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lunes, 23 de abril de 2018

Roberto Briceño León: La delincuencia no necesita mano floja ni mano dura, solo mano justa por @LUUSALOMON



Por Luisa Salomón


El director del Observatorio Venezolano de Violencia afirma que la población tiene la percepción de que la policía no protege a los ciudadanos, sino a los funcionarios del Estado

Desde que Venezuela entró en hiperinflación hace seis meses, la crisis económica ha tomado el primer puesto de preocupaciones que deben atender los venezolanos. Sin embargo, la inseguridad sigue creciendo y cada vez se hace una realidad más común y normal para la población.

Así lo indica la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) del año 2017 en materia de seguridad, donde 9 de cada 10 venezolanos piensan que cada año hay mayor inseguridad que el anterior.

Y aunque no hay cifras oficiales, las estimaciones lo demuestran: el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) estimó una tasa de 89 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2017, con 26.616 fallecidos en hechos de violencia (16.046 en homicidios, 5.535 en casos de resistencia a la autoridad y 5.035 en averiguación).

Roberto Briceño León, director del OVV, conversó con Contrapunto sobre los efectos que tiene esta realidad de violencia en la dinámica de la población, que ya ha perdido la confianza en sus instituciones.


"Desde el punto de vista de las políticas de seguridad, lo que se ha generado es una suerte de apartheid, donde hay unos grupos sociales a los que no se les da la atención. Entonces es necesario unir a la población, unir a los venezolanos, y para eso se requiere una política pública", explicó.

                                   Foto: Ernesto García - Contrapunto

El problema no es la falta de planes, pues el Gobierno ha implantado al menos 22 iniciativas para controlar la delincuencia, con pocos resultados, que se traducen en una población que siente miedo, se encierra cada vez más, cambia sus rutinas para evitar salir de noche o comienza a tomar la justicia por su cuenta, con linchamientos o sicariato.

"Cuando uno tiene un gobierno que lanza leyes de desarme, pero no las aplica, y los únicos que cumplen la Ley de Desarme son los ciudadanos honestos, porque no van a desarmar a los delincuentes ni a los grupos paramilitares, entonces los ciudadanos dicen 'aquí no hay una policía ni un gobierno que me protege a mí, solo me queda protegerme a mí y solo me queda ejercer justicia por mí mismo'", explicó Briceño León.

"Eso es una destrucción del Estado de derecho en el país y un desamparo absoluto para la población", agregó.

                            Foto: Ernesto García - Contrapunto/Archivo

En este sentido, la confianza en las instituciones se pierde y para el ciudadano la protección comienza a buscarse en la sociedad, y no en el Estado.

De hecho, las cifras del Encovi 2017 señalan que 71% de los entrevistados confían en sus vecinos como protección de la delincuencia. En contraste, 81% de los encuestados afirmaron que no confían en la policía para protegerlos.

–Las cifras de la Encovi señalan que los venezolanos confían más en sus propios vecinos que en las instituciones del Estado para protegerse de la inseguridad. ¿Qué debería hacer el Estado para tratar de retomar esa confianza de la población?

–Básicamente el Estado tiene que cumplir con sus funciones de protección a la población, y eso implica colocar como prioridad la seguridad del ciudadano común. Lo que uno ha encontrado en este tiempo es que la política pública ha estado orientada a proteger al Estado y no al ciudadano; es decir, a proteger a lo que son los funcionarios, los ministros, las personalidades, y no a la persona común.

Lo que proponemos es una política de seguridad que proteja a las personas y no a las personalidades, que esté dedicada a proteger a los venezolanos del delito y no a generar policías que estén dedicadas a reprimir las protestas de la población y a proteger a los funcionarios que quieren permanecer en su cargo en lo actual.

