Por Gregorio Salazar
En estos tiempos de
férrea hegemonía comunicacional es muy probable que un gran número de
venezolanos no haya oído mencionar el nombre de Enrique Márquez o que no
recuerden su trayectoria política o su año como segundo vicepresidente de la
Asamblea Nacional electa en 2015. Es casi seguro que un vasto sector ignore
todavía que semanas atrás fue elegido como rector principal y vicepresidente
del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Enrique Márquez,
zuliano de nacimiento, tiene 58 años y es un ingeniero eléctrico egresado de
LUZ, donde también ejerció como docente. Hizo vida en varios partidos políticos
y ahora, como directivo del CNE, ha asumido lo que probablemente sea el cargo
que le exigirá su más alta entereza y responsabilidad institucional.
Su elección fue hecha
en el marco de un debate, diálogo, negociación y votación parlamentaria en la
que la correlación de la directiva electoral quedó 3-2 con predominio
oficialista. Nada de trapisondas ni sórdidos compromisos alacranescos.
Esta semana, en ejercicio de sus atribuciones legales en el CNE —donde ejerce
además la presidencia de la Comisión de Participación Política y
Financiamiento— Márquez procedió a hacer una denuncia y exigir una
investigación totalmente inusual y desusada durante un larguísimo período de
funcionamiento del ente electoral dominado por el oficialismo.
Ha dicho Márquez que,
en la principal televisora del Estado, Venezolana de Televisión (VTV) —el canal
que desde hace más de medio siglo se identifica como «de todos los
venezolanos», pero que durante el período chavista ha sido convertido en un
medio propiedad privada del PSUV, para su exclusivo uso y disfrute partidista—
se están violando los artículos 17 y 70 de la Ley contra la Corrupción y
el 14 de la Constitución.
Todo parte de que la
Constitución establece que los funcionarios públicos «están al servicio del
Estado y no de parcialidad alguna». Y los artículos de la norma contra la
corrupción señalan la necesidad de «administrar, manejar y custodiar bienes y
recursos públicos con criterios de racionalidad y eficiencia». En relación a lo
electoral, establece sanción entre uno y tres años de prisión (o sea cárcel,
calabozo, reja) para el funcionario público que «abusando de sus funciones
utilice su cargo para favorecer electoralmente o para favorecer o perjudicar a
un candidato, grupo, organización, partido o movimiento político…».
Márquez sostiene que VTV, integrante del Sistema Nacional de Medios Públicos, utiliza su programación «para beneficiar directamente a un partido político a través de sus programas de opinión e información». Y señaló como caso «grave e ilustrativo» al tristemente célebre (esto lo decimos nosotros, no Márquez) programa semanal Con el mazo dando.
Que en VTV y en todo el
sistema de medios públicos se viola, en el campo electoral y otros, desde la
Constitución nacional hasta el Manual de Carreño es más seguro que un
tiro al piso. Por supuesto, en lo electoral esta distorsión es llevada hasta el
paroxismo en el citado programa y, sobre todo, en las cadenas de Nicolás
Maduro. Es, valga recordarlo, un delito que no lo inauguró él sino el
difuntísimo caudillo desde que decidió que él, solo él y su grupete, deben
regir y disponer a sus anchas de vidas y bienes de los venezolanos hasta el día
del juicio final.
Iniciativas legales
como la de Márquez suelen ocurrir en cualquier democracia. Pero, lo
verdaderamente fuera de lo común, insólito, inaudito, es que funcionarios
públicos de distintos rangos y toda laya de voceros oficialistas actúen como un
gavilla mediática por vía de las redes sociales, especialmente Twitter, para
linchar públicamente al rector Enrique Márquez.
El caso está lleno de
detalles inverosímiles. Uno de ellos es que ese grupo de lapidadores de Márquez
lo hizo posicionando en el trending topic del Twitter el hashtag o
etiqueta #ElMazoEsChávez, con lo cual convirtieron en infractor al difuntísimo,
a quien por lo menos hay que reconocerle que asumió la responsabilidad de la
intentona golpista del 4F. Ahora, quienes pretenden erigirse en herederos
directos de sus supuestas épicas y su gloria eterna, usan sus videos, sus
gigantografías y viven guindados de sus faldones para «legitimarse» no se
encontraron las canicas para asumir la autoría de sus desmanes.
Con semejante actitud,
el principal acusado y sus conmilitones no han hecho sino ratificar la
pertinencia de la denuncia y solicitud de investigación de Márquez, quien de
esa forma sienta en el banquillo no solo a VTV sino a todo un esquema de
actuación ventajista sin límites, avasallante, desorbitada hasta la obscenidad
y que, justamente, busca que la hegemonía comunicacional conduzca a la
hegemonía político electoral total, absoluta, plena y, sobre todo, externa.
En vivo y directo, en
la pantalla de VTV se establecen responsabilidades partidistas, se promociona a
sus candidatos, se exalta a su muy bien lubricada (con el dinero de todos)
maquinaria electoral, se giran instrucciones operativas, se despotrica de todo
el que se les opone. Incluso al propio rector Márquez.
Pero tal desmesura dice
también mucho de los inseguros que se sienten. Sin el control electoral y
mediático están secos. Tanto dinero del erario del que disponen a manos llenas
para su usufructo, tanta figuración mediática, tanto vociferar su condición
de salvadores de la patria y de héroes de una revolución
militarista para, de todas formas, concitar un rechazo popular que va por más
del 80 %. Ya es hora, señores, de que lo entiendan y abran paso a una
concertación que salve a Venezuela.
Gregorio Salazar es
periodista. Exsecretario general del SNTP.
14-06-21
https://talcualdigital.com/el-dedo-acusador-del-rector-marquez-por-gregorio-salazar/
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