Por Luisa Salomón
El director del Observatorio
Venezolano de Violencia afirma que la población tiene la percepción de que la
policía no protege a los ciudadanos, sino a los funcionarios del Estado
Desde que Venezuela entró en
hiperinflación hace seis meses, la crisis económica ha tomado el primer puesto
de preocupaciones que deben atender los venezolanos. Sin embargo, la
inseguridad sigue creciendo y cada vez se hace una realidad más común y normal
para la población.
Así lo indica la Encuesta de
Condiciones de Vida (Encovi) del año 2017 en materia de seguridad, donde 9 de
cada 10 venezolanos piensan que cada año hay mayor inseguridad que el anterior.
Y aunque no hay cifras
oficiales, las estimaciones lo demuestran: el Observatorio Venezolano de
Violencia (OVV) estimó una tasa de 89 homicidios por cada 100 mil habitantes en
2017, con 26.616 fallecidos en hechos de violencia (16.046 en homicidios, 5.535
en casos de resistencia a la autoridad y 5.035 en averiguación).
Roberto Briceño León, director
del OVV, conversó con Contrapunto sobre los efectos que tiene esta
realidad de violencia en la dinámica de la población, que ya ha perdido la
confianza en sus instituciones.
"Desde el punto de vista
de las políticas de seguridad, lo que se ha generado es una suerte
de apartheid, donde hay unos grupos sociales a los que no se les da la
atención. Entonces es necesario unir a la población, unir a los venezolanos, y
para eso se requiere una política pública", explicó.
Foto: Ernesto García -
Contrapunto
El problema no es la falta de
planes, pues el Gobierno ha implantado al menos 22 iniciativas para controlar
la delincuencia, con pocos resultados, que se traducen en una población que
siente miedo, se encierra cada vez más, cambia sus rutinas para evitar salir de
noche o comienza a tomar la justicia por su cuenta, con linchamientos o
sicariato.
"Cuando uno tiene un
gobierno que lanza leyes de desarme, pero no las aplica, y los únicos que
cumplen la Ley de Desarme son los ciudadanos honestos, porque no van a desarmar
a los delincuentes ni a los grupos paramilitares, entonces los ciudadanos dicen
'aquí no hay una policía ni un gobierno que me protege a mí, solo me queda
protegerme a mí y solo me queda ejercer justicia por mí mismo'", explicó
Briceño León.
"Eso es una destrucción
del Estado de derecho en el país y un desamparo absoluto para la
población", agregó.
Foto: Ernesto García -
Contrapunto/Archivo
En este sentido, la confianza
en las instituciones se pierde y para el ciudadano la protección comienza a
buscarse en la sociedad, y no en el Estado.
De hecho, las cifras del
Encovi 2017 señalan que 71% de los entrevistados confían en sus vecinos como
protección de la delincuencia. En contraste, 81% de los encuestados afirmaron
que no confían en la policía para protegerlos.
–Las cifras de la Encovi
señalan que los venezolanos confían más en sus propios vecinos que en las
instituciones del Estado para protegerse de la inseguridad. ¿Qué debería hacer
el Estado para tratar de retomar esa confianza de la población?
–Básicamente el Estado tiene
que cumplir con sus funciones de protección a la población, y eso implica
colocar como prioridad la seguridad del ciudadano común. Lo que uno ha
encontrado en este tiempo es que la política pública ha estado orientada a
proteger al Estado y no al ciudadano; es decir, a proteger a lo que son los
funcionarios, los ministros, las personalidades, y no a la persona común.
Lo que proponemos es una
política de seguridad que proteja a las personas y no a las personalidades, que
esté dedicada a proteger a los venezolanos del delito y no a generar policías
que estén dedicadas a reprimir las protestas de la población y a proteger a los
funcionarios que quieren permanecer en su cargo en lo actual.
Eso puede pensarse muy
abstracto, pero cuando en política pública se decide dónde invierte el dinero,
se ha decidido invertir en la compra de robocops, de protecciones, de cascos,
de bombas lacrimógenas y de tanquetas, pero los cuerpos policiales no tienen
baterías para sus delitos, no tienen cauchos, los policías no tienen uniformes,
zapatos, botas de trabajo.
El segundo elemento es que el
Estado debe trabajar con todos los ciudadanos como iguales. No es posible
asumir que hay dos tipos de políticas, una para los que son partidarios del
Gobierno y otras para los que son sus opuestos.
Lo que vivimos los venezolanos
no es resultado de una maldición del cielo, es el resultado de políticas
públicas equivocadas. Después de más de 22 planes de seguridad, que han
existido durante estos períodos de gobierno, la situación lo que hace es que se
incrementan los secuestros, los homicidios, los robos e inclusive se
incrementan los muertos a manos de la policía. Entonces uno puede decir que
sencillamente lo que hay es un fracaso.
La inversión del Estado en
material represivo y no en fortalecer la policía es una decisión política,
afirma Briceño León. Efectivos de la PNB en la avenida Francisco de Miranda, en
mayo de 2017 / Foto: Rafael Briceño - Contrapunto
–En efecto ha habido más de 22
planes de seguridad. Los han realizado, pero no han dado resultado. ¿Por qué
fallan? ¿Cuál es la razón de su fracaso?
–Han partido de un mal
diagnóstico, han tenido una mala aplicación y no han tenido evaluación. No se
conoce ninguna de las evaluaciones que se han hecho de los 22 planes. Han
partido de un mal diagnóstico porque han considerado por mucho tiempo que el
problema de la delincuencia es la pobreza, que el problema es el capitalismo o
la desigualdad, y que entonces lo que tenían que hacer como políticas públicas
era dedicarse a eso.
Han tenido un diagnóstico
equivocado porque han decidido no utilizar la policía. Por años decían "no
vamos a utilizar a la policía para controlar el delito, eso es propio de los
gobiernos de derecha y nosotros somos un gobierno de izquierda, la izquierda no
hace eso".
Entonces a las policías
sencillamente las desarmaron