Eso puede pensarse muy abstracto, pero cuando en política pública se decide dónde invierte el dinero, se ha decidido invertir en la compra de robocops, de protecciones, de cascos, de bombas lacrimógenas y de tanquetas, pero los cuerpos policiales no tienen baterías para sus delitos, no tienen cauchos, los policías no tienen uniformes, zapatos, botas de trabajo.

El segundo elemento es que el Estado debe trabajar con todos los ciudadanos como iguales. No es posible asumir que hay dos tipos de políticas, una para los que son partidarios del Gobierno y otras para los que son sus opuestos.

Lo que vivimos los venezolanos no es resultado de una maldición del cielo, es el resultado de políticas públicas equivocadas. Después de más de 22 planes de seguridad, que han existido durante estos períodos de gobierno, la situación lo que hace es que se incrementan los secuestros, los homicidios, los robos e inclusive se incrementan los muertos a manos de la policía. Entonces uno puede decir que sencillamente lo que hay es un fracaso.

La inversión del Estado en material represivo y no en fortalecer la policía es una decisión política, afirma Briceño León. Efectivos de la PNB en la avenida Francisco de Miranda, en mayo de 2017 / Foto: Rafael Briceño - Contrapunto

–En efecto ha habido más de 22 planes de seguridad. Los han realizado, pero no han dado resultado. ¿Por qué fallan? ¿Cuál es la razón de su fracaso?

–Han partido de un mal diagnóstico, han tenido una mala aplicación y no han tenido evaluación. No se conoce ninguna de las evaluaciones que se han hecho de los 22 planes. Han partido de un mal diagnóstico porque han considerado por mucho tiempo que el problema de la delincuencia es la pobreza, que el problema es el capitalismo o la desigualdad, y que entonces lo que tenían que hacer como políticas públicas era dedicarse a eso.

Han tenido un diagnóstico equivocado porque han decidido no utilizar la policía. Por años decían "no vamos a utilizar a la policía para controlar el delito, eso es propio de los gobiernos de derecha y nosotros somos un gobierno de izquierda, la izquierda no hace eso".

Entonces a las policías sencillamente las desarmaron, las politizaron, les quitaron sus áreas de actuación, sus equipos y las desmoralizaron de una manera importante. En nuestros estudios la policía nos dice: 'Nosotros detenemos un colectivo y al final nos lo hacen soltar, ¿y quienes quedan? Nos ganamos nosotros un enemigo y no hacemos nada'.

La acción de la policía no ataca a los grupos colectivos, a pesar de que violan las leyes. Fotografía tomada el 10 de mayo de 2017 en la plaza La Candelaria / Foto: Ángel Dejesús - Contrapunto

–El Estado ha implementado políticas en materia de seguridad muy dispares. Por un lado las zonas de paz que les daban un espacio libre a las bandas armadas y por el otro las OLP que entonces son mecanismos muy agresivos para las comunidades. ¿Dónde está el punto medio para abordar a la delincuencia? ¿Cómo no irse a los extremos para atender el problema?

–Cumplir la ley. Seguir los procedimientos de la ley. Ese es el camino de pacificar el país. No puedes hacer políticas públicas que incrementan la violencia, sino que busquen reducirla, disminuirla, y eso es lo que llamamos pacificar el país.

En las zonas de paz la decisión de no hacer nada, la decisión de no actuar, de impunidad, era una decisión que incrementaba la violencia por no hacer nada. La actuación de las OLP y todos los muertos por resistencia a la autoridad y la acción extrajudicial de la policía también incrementa la violencia.

El punto medio de eso es reforzar la ley. En Venezuela no es posible ni la mano floja que hemos tenido durante un período de gobierno, ni la mano dura criminal que hemos tenido ahora. Lo que se requiere es la mano justa.

La mano justa requiere el respeto a las normas, a la ley, el proceso. La vida civilizada es un encuentro de las personas que viven juntas y que se ponen de acuerdo en ciertas reglas para poder vivir en paz, porque al final lo que uno está buscando es cómo vivir en paz, sin matarnos.

