Comisión de Política Interior atendió más de 2500 denuncias de violación de DDHH

Prensa AN 12 de diciembre de 2016

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La Presidente de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano presentó el balance de gestión de este año, donde se atendieron más de 2.500 denuncias por violación de Derechos Humanos, y se aprobaron más leyes y acuerdos en un año, de lo que aprobaron en 10 años instancias parlamentaria anteriores.

“Entre las denuncias se destaca los más de mil despidos o acoso laborales en el marco de las firmas para activar el Referéndum Revocatorio. Más de 151 casos de presos políticos, así mismo la enorme cantidad de denuncias por violación de Derechos Humanos en el marco de la actuación de las OLP, como el caso de la Ensenada, la cota 905, de las OLP de Nueva Esparta y la más reciente masacre de Barlovento, donde sabemos que todavía hay seis ciudadanos desparecidos cuyos familiares siguen exigiendo justicia, conocer su paradero y lamentablemente el Estado no ha resarcido a las víctimas”.

Manifestó que 18 leyes han analizado en el seno de la comisión, de la cuales se han aprobado en primera discusión el Proyecto de Enmienda N° 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Proyecto de Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Proyecto de Ley de Hacienda Pública Estadal. Proyecto de Ley Especial que restituye el Régimen del Distrito Metropolitano. Proyecto de Reforma del Código Orgánico Procesal Penal. Proyecto de Ley Especial de Seguridad Social de los funcionarios Policiales de la República Bolivariana de Venezuela.

Agregó que una sola ley se encuentra en vigencia, publicada en gaceta Oficial, la Ley de Limitación de Telefonía Celular y la Internet en el Interior de los Establecimientos Penitenciarios, pero que lamentablemente el gobierno no le ha dado cumplimiento a este importante instrumento legal. Agregó que la Ley más importante que se ha aprobado en el país ha sido anulada por un asunto formal, como es el supuesto y falso desacato que el Tribunal Supremo de Justicia ha decidido declarar a la Asamblea Nacional.

“El TSJ ha conculcado el derecho de los venezolanos a vivir seguros, porque esta ley resuelve, en gran parte, la crisis de seguridad ciudadana que hoy vivimos los venezolanos, pero lamentablemente el gobierno, a través de su consultoría jurídica como actúa el TSJ, la ha declarado nula”.

Se mostró satisfecha por el trabajo realizado por la comisión durante este año, a pesar de los obstáculos y los impedimentos del gobierno y el TSJ. Prometió que seguirán trabajando por una Venezuela mejor, más seguridad y respeto a los Derechos Humanos de los ciudadanos. “Esta Comisión de Política Interior ha aprobado más leyes de las que fueron aprobadas en los 10 años de las gestiones anteriores”, subrayó la diputada Solórzano.

Precisó que este lunes aprobaron en Segunda Discusión la Ley de Seguridad Social para los Policías y que posiblemente la van a llevar a plenaria de la Asamblea nacional esta misma semana.
“Podemos decir que la Comisión de Política interior tiene buena y mucha cuenta que rendir. Cada unos de los diputados, de los funcionarios administrativos que laboran en la instancia parlamentaria, dejan el alma para poder proteger los Derechos Humanos de los Venezolanos, que hoy lamentablemente se encuentran tan golpeados”.

De acuerdo al informe de gestión fueron aprobados nueve acuerdos en la Asamblea Nacional, elaborados y propuestos por la Comisión de Política Interior: La declaración del 17 de mayo como día Nacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia. La condena contra los hechos de violencia ocurridos en la Parroquia 23 de Enero, Municipio Libertador, en fecha 06 de Junio de 2016. Sobre la situación actual del Tráfico de Drogas en Venezuela. En rechazo a la profanación de las tumbas de los ex-presidentes Isaías Medina Angarita y Rómulo Gallegos.

Igualmente con ocasión de celebrarse el 26 de junio, el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico de las Drogas. Rechazo de la persecución política contra los Alcaldes electos, miembros de la Mesa de Unidad Democrática (MUD). Sobre la Crisis del Sistema de Administración de Justicia en Venezuela. Sobre la “Masacre de Barlovento”. Para evitar la politización del sistema de administración de justicia. En torno a la Violación de Derechos Humanos y abuso de poder por acciones de la Operación de Liberación del Pueblo (OLP). En rechazo a la persecución política de dirigentes y ciudadanos comunes y Con motivo a la sentencia Nº 948 de fecha 15 de noviembre de 2016 del Tribunal Supremo de Justicia.

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