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domingo, 11 de septiembre de 2016

77 años de extravíos: los controles de precios en Venezuela por @vsalmeron


Por Víctor Salmerón


El 9 de septiembre de 1939 el presidente Eleazar López Contreras decretó el primer control de precios en la historia de Venezuela. La intención fue proteger a los ciudadanos del impacto que tendría el descenso de la oferta porque, a raíz del inicio de la Segunda Guerra Mundial, países como Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia e Italia recortaban sus exportaciones. La medida fracasó y se registró una importante aceleración de la inflación.

A pesar de esta experiencia, los políticos venezolanos continuaron intentando y aún tratan de gobernar la economía con decretos. Dos juntas militares y mandatarios como Carlos Andrés Pérez, Rafael Caldera, Jaime Lusinchi, Hugo Chávez y en este momento, Nicolás Maduro, acompañan a López Contreras en esta historia de extravíos que comenzó hace 77 años.

En su libro El control de precios en Venezuela (1939-2015): de la Segunda Guerra Mundial a la Guerra Económica, editado por Cedice, la Universidad Católica Andrés Bello y la Universidad Monteávila, Anabella Abadi y Carlos García analizan el trasfondo jurídico y el resultado de cada uno de los episodios donde invariablemente la inflación persiste y emerge la escasez.

En primer término, conversamos con Carlos García, abogado con un doctorado de la Universidad Complutense de Madrid y ex director de la Escuela de Derecho de la Universidad Monteávila.


¿Por qué los gobernantes venezolanos así sean civiles, militares o con distintas tendencias políticas creen que pueden controlar la economía con decretos?

Durante buena parte del siglo XX, y sobre todo a partir del surgimiento de la renta petrolera, para los gobernantes se hizo muy tentador mantener un control severo sobre los distintos aspectos de la economía y eso se manifestaba en regulaciones generales como el control de precios. La segunda gran razón es que en muchas ocasiones el Parlamento ha delegado la función legislativa en el Poder Ejecutivo y eso es un vicio muy propio del sistema institucional venezolano.

¿El hecho de que el Presidente pueda manejar la economía con decretos sin tener que negociar el apoyo del Parlamento facilita el camino para los controles?

Sin duda es un tema muy propio de la regulación económica venezolana. Una de las funciones principales del Parlamento es legislar y en Venezuela ha sido tradición que se ponga en manos del Presidente la regulación de un derecho ciudadano como la libertada económica y el derecho a la propiedad.

En 2011, bajo el mandato de Hugo Chávez, se publicó la Ley Orgánica de Precios Justos que posteriormente ha sido reformada por Nicolás Maduro. ¿Existe alguna diferencia de fondo entre el contenido de esta Ley y los controles de precios de otros años?

Sí. La primera versión de la Ley Orgánica de Precios Justos se dicta bajo la presidencia de Hugo Chávez en 2011 y luego en 2014 se reforma. Tradicionalmente desde 1939 el control de precios se había restringido a lo que se consideraban bienes de primera necesidad o sensibles porque tenían como objetivo satisfacer necesidades muy importantes de los ciudadanos. El cambio ideológico con la Ley de Precios Justos de 2011 es que se pretende fijar el precio de todos los productos y servicios y eso es un cambio cualitativo y cuantitativo.

Pero en la práctica no se ha cumplido este control de precios a todos los productos y servicios.

Se ha cumplido en mayor o menor medida, pero desde el punto de vista ideológico eso es lo que está en la Ley. Desde 2011 pero particularmente desde 2014, el cerco se ha ido cerrando.

¿En un país como Venezuela con poca competencia y en algunos casos monopolios u oligopolios, no se necesitan controles desde el punto de vista legal? ¿Cómo corregir las imperfecciones del mercado sin caer en controles que destruyen la oferta?

Obviamente cuando hay mercados que no son eficientes porque hay pocos oferentes el Estado se puede plantear la necesidad de algunas regulaciones. El problema es que el Gobierno debe ser muy sensible para darse cuenta de cuándo estas regulaciones dejan de ser eficientes e impiden que el mercado funcione.

                      Carlos García S. retratado por Víctor Radovanovic

Bajo los mandatos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro el organismo que supervisa el control de precios se ha llamado de distintas maneras: Indecu, Indepabis, Sundecop, Sundde. ¿Salvo el cambio de nombre qué diferencia a la Sundde de los anteriores?