El proceso civilizatorio ha desarrollado eso a partir de las normas, de las leyes, del encuentro, de la reconciliación; es decir, de todos los mecanismos en los que uno puede pensar en la vida civilizada y no en un proceso descivilizatorio como el que hemos tenido en Venezuela en estos últimos 18 años.

La Operación para la Liberación del Pueblo (OLP) ha sido criticada por su accionar agresivo en las comunidades. Fotografía tomada en la Calle 9 de El Valle el 10 de marzo de 2017 / Foto: Ángel Dejesús - Contrapunto

–¿Esta pacificación cuánto tiempo pudiese tomar?

–Nosotros creemos que es posible reducir las tasas de homicidio en el país en un tiempo corto, relativamente corto. La situación en Venezuela está tan mal, que con unas pocas medidas, y ni siquiera tan sofisticadas sino simplemente de librito, de manual, se lograrían tener resultados importantes y en corto tiempo.

Bajar la tasa de homicidios a la mitad se puede lograr en un corto tiempo, bajarla a una cuarta parte toma un poco más, y ya ahí uno empieza a tener más dificultades en la reducción. Ahora, ciudades y estados como São Paulo en Brasil logró reducir su tasa de homicidios cuatro veces en un período de 10 años.

Cuando uno observa la caída de la tasa de homicidios de Colombia, que paradójicamente fue en el mismo período en que la de nosotros aumentó, estamos hablando de un período muy breve, muy corto. Medellín bajó de una tasa de 240 a una de 18 en un período de 10 años.

¿Qué fue necesario para eso? Hubo políticas públicas adecuadas, hubo un gobierno que no dividía al país sino buscaba unirlo, hubo una decisión de hacer política social y preventiva, pero al mismo tiempo política represiva, castigar a los delincuentes, hubo una focalización en las medidas de protección en ciertas áreas, de localizarse en dónde estaban y de tener un servicio de información continuo para irse moviendo, porque el delito también se mueve y hay que irlo buscando.

El pueblo venezolano quiere paz, el pueblo venezolano quiere reconstruir la sociedad y la economía, pero para eso necesitamos unirnos, necesitamos un gobierno que esté del lado del pueblo y no contra el pueblo. 

                                   Foto: Ernesto García - Contrapunto

–Una de las principales razones de la emigración es justamente la inseguridad, y evidentemente decidir irse por este problema implica que ya no creen que sea posible solucionarlo. El crecimiento de las bandas criminales aumenta esa percepción. ¿El Estado no tiene capacidad de enfrentarlos o es falta de voluntad política?

–Las dos cosas. Es las dos cosas porque el Gobierno decidió por mucho tiempo no enfrentar a estos grupos porque los fue considerando aliados, porque nunca ha hecho nada frente a los colectivos, porque aplica una política de desarme y no hace nada contra individuos que se fotografían con las armas.

Sencillamente el cálculo político, la decisión política, ha estado por encima de lo que es la seguridad ciudadana. Cuando uno analiza los planes, los grandes anuncios de planes han estado vinculados a años electorales y movidas electorales. El propósito es político-electoral y no de proteger a la población.

Hay una decisión de política.

Adicional a eso, hay dificultades, y tienen que ver con la manera como entienden el problema y eso resulta en una incapacidad real de controlar territorios, de controlar las propias policías. Por eso le entregan territorios a las zonas de paz, por eso les entregan las cárceles a los delincuentes. Porque tienen una decisión, pero además no hallan cómo actuar.

¿Quiere decir esto que no hay capacidad en ningún lado? No. Hay organismos que tienen capacidad para resolver policialmente y luego para actuar, pero tienen que tener el apoyo de sus jefes y no la limitación de sus jefes. Cuando tienen datos y dicen que al secuestrado lo tienen en tal zona, pero en esa zona no pueden entrar sin permiso de más arriba, entonces el individuo no solamente no actúa, sino que ese policía se siente frustrado en su función.

21-04-18




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