de
manifiesto la debilidad institucional del ente comicial al reconocer
públicamente que no basta con la Constitución ni con la normativa electoral
vigente para que unos resultados electorales sean reconocidos por los actores
participantes.
El Ministerio Público con la
batahola protagonizada por el fiscal Franklin Nieves pone de manifiesto que el
MP no es capaz de cumplir con el artículo 285 constitucional que señala en su
primer parágrafo: “Garantizar en los procesos judiciales el respeto de los
derechos y garantías constitucionales…”
Este fiscal reconoció haber violado los
derechos humanos de una serie de detenidos, por presiones superiores o por lo
que fuera, pero lo hizo, y el gobierno solo se preocupa por un supuesto soborno
pero no por el daño que causó a los juzgados. ¿Quién puede creer en una
institución cuyo anterior fiscal elevaba a la condición de testigo estrella a
un individuo de dudosa reputación con solo “mirarlo a los ojos”? ¿Podrá algún
individuo, venezolano o no, creer en una institución cuando uno de los
suyos, involucrado en un caso de relevancia mundial, acusa a sus superiores de
presiones para actuar fraudulentamente?
Este ejercicio del gobierno
diseña la ruta hacia un régimen déspota y autoritario que si bien ya se
ejercita con cierta complacencia no necesariamente los venezolanos deban
entregarse a estas pretensiones. Un gobierno democrático implica muchas cosas,
pero en particular va destinado a impedir que quienes son elegidos para ejercer
las funciones de gobierno no deriven hacia la autocracia, y, precisamente, esa
es la misión que todo demócrata tiene el 6 de diciembre: aplicar el freno a un
mal gobierno como el de Maduro, autoritario y déspota, es votar por la
Mesa de la Unidad Democrática.
30-10-15
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