JAVIER LAFUENTE, ELÍAS CAMHAJI, ZORAYDA GALLEGOS, GEORGINA ZEREGA, ROBERTO DENIZ, EWALD SCHARFENBERG 13 de junio de 2021
@lafuentejavi. @eliascamhaji, @zogallegos, @zeregag, @robertodeniz,
@Ewalds6
El 7
de marzo de 2019, Venezuela se sumió en la oscuridad. Lo que se
presuponía otro apagón más se fue prolongando: una hora, dos, cinco; un día,
dos, tres… Entre acusaciones de sabotaje, el Gobierno chavista se movió
sigilosamente y recurrió a la colaboración de esos socios que se ha granjeado
durante décadas. Entre ellos a un grupo de mexicanos. Lo que en un primer
momento se planteó como un acercamiento para tratar de paliar las carencias
energéticas de un sistema socavado por décadas de corrupción y dinamitado
durante el apagón derivó con los meses en una red internacional con la que se
ha tratado, y en muchas ocasiones conseguido, mover ingentes cantidades de
petróleo, dinero y otros recursos, como oro, carbón y aluminio, bajo la apariencia
de ayuda humanitaria, siempre evadiendo las sanciones impuestas por Estados
Unidos. Una trama que involucra a decenas de personas y empresas, viaja por
casi una treintena de países y mueve el dinero entre paraísos fiscales. Una
investigación de EL PAÍS y Armando.info revela
cómo se urdió esta red que ha permitido al chavismo evadir las sanciones de la
principal potencia del planeta y que ha generado un negocio opaco
multimillonario.
En
abril de 2019, un mes después de que Venezuela se fundiera a negro, la
vicepresidenta Delcy Rodríguez descolgó el teléfono y contactó a un grupo de
empresarios mexicanos, duchos en el sector eléctrico. A priori, se trataba de
ver cómo se podían llevar a Venezuela unas plantas de electricidad, muy
similares a las que se utilizaron durante la guerra de Irak, que sirvieran para
paliar los efectos de la escasez energética. No obstante, desde el primer viaje
que los empresarios realizaron a Caracas quedó claro que las intenciones de
hacer negocios iban más allá de la adquisición de unos generadores. Varios
miembros del Gobierno de Venezuela y operadores de la cúpula chavista
plantearon lo que se convertiría en el germen de una trama internacional para
generar negocios que no dejaran rastro. EL PAÍS y Armando.info tienen
en su poder miles de documentos que, junto a decenas de entrevistas, incluso
con algunos implicados —que han pedido hablar bajo condición de anonimato por
miedo a represalias— atestiguan cómo se creó y evolucionó esta opaca red. Una
trama que intercambió primero petróleo por alimentos y camiones cisterna de
agua potable, y luego pasó a cobrar el dinero de las exportaciones a través de
circuitos financieros ajenos al control de Estados Unidos. Todos los implicados
tienen un nexo en común: Alex Saab, supuesto testaferro de Nicolás Maduro, que
espera en Cabo Verde su extradición para ser juzgado en Estados Unidos por
lavado de dinero.
El
origen de esta red se sitúa en las sanciones impuestas a Venezuela desde 2014,
principalmente por Estados Unidos, para presionar al Gobierno de Maduro y
tratar de forzar un cambio que nunca ha llegado. Hoy las sanciones son moneda
de cambio en una posible negociación entre la oposición y la Administración
para lograr una salida a la crisis del país. Lo que sí han conseguido estas
presiones es menguar el margen de maniobra del chavismo para hacer negocios con
muchas compañías por temor a ser golpeadas por el Departamento del Tesoro
estadounidense. Y en el centro de toda la presión ha estado Petróleos de
Venezuela S.A. (PDVSA), la gran aportadora de divisas a Venezuela, el país con
una de las mayores reservas de petróleo del mundo. Después de que la petrolera
estatal sufriese de escasez de divisas, que el Gobierno utilizaba para todo
tipo de operaciones, el chavismo recurrió a operaciones comerciales en las que
pudieran pagar con crudo en lugar de dinero.
