Fernando Mires 14 de noviembre de 2015
La
tarea del comentarista político no se reduce a analizar a cada hecho por
separado. Se trata más bien de descubrir las relaciones que existen entre
ellos. En ese sentido la tarea analítica no es diferente de la del historiador.
En ambas prácticas, la historiográfica y la analítica, lo fundamental es
deducir, ante la presencia de los hechos, la existencia o inexistencia de
procesos. La diferencia reside solo en el uso de los tiempos.
Mientras
el historiador debe operar sobre la base de hechos ya ocurridos, el analista
debe hacerlo sobre hechos que están ocurriendo. El tiempo de la política, a
diferencias del tiempo de la historia que es el pasado, es el gerundio.
Ahora
bien, en la Venezuela de Maduro han ocurrido en menos de treinta días tres
hechos de fuerte impacto. ¿Son tres hechos aislados o son expresiones de todo
un proceso? La pregunta, desde un punto de vista político, parece ser
importante.
El
primer hecho surge de las declaraciones (23.10) emitidas en los EE UU por el
fiscal acusador de Leopoldo López, Franklin Nieves. Declaraciones en las cuales
fue claramente estatuido como las pruebas que llevaron a condenar a más de
trece años de prisión al dirigente político, no solo son falsas sino, además,
fueron elaboradas por el propio gobierno.
El
segundo hecho fue la carta dirigida por el secretario general de la OEA, el
uruguayo Luis Almagro, a Tibisay Lucena (09.11). En esa carta Almagro deja muy
claro que el régimen venezolano ha incurrido en gravísimas faltas que llevarían
a adulterar el evento electoral a ser realizado el 6-D, razón por la cual
Almagro exige la presencia de observadores internacionales en los comicios.
El
tercer hecho fue la detención –mediante un operativo de la DEA en Puerto
Príncipe (10.11) - de dos sobrinos de la primera dama Cilia Flores,
involucrados en una de las actividades más criminales de nuestro tiempo, el
tráfico de drogas. Ambos sobrinos presidenciales viajaban portando pasaportes
diplomáticos.
El
primer hecho, las revelaciones de Nieves, ha puesto de manifiesto lo que todo
el mundo sabía: que en Venezuela la justicia está subordinada al poder
ejecutivo. Pero en este caso no se trata de la constatación obvia de que el
régimen de Maduro viola a los derechos humanos sino de algo aún más grave: El
gobierno viola sistemáticamente a la propia legalidad sobre la cual se
encuentra erigido.
Sin
legalidad no hay democracia y sin democracia hay dictadura. Los ciudadanos de
Venezuela –ahora se sabe en todas partes- se encuentran absolutamente
desprotegidos frente a las decisiones de un gobierno que entiende por legalidad
solo a las ordenes impartidas por sus máximos personeros.
En
Venezuela, Cabello y Maduro han destruido en todas sus formas al estado de
derecho. Ha culminado así la gran obra iniciada por Hugo Chávez.
El
segundo hecho, la carta de Almagro, muestra a todos los gobiernos de América
Latina y del mundo, como el gobierno de Maduro incurre en graves
irregularidades electorales. Irregularidades que probablemente no se hacen
presentes en la contabilidad formal de los votos, sino en la utilización del
aparato del Estado como medio de propaganda y coerción, en la construcción
artificial y forzada de tramposos circuitos electorales, en arbitrarias
inhabilitaciones, en el uso de naipes marcados, como la boleta electoral
confeccionada para confundir a los electores con partidos inexistentes y
candidatos anónimos.
No
obstante, a través de su carta, Almagro ha puesto también de manifiesto que
esta vez Maduro no gozará del beneplácito internacional. La constelación
política latinoamericana ha cambiado y seguirá cambiando frente a los desmanes
ocurridos y por ocurrir en Venezuela. Las elecciones del 22 de Noviembre en
Argentina, cualquiera sea su resultado, determinarán el inicio de un cambio
político de gravitante importancia continental.
El
gobierno de Maduro, es la diferencia con el de Chávez, se encuentra cada vez
más solo en el mundo. La infame amenaza de gobernar con una junta militar en
caso de perder las elecciones, no podrá fructificar. Los generales venezolanos
podrán ser muy oportunistas. Pero dementes no son.
La
detención de los sobrinos de Cilia Flores ha sido la gota de agua que ha
colmado el vaso. Ha mostrado no solo las prácticas nepotistas a las que nos
tiene acostumbrado la “revolución” bolivariana, sino algo mucho peor: la
descomposición del propio Estado.
Al
gobierno de Maduro le es debido el aniquilamiento del aparato productivo, la
disociación de las relaciones ciudadanas y la evidente desarticulación (anomia)
de los lazos sociales que conforman a una nación bien constituida. Lo nuevo es
que la desintegración social de Venezuela -uno de cuyos síntomas es la altísima
criminalidad que asola sus calles- ha infectado al propio aparato del Estado. Y
no podía ser de otra manera: una administración formada por gente que no
persigue otro objetivo sino la conservación de su poder, y que para mantenerlo
salta por sobre todas las vallas morales y legales, no puede ser dirigida con
eficiencia. Ningún Estado puede ser mejor que sus ocupantes.
Las
tareas que aguardan a la oposición no son para envidiar. Si el triunfo en las
elecciones del 6-D se convierte en realidad, aparecerá en Venezuela una
constelación marcada por una dualidad de poderes. Maduro, Cabello y sus
secuaces, continuaran adueñados del poder instrumental: las armas, la policía,
los jueces vendidos y los para-militares. La oposición en cambio será
depositaria del poder social, político y constitucional. Pero para que el
segundo poder se imponga sobre el primero, deberá ser necesario que la
oposición logre mantenerse unida en el marco de una disciplina que lleve a
posponer intereses de liderazgo personal.
Cualquier
intento para aislarse del conjunto, cualquiera declaración espectacular no
debatida al interior de la MUD, cualquier proyecto de jugar al martirologio o
de usar la plataforma alcanzada a favor de desmadres exhibicionistas, puede
echar un largo trabajo político por la borda. Y eso lo pagaría muy caro la
mayoría de los ciudadanos.
Diosdado
Cabello ha declarado que el gobierno de Maduro está siendo atacado por todos
lados. Definitivamente no ha leído bien el momento político que vive su país.
Lo que sucede es que el gobierno de Maduro está haciendo agua por todos lados;
y eso es muy distinto. No estamos frente a una conspiración internacional. Solo
estamos presenciando el naufragio de un gobierno. Ese naufragio es también un
proceso.
Esas
son las razones que llevan a entender a las declaraciones del juez Nieves, a la
carta del secretario general Almagro y a la detención de los sobrinos de Cilia,
no como hechos aislados sino como eslabones en la cadena de un proceso. De ese
proceso que lleva al naufragio de un régimen.
De la
oposición dependerá en gran parte que el naufragio gubernamental no se
convierta en un naufragio nacional. La Constitución indicará, a su debido
momento, los objetivos y los rumbos. Ojalá sea así.
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