Por Ramón Guillermo Aveledo
Salvador Franco,
indígena pemón de 44 años ha muerto en la cárcel de El Rodeo II donde
permanecía como preso político. Según organizaciones no gubernamentales
de derechos humanos, se le habría negado el traslado por motivos de salud que
un tribunal había ordenado. Los familiares de venezolanos de la misma etnia
internos en el mismo establecimiento piden ayuda para que sean liberados. Son
trece detenidos con cargos de “terrorismo” por protestas en Bolívar, región
donde la enfermedad de nuestro Estado de Derecho muestra síntomas escandalosos
de gravedad. Los acusan de asaltar una instalación militar en 2019.
Amnistía Internacional se ha hecho eco de un caso que puede ser una muestra,
tan dolorosa como elocuente, de la situación de nuestros compatriotas pertenecientes
a los pueblos indígenas.
La población indígena
en Venezuela pasa del medio millón en una treintena de etnias. Ciertamente, es
alrededor del 2% del total de los que somos. Tal vez eso y su marginación
histórica, limite la repercusión de una situación crecientemente injusta. Su
contingente más numeroso es en Zulia (wayú, añú, motilones, yukpas), pero
proporcionalmente significan un componente mayor en la población de Amazonas
(banive, piaroa, piapoco, kurripaco) Bolívar (pemón, yanomami, yekuana) y Delta
Amacuro (warao), por citar algunos de los grupos más significativos. También
hay presencia importante en Apure, Barinas, Guárico, Monagas, Anzoátegui,
Sucre, así como ya no son pocos los que están en las ciudades a dónde emigran
buscando la supervivencia.
En su prolijo título de
Derechos Humanos, la Constitución dedica un capítulo a los derechos de los
pueblos indígenas, con sus artículos 119 al 126. También ha suscrito Venezuela
desde 2001 el Convenio 169 de la OIT. Pero las legítimas esperanzas que
esos avanzados reconocimientos explícitos generaran, han ido
desvaneciéndose después. No pasan de la letra jurídica a las duras realidades
de la vida. Una muestra reciente de ese retroceso es que tras privar por cinco
años de representación al estado Amazonas en la Asamblea Nacional y a la
circunscripción indígena del Sur, sin que su caso se moviera un milímetro
judicialmente, una normativa inconstitucional privó a esas comunidades de
elegir por voto directo y secreto a sus representantes.
En proporción, hay más
pobreza extrema en los pueblos originarios y mayor índice de mortalidad. Es
imposible no ver la exclusión, la persecución e incluso rastros indeseables de
racismo.
Es verdad que todos los
venezolanos sufrimos una crisis larga en el tiempo, ancha en su impacto social
y profunda en sus daños de todo tipo, pero eso no puede ser excusa para ignorar
que el cuadro es mucho peor para esos compatriotas en los extremos occidental,
sur y oriental de esta República maltratada.
Los indígenas son tan
venezolanos como nosotros. La conciencia de una gran comunidad nacional
incluyente que no deja de lado a nadie, debe ser recobrada y fortalecida. Eso
nos ayudará a ser una sociedad más democrática, cohesionada y de progreso. Una
sociedad más humana.
10-01-21
https://revistazeta.net/2021/01/10/justicia-con-nuestros-indigenas/
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