Delcy
Rodríguez fue clave para activar la conexión mexicana. Junto a su hermano
Jorge, actual presidente de la Asamblea Nacional y varias veces ministro,
conforman uno de los pilares del Gobierno de Nicolás Maduro y una dupla cuyo
poder les ha permitido desplazar a Diosdado Cabello como el oficioso número
dos del chavismo. La excanciller y actual vicepresidenta preparó en
abril de 2019 una serie de encuentros con funcionarios estatales y operadores
cercanos a la cúpula chavista, y un grupo de empresarios mexicanos, entre los
que se encontraba el también político José Adolfo Murat, a quienes conocía de
foros internacionales de organizaciones de izquierda como el de Biarritz. Se
plantearon distintos negocios. Con Simón Zerpa, entonces ministro de Economía
ahora venido a menos tras acusaciones de deslealtad, se formuló la posibilidad
de lograr unos camiones cisterna de agua potable. Además, el ministro planteó a
los mexicanos si era posible conseguir un puesto de consideración en el puerto
de Veracruz, una puerta que les permitiría entrar y sacar de México cargamentos
a gran escala. Ni Delcy Rodríguez ni el Gobierno venezolano han respondido a
las solicitudes de entrevista para esta investigación.
La
siguiente reunión de los mexicanos se produjo con Ricardo Morón y José Luis
Sandoval —el primero, sancionado por Washington en julio de 2020, es próximo a
Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente; el segundo, funcionario de PDVSA— ,
quienes pusieron sobre la mesa la posibilidad de hacer negocios con maíz blanco
y trigo duro, a través de Colombia: el precio y el pago se harían en oro. Otra
de las personas con las que se reunieron fue Omar Nassif, hermano de un
empresario próximo a Delcy Rodríguez. Nassif planteó a los mexicanos la
posibilidad de mover algunos alimentos, con transacciones que se realizarían
vía Hong Kong. Para ello, les aseguró, contaba con la colaboración de algunos
proveedores en México. La afirmación de Nassif no era baladí: él había
participado en la trama de los CLAP, los comités de distribución de alimentos
promovidos por el chavismo. Entre 2016 y 2018, Alex Saab y su socio, el también
colombiano Álvaro Pulido Vargas —cuyo nombre real era Germán Rubio, pero lo
cambió tras ser involucrado en el año 2000 en una operación de narcotráfico
vinculada al cartel de Bogotá— idearon una estructura de sociedades
instrumentales en Hong Kong, Turquía y Emiratos Árabes Unidos, de la que se
beneficiaron empresarios mexicanos, algunos de ellos, como se ha podido
comprobar, vinculados con la nueva red que se comenzó a tejer en abril de 2019.
La figura de Alex Saab aparece también en aquellos encuentros en Caracas: los
empresarios mexicanos se reunieron con una de sus operadoras.
Esa
serie de contactos fue cobrando forma al regresar a México. Entonces aparece en
escena, según la reconstrucción a partir de la investigación de EL PAÍS y Armando.info,
Joaquín Leal, un empresario de 29 años, sancionado desde junio de 2020 por el
Departamento del Tesoro de Estados Unidos por sus negocios con Venezuela y que
por aquel entonces trabaja en Diversidad, la empresa de José Adolfo Murat, con
quien empieza a desarrollar los negocios que les han planteado.
En
mayo de 2019, Murat regresa a Caracas, esta vez con Leal. Los empresarios
mexicanos se sientan de nuevo con Simón Zerpa. El objetivo era concretar las
operaciones habladas. Aunque en ese momento se planteó que los pagos se
hicieran en euros o en rublos, finalmente la opción que fructificó un mes
después fue el intercambio de petróleo por alimentos y camiones cisterna de
agua potable. La moneda que se baraja para las transacciones es el euro. Zerpa
aseguró que pedirían a un tercer actor que efectúe el pago, el 70% como
anticipo. En los dos contratos de la operación, que asciende a 200 millones de
euros, no consta ningún número de cuenta del destinatario para realizar el
pago. “Ante los organismos competentes” es la extraña fórmula utilizada en
ambos casos, que también puntualiza que el mismo se podrá hacer “de forma
fraccionada” y con la posibilidad de rescindir el contrato en 90 días. El 30%
del pago restante, según los contratos, “será tramitado por el comprador por
entes competentes de financiamiento”, sin que en ningún momento aclare a quién
se refiere.
Tras
la firma de los acuerdos comerciales, Leal buscó asesoría y se encargó de
conseguir los camiones y coordinar el traslado de los alimentos desde México. También
negoció con sus contactos venezolanos el precio del petróleo. En los correos
electrónicos se presentaba como representante legal de Libre Abordo, la empresa
con la que el Gobierno venezolano hizo el negocio. Después de cerrar el trato,
la petrolera venezolana envió una serie de facturas a Libre Abordo “en
atención” a Olga María Zepeda Esparza, directora y socia de la empresa —hoy también sancionada por Estados Unidos—,
detallando el equivalente en barriles de petróleo y los millones de euros que
la petrolera exigía como pago a la firma mexicana, al margen de los trueques
por alimentos y productos en especie. Por ejemplo, en una factura del 19 de
junio de 2020 por 32,9 millones de euros (el equivalente a 36,3 millones de
dólares) se lee que el destino del petróleo era el puerto de Singapur.
La
operación de intercambio de petróleo por alimentos y camiones cisterna de agua
fue el detonante para que, un año después, en junio de 2020, el Departamento
del Tesoro de Estados Unidos sancionara a Libre Abordo, Joaquín Leal y Zepeda
Esparza. Entonces, la Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF),
dirigida por Santiago Nieto, inició una investigación para seguir el rastro del
dinero. Los resultados, sin embargo, son ínfimos. El pasado 18 de mayo, la UIF
presentó ante la Fiscalía una denuncia, a la que ha tenido acceso este
periódico, y pidió el aseguramiento de un centenar de cuentas de Libre Abordo,
Leal, Zepeda Esparza y su madre, Verónica Esparza, socia de la empresa.
El de
aquella primavera fue el único viaje que Murat y Leal realizaron juntos a
Caracas. El primero asegura que dejó el negocio en manos del segundo al
regresar de Caracas. Cuando Leal le comentó que los venezolanos le dijeron que
las operaciones incluían un intercambio de petróleo, Murat le pidió que no
siguiera adelante. “Le dije que había sanciones de Estados Unidos y no podíamos
meternos en ese lío”, afirma a este diario Murat quien, asegura, no fue
consciente de que Leal siguió adelante con el negocio con Libre Abordo. Murat
rompió con Leal meses más tarde, a finales de 2019, al percatarse de que había
seguido adelante con el negocio pese a las advertencias. El joven empresario
mexicano no ha querido dar su versión ni responder a las peticiones de
entrevista para esta investigación.
Los
intercambios humanitarios eran mera fachada
A
partir de las operaciones por los camiones cisterna y el maíz, Leal organizó desde México una red secreta al servicio del
Gobierno de Maduro para ayudar en la venta de petróleo venezolano
al margen de las sanciones estadounidenses. Para intentar esconder el rastro
del dinero creó decenas de empresas y tejió una red de socios financieros en
una treintena de países. La trama se conecta con entidades por todo el mundo
—algunas offshore—, en Suiza, Luxemburgo, Malta, Curazao, Reino
Unido, Suecia, Noruega, Grecia, Estados Unidos, Singapur, Bangladesh, China,
Malasia, México, entre otros países de Europa, Asia y América, y paraísos
fiscales como la Isla de Man y las Islas Vírgenes Británicas.
El modus
operandi que se ha podido reconstruir en esta investigación demuestra
que la prestación de ayuda humanitaria era tan solo un pretexto. El lado
mexicano embarcaba los productos en especie y PDVSA les pagaba con petróleo y
logística para sacarlo del país en buques. Sin embargo, detrás de esta
operación se escondía otra más compleja que dejaba millones de ganancias para
los involucrados a través de la reventa del crudo a precios por debajo del
mercado, con dinero que eventualmente regresaba a PDVSA como pago por la
mercancía. La petrolera de Venezuela terminaba cobrando las facturas que le
emitía a Libre Abordo en cuentas de bancos rusos, como Gazprombank y
Evrofinance Mosnarbank. Con ello lograban concretar las transacciones fuera del
sistema bancario estadounidense y no involucrar a ciudadanos de ese país. Los
documentos a los que ha accedido esta investigación dan cuenta de que los
tratos con el petróleo se prolongaron entre noviembre de 2019 y mayo de 2020.
En la inmensa mayoría de los casos se dejó de lado el trueque de alimentos y se
vendió el petróleo directamente a los intermediarios mexicanos.
Una
vez que Libre Abordo pactaba la salida del petróleo de Venezuela, echaba mano
de un grupo de intermediarias para continuar con la reventa de los barriles.
Por lo general buscaba compradores del mismo consorcio envuelto en la trama o
se dirigía a las refinerías localizadas en el extranjero. Por ejemplo, un
cargamento entregado en Malasia a una empresa china fue revendido por Orin
Energy, un holding que se dedica a las materias primas. El
entramado de Leal y Libre Abordo tenía en Asia a sus principales clientes. En
las presentaciones corporativas, se lee que dos de los principales compradores
del petróleo venezolano eran las chinas PetroChina y Sinopec. La mayoría de sus
cargamentos también fueron enviados a Singapur y a Malasia, dos importantes
centros de refino mundial.
En una
primera etapa, Libre Abordo buscó clientes y formas de colocar el petróleo en
el mercado mundial energético. Cuando sancionó a la compañía mexicana en junio
de 2020, el Departamento del Tesoro señaló que esta utilizó las mismas rutas
internacionales, los mismos procesos de envío y los mismos clientes que en el
pasado habían manejado dos filiales suizas de la petrolera Rosneft. El gigante
ruso era uno de los principales socios de PDVSA, pero salió del negocio en
febrero de 2020 tras ser sancionada por EE UU por sus tratos con Venezuela.
Leal y sus socios también se asesoraron con otros participantes en el esquema
diseñado desde el Gobierno de Maduro, como Alessandro Bazzoni, un italiano con
un largo historial de negocios con PDVSA, y Philipp Apikian, un suizo que
también ha estado involucrado en la venta y envío de petróleo venezolano. Ambos
fueron sancionados en enero de 2021 por la Casa Blanca al ser partícipes
de la misma trama que ha movido millones de barriles de crudo
venezolano por debajo del radar de las sanciones estadounidenses.
El
nexo entre Leal y un viejo conocido de PDVSA
Uno de
los principales intermediarios que utilizó Leal para revender el crudo fue
Elemento, una empresa constituida por Bazzoni en Malta en marzo de 2015, con
filiales en la isla caribeña de Curazao y el Reino Unido, y que previamente
había comercializado petróleo venezolano en asociación con una firma
estadounidense. Elemento, entre febrero y diciembre de 2019, movió al menos 13
cargamentos de PDVSA. Tras los tratos con Leal, la firma de Bazzoni se hizo
cargo de uno de los dos primeros cargamentos que Libre Abordo sacó de
Venezuela. La mercancía revendida por Elemento fue entregada en Singapur a una
empresa de Macao —exenclave portugués en China, ahora con un estatus de
soberanía similar al de Hong Kong— en abril de 2020, casi un año después de que
zarpara desde el país caribeño.
No era
la primera vez que Elemento auxiliaba al Gobierno de Maduro para sacar cientos
de millones de barriles de petróleo de las costas del país sudamericano, según
se desprende de los miles de documentos en poder de los dos medios y que forman
parte de esta investigación. Para revender los cargamentos, Elemento echó mano
de Swissoil Trading S.A, una empresa energética fundada en Suiza en 1998 que ha
fungido como una revendedora de materias primas en Medio Oriente y Asia, y
donde Apikian es el administrador único. Con la intención de replicar este
esquema ideado por Elemento y disminuir las pérdidas y problemas legales de
acudir a otros intermediarios para revender el crudo, el 11 de febrero de 2020
Leal fundó Cosmo Resources en Singapur. La idea, según un organigrama diseñado
por el propio Leal, era compartir el consejo de administración de la firma con
su socio Bazzoni para continuar con la comercialización de petróleo en Asia y
otras partes del mundo.
A
través de Cosmo, el empresario mexicano tanteó la idea de absorber a Libre
Abordo y su filial Schlager Business Group, la encargada de dar apoyo
administrativo a las operaciones de su empresa madre. El 16 de febrero de 2020,
Leal escribió en un correo que estaba contemplando la posibilidad de que Cosmo
comprara a Libre Abordo. Un día después, Hugo Villaseñor, director financiero
de Cosmo e íntimo de Leal, coordinó la apertura de una cuenta bancaria para la
firma. En un correo enviado a un directivo de Alpha FX, un banco de Londres
especialista en divisas que ofrece sus servicios a nivel internacional para “empresas
e instituciones afectadas por la volatilidad de la moneda”, Villaseñor
solicitaba la apertura de la cuenta, donde calculaba que el flujo mensual de
dinero oscilaría entre 10 y 40 millones de euros. La apertura de la cuenta se
hizo por recomendación de Richard Rothenberg, el director financiero de
Elemento.
El
papel de Cosmo es crucial para entender cómo se capitalizaban los intercambios
de petróleo bajo la fachada de ayuda humanitaria. En la solicitud para la
apertura de la cuenta, la compañía explicaba que obtenía sus principales
ingresos de los pagos que le hacían PetroChina y las refinerías de Sinopec por
los cargamentos de petróleo que salían de Venezuela. Otra de sus entradas
provenía de los pagos que le realizaban otras intermediarias de materias
primas, como Beaconsfield Commodities Trading, un consorcio de Bazzoni
constituido en Suiza y con filiales en las Islas Caimán, Sudáfrica, Suiza y
Suecia. En cambio, Cosmo tenía sus principales salidas de dinero en pagos
realizados a Elemento y Libre Abordo, que se encargaban de sacar el petróleo de
Venezuela. Uno de los planes del joven empresario mexicano era realizar los
mismos negocios que había hecho con PDVSA con otras petroleras
latinoamericanas, como Pemex, la colombiana Ecopetrol, y Petroecuador.
Las
sanciones que catapultaron la trama mexicana
La
salida de Rosneft de Venezuela catapultó los negocios de Leal y sus socios. Con
la salida del gigante ruso, uno de los principales socios de PDVSA, las
cantidades de crudo a las que el entramado mexicano tuvo acceso se dispararon.
Para abril de 2020, los empresarios mexicanos recibieron alrededor del 40% de
las exportaciones de la petrolera venezolana, según el Departamento del Tesoro.
A medida que despuntaban sus negocios, Leal comenzó a preocuparse por la
situación legal de los tratos que hacían sus empresas con Venezuela. En
diciembre de 2019 se acercó al despacho estadounidense Pillsbury Winthrop Shaw
Pittman LLP para buscar asesoría. En marzo de 2020, un despacho mexicano
también emitió su opinión legal sobre las posibles sanciones a las que podían
ser sujetos Leal y Libre Abordo.
Desde
México, Leal estructuró diversos esquemas para concretar sus negocios con
Venezuela y echó mano de ingeniería financiera para manejar sus activos
intentando borrar la huella del dinero. La documentación en poder de EL PAÍS
y Armando.info contiene
miles de correos electrónicos que intercambiaron los miembros de la trama
protagonizada por Leal. Hay hojas de cálculo con el valor del crudo y los
flujos mensuales que obtenían por comercializar los cargamentos, así como
contratos de exportación, facturas de las operaciones de compra-venta y de
servicios de asesoría financiera. También hay referencias bancarias, planes de
negocio donde se exploraba la posibilidad de entrar al mercado del cobre y el
aluminio, y una relación de pagos por los costos generales y administrativos de
las diversas firmas de la red, como erogaciones por alquiler, servicios
públicos y gastos de viajes internacionales.
Un
documento con los ingresos registrados en 2019 por las compañías de Leal dibuja
el espectacular ascenso que tuvo este grupo de empresarios que hasta ese año
habían sido casi desconocidos. Cinco sociedades ligadas al joven empresario
recaudaron solo ese año más de 107 millones de dólares, cuando aún no habían
alcanzado el pico de los negocios con el petróleo venezolano. Los pagos más altos
de la nómina en estas empresas estaban destinados a los sueldos de Leal, que se
pagaba a sí mismo 750.000 pesos mensuales (algo más de 37.000 dólares, unos
30.500 euros), así como a su madre y hermana, que cobraban medio millón de
pesos (25.000 dólares, 20.600 euros). En el archivo que da cuenta de la
contabilidad durante 2019 también viene el sueldo de la abuela, que ese año
obtuvo ingresos por 30.000 pesos al mes (1.500 dólares, unos 1.200 euros).
EL
PAÍS y Armando.info han
podido comprobar que Leal y su entorno utilizaron al menos 50 empresas para
esconder el rastro del dinero. Detrás de cada plan de negocio, había una
compañía para ejecutar sus proyectos. En la mayoría Leal no aparecía como
socio, sino como representante legal. Detrás de las firmas por lo regular
estaban Verónica Esparza y su hija Olga María Zepeda Esparza o miembros de su
familia. En su amplio portafolio también llegó a crear estructuras en paraísos
fiscales, donde la identidad de los socios no aparece abierta en los registros
y donde es fácil ocultar altos flujos de dinero evadiendo el pago de impuestos.
Una de ellas es JLJ Technologies LLC, constituida en Wyoming el 20 de marzo de
2019, donde Leal quedó registrado como administrador único. Esta sociedad no
tuvo una operación real, pero le permitió a Leal esconder el rastro de los
socios que estaban detrás de sus firmas.
También
creó Mystic Universe, una empresa en las Islas Vírgenes Británicas —el mayor
paraíso fiscal del planeta por su volumen de negocios y número de firmas
incorporadas— que tenía una sociedad espejo en Ontario, Canadá. Ambas
sociedades fueron constituidas por Leal en mayo de 2019 en medio de sus
primeros viajes a Caracas. Según las actas constitutivas revisadas, Leal poseía
90% de las acciones, mientras que su madre, María Teresa Alfaro, y su hermana,
Carlota Jiménez, poseían un 5% cada una. El 5 de agosto de 2019, Mystic empezó
a funcionar como un holding de operaciones que absorbió el
control de otras firmas vinculadas a Leal.
En una
de las presentaciones elaboradas por el equipo de Leal se asegura que Mystic
invertía en compañías de tecnología, energía y commodities (materias
primas) en América y otros países fuera del continente. “El objetivo de Mystic
Universe es cambiar al mundo, por lo que nos enfocamos en industrias
fundamentales, energía, tecnología, commodities, finanzas y salud”, se resalta
en el documento. En su antigua página web, Mystic decía que había invertido más
de 300 millones de dólares. Pero todos los beneficiarios de las inversiones de
Mystic eran otras empresas de Leal.
Mystic
fue presentada en los medios de comunicación mexicanos como un fondo de
inversión canadiense concentrado en proyectos de impacto social. En notas
periodísticas publicadas entre agosto y septiembre de 2019 se anunciaba que la
firma invertiría en Hábitos Luzy, la filial mexicana de Luzy Technologies,
empresa que está incluida en la lista negra del Departamento del Tesoro. En los
papeles, la compañía se especializa en brindar asesoramiento en salud y
alimentación a través de una aplicación móvil, gestionar comedores industriales
y revender materiales sanitarios.
Leal,
que constantemente ideaba cómo reorganizar su amplio portafolio de compañías a
través de fideicomisos, empresas fachada y testaferros, el 16 de abril de 2020
acudió a la banca de inversión de Morgan Stanley para explorar una salida a
Bolsa para Mystic Universe. Una de las múltiples maniobras que surgió de la red
que burló las sanciones de Estados Unidos a Venezuela.
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