Por Roberto Picón
La crisis política,
social y económica que afecta a Venezuela se resolverá en la medida en que los
ciudadanos activemos todos los procesos individuales y sociales que permitan
revertir la caída de nuestras condiciones de vida. Esto empieza por lo personal
y familiar y debe continuar en la comunidad, la ciudad, la región y el país.
Estamos llamados a
rescatar la vigencia de la Constitución, pues solo así el país gozará de
derechos y libertades plenas en el marco que la ley establece; y con ellos, la
estabilidad necesaria para que la economía se desarrolle, para que haya trabajo
y bienestar para todos.
Una tarea impostergable
es recuperar la normalidad. Tener acceso a los servicios públicos, salud,
educación, transporte, gas, servicio eléctrico, agua, telecomunicaciones,
seguridad ciudadana. Eso, por nombrar lo más elemental que debe garantizar el
Estado a todo ciudadano, y que se ha deteriorado a un nivel que nunca
hubiéramos sospechado hace tan solo cinco años.
Para lograr todo esto
necesitamos antes rescatar nuestras propias capacidades. Se hace necesario
enfocar nuestra mira en actuar efectiva y positivamente, colaborar entre
nosotros desde nuestras fortalezas, aprovechando las oportunidades de mejorar
progresivamente, superando todas estas carencias.
El PSUV, organización
que domina todas las instituciones del Estado, no cederá espacios a cambio de
nada. La dolorosa experiencia de estos años de lucha por los derechos
fundamentales y democráticos nos demuestra que los actores que detentan el
poder requieren de reconocimiento internacional, de recursos que ahora están
bloqueados por las sanciones; pero, sobre todo, necesitan tener seguridad de
que ceder dichos espacios no generará una nueva crisis existencial que
amenazará sus derechos políticos y civiles.
La sociedad venezolana
debe asumir este proceso de forma realista, midiendo nuestras fuerzas,
aprovechando todas las oportunidades y espacios que se nos ofrecen para
avanzar. Si esperamos el milagro que de un día para otro resuelva esta crisis,
nos vamos a quedar esperando sin haber luchado por lo que creemos y anhelamos:
la oportunidad para que los venezolanos podamos dirimir nuestras diferencias
civilizadamente.
Se ha abierto una
oportunidad en el CNE. Desde allí estamos construyendo las condiciones para que
realicemos elecciones competitivas, que puedan contar con mayor participación
de actores políticos postulándose, y de la ciudadanía, votando.
Comenzamos esta tarea
con serias limitaciones para la participación de actores políticos, debido a
procesos judiciales y administrativos no controlados por el Poder Electoral,
que afectan a más de 1.000 inhabilitados por la contraloría y más de 65.000
inhabilitados judicialmente; muchos de ellos líderes políticos y sociales. Se
adelantan las gestiones para que haya alternativas para que ellos puedan
participar. Es lógico y usual que esto forme parte del conjunto de exigencias
que se discuten en una mesa de negociación política. No es la primera vez que
en Venezuela se plantea un proceso de reparación de plenos derechos políticos y
ciudadanos que, desde el punto de vista de quien ostenta el poder, podría ser
calificado como una «amnistía». Junto con la comunidad internacional sabemos y
reconocemos la existencia de presos e inhabilitados políticos.
La pregunta fundamental
en una negociación es la siguiente: ¿el poder concedería una amnistía general a
cambio de qué? Considerando nuestro complejo contexto, eso solo lo podrá
habilitar un acuerdo político integral en el que el directorio del CNE no
participa directamente. El CNE sería el encargado de implementar los acuerdos
que afecten el tema electoral. Asimismo, la pandemia, la alimentación de la
niñez en riesgo y otros temas humanitarios y socioeconómicos de alto impacto en
la vida del país, deben atenderse en esos espacios de acuerdo con la rapidez y
eficacia que ameritan, aprovechando todas las voluntades y capacidades que
tiene el país y las que nos ofrece la comunidad internacional.
¿Quién podría cuestionar
que, mientras se concreta una negociación integral, se permita la participación
en las elecciones municipales y regionales a cualquier líder que desee
postularse? Asumimos esta responsabilidad, conscientes de que necesitamos sumar
todas las voluntades posibles para reinstitucionalizar a nuestros gobiernos
locales y regionales, motivar a los ciudadanos a participar en elecciones que
puedan cambiar la inercia abstencionista y relanzar los contrapesos entre el
poder local, regional y el nacional.
A esa labor estamos
entregados hoy en día, con todas las fuerzas y la mejor disposición posible.
Eso, sin ignorar que una mirada realista sobre lo que efectivamente tenemos,
nos ayudará para sacar mayor provecho de la ocasión y empujará la
democratización a la que todos debemos aspirar.
Roberto Picón es Ingeniero
de sistemas y Rector de la Junta Nacional Electoral
31-05-21
https://talcualdigital.com/el-dificil-camino-de-la-democratizacion-por-roberto-picon/
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