Entre la Sundecop y la Sundde no existe mayor diferencia, pero sí la hay respecto a los organismos anteriores. Desde que se dictó la Ley Orgánica de Precios Justos todo lo referente a la protección al consumidor se retiró de la Ley, con lo cual las competencias de la Sundde actualmente son de fiscalización y control de precios, quedando de lado la protección a los derechos del consumidor.

¿Cuando ha habido desmontaje de los controles de precios, se ha recurrido a algún tipo de legislación de transición?

La experiencia más reciente es de 1996 y anteriormente en 1989. Simplemente se derogó la norma que permitía la fijación de los precios con lo cual se permite el sistema de libre oferta y demanda.

¿Cree que la población y los políticos de la oposición están claros sobre los efectos que trae un control de precios?

Desde el punto de vista sociológico hay que hacer un esfuerzo por entender el tema del control de precios y sus consecuencias. Por simple casualidad cuando hacía la investigación conseguí un recorte de prensa donde se señala que en 1973 se permitía a las amas de casa fiscalizar a los comercios, como si fuesen fiscales de la Sundee y eso era bastante popular. Al día de hoy creo que no podemos ser tercos, está a la vista en cualquiera de las esquinas que el control de precios produce escasez, aumento de los precios, mercados negros y largas colas. Tengo la impresión de que después de los últimos años el común de los venezolanos lo tiene muy claro.

La economía rebelde

Con Anabella Abadi, economista, profesora de la Universidad Católica Andrés Bello y consultora de entorno y políticas públicas en ODH, abordamos el tema económico.

¿Podría sintetizar por qué los controles de precios siempre terminan generando escasez y fracasan como mecanismo para contener la inflación?

Cuando se implementan los controles de precios por lo general se alega que se está protegiendo la capacidad de compra del bolívar, pero la realidad es que para proteger la capacidad de compra de la moneda no solo hay que proteger el lado de la demanda, también hay que proteger el lado de la oferta. El control intenta establecer que un producto va a costar lo mismo independientemente de lo que ocurra en la economía, se actúa sobre los precios, que no son más que una consecuencia de lo que ocurre en el mercado. En última instancia los precios son una señal de lo que está sucediendo en el mercado y en el momento en que establezco el control pierdo esa señal y la posibilidad de tomar decisiones eficientes.

A través de la Ley Orgánica de Precios Justos se controla el margen de ganancia y se especifica que no debe superar el techo de 30% sobre la estructura de costos. ¿Por qué fracasó este intento de perfeccionamiento del control que en teoría luce lógico: establezco la estructura de costos y permito ganancias a las empresas?

Si tuviéramos un mercado competitivo el propio mercado regularía el margen de ganancia, si eres eficiente y produces mucho ganas más. Como tenemos muchas distorsiones los empresarios no llegan a tener ese margen de 30%, pueden hasta perder. Hay costos como el mercadeo que no se incluyen en la fórmula y también hay que considerar cuál tipo de cambio se aplica, tal vez hubo que comprar dólares en el mercado paralelo que no se pueden contabilizar. La ley es tan complicada que no existe una zona de seguridad, aún si el empresario quiere cumplirla no tiene certeza de que lo esté haciendo y eso a su vez genera más distorsiones.

El control de la ganancia fue copiado de Argentina donde se dijo que los beneficios eran muy superiores a la de países europeos o Estados Unidos.

El tema es que te comparas con países donde hay mucha competencia y el mercado regula. Estás comparando un mercado híperregulado con otro donde sí se permite la competencia. En los países desarrollados las grandes empresas invierten recursos en innovación y desarrollo que también limitan el margen de ganancia. En Venezuela la investigación está desapareciendo porque la ganancia es tan baja que los márgenes no dan.

Puede interpretarse que si eres muy eficiente y reduces tus costos tendría que haber un recorte de ganancias para que no excedas el 30% y cumplas con la Ley. ¿Eso no es un incentivo perverso?

Exactamente, hay incentivos perversos en última instancia. Los controles se implementan para proteger al demandante, pero no piensas en por qué el mercado sube los precios, por qué no produce lo suficiente. Atacas las consecuencias como si fuesen el problema. Por ejemplo, el problema actual no son las colas a las puertas de las panaderías. En vez de actuar sobre las causas, se castiga al panadero.

El desmontaje del control de precios luce como una necesidad a fin de que la oferta se recupere. ¿En caso de que un nuevo gobierno se plantee esto, cree que debería hacerse de una sola vez o de forma gradual?

Es un gran debate entre los economistas. Hay dos grandes alas, la que considera que se debe desmontar de una sola vez y la que propone gradualidad. Soy partidaria de la gradualidad. Pero lo importante no es si es gradual o en shock, sino si forma parte de un plan de ajuste integral. Si se desmontan los controles de forma gradual o de una sola vez sin hacer más nada, el resultado será terrible.

La estatización, el cierre de empresas y años de poca inversión y atraso tecnológico han mermado la capacidad de reacción de la oferta. ¿Esto no indica que aun levantando el control persistirá la escasez?

Ese es el tema de shock versus gradualidad. Uno de los primeros objetivos tiene que ser la reactivación del aparato productivo nacional. Tal vez la primera medida no es el desmontaje del control de precios sino permitir que los empresarios cubran todos sus costos y tal vez mantener el control sobre algunos bienes de primera necesidad. En paralelo hay que hacer unificación cambiaria, revisión de la legislación laboral, todo un entramado de cosas que permitiría que se reactive la producción. Por ejemplo, en la última encuesta de Conindustria los empresarios señalan que entre sus principales preocupaciones está la falta de divisas, que es algo que no se soluciona desmontando el control de precios. Es muy complicado lo que hay que hacer, no se trata de unas pocas medidas aisladas.

       Carlos García S. y Anabella Abadi retratados por Víctor Radovanovic

Si alguien se propusiera generar inflación decretaría controles de precios para desestimular la oferta, estatizaría empresas y las pondría a producir menos, pondría al BCV a fabricar billetes para financiar al Gobierno y dejaría al sector privado que sigue en pie sin divisas para importar materia prima. ¿Por qué cree que el Gobierno, que dice que quiere abatir la inflación, toma medidas que lo llevan por el camino contrario?

El Gobierno ha mostrado que uno de sus objetivos es el control, tener el control es un logro. El otro gran objetivo es gerencia de la cantidad más que la calidad, lo importante no es la calidad de la educación sino tener más niños en las aulas de clase y se ha enfocado más en el gasto que en la inversión. Cuando le dices al Gobierno que tiene que desmontar ese entramado para eliminar la inflación, ocurre un choque con estos objetivos.

Ha analizado los controles de precios desde 1939. ¿Hay alguna diferencia entre este control y los anteriores?

Este control está dentro de una política, el Socialismo del Siglo XXI, que viene acompañado de otras cosas como expropiaciones, la idea de gerenciar todo el aparato productivo, control absoluto de la renta petrolera, controlar cantidad, controlar absolutamente todo y con este panorama los resultados negativos crecen de manera exponencial. Niveles de escasez general como los actuales son históricos. No es solo escasez general de productos importados, los bienes regulados no se consiguen, tampoco los insumos para producirlos, se encuentran bienes importados a precios impagables. Esta circunstancia es la primera vez que ocurre en Venezuela. A nivel internacional niveles de escasez como los actuales se han visto en períodos de guerra y en los socialismos clásicos.

¿La inflación de este año será mayor a la de 2015?

Sin duda alguna, no va a ser menos que en 2015 y no creo que lleguemos a mil por ciento.

¿Visto el resultado se acabó la propensión a pensar que el control de precios es necesario? ¿Hay un cambio en este sentido en la sociedad venezolana?
En este momento está en el tapete el tema del transporte público y es un precio regulado, que en medio de una inflación tan alta las personas esperan que se mantenga regulado. Aunque las personas entienden que las camionetas están en mal estado, que no hay repuestos, igual no quieren que se ajuste el precio del pasaje y ese es el problema latente. Creo que por el lado de la población no está claro.

¿Los políticos de la oposición tienen ideas distintas, no creen en el control de precios?

Los políticos están navegando aguas muy complicadas, muchos tienen claro lo que hay que hacer, pero saben que las medidas serán impopulares. Eso lleva a que el discurso sea inconsistente. Por ejemplo, se señala que el aumento del salario mínimo en este momento será contraproducente, pero parte del conjunto de medidas de un nuevo Gobierno o del que promovía la MUD en diciembre de 2015 era un aumento de salario de 50%. Cuando las medidas tienen costo político en el camino puede haber decisiones inconsistentes.

05-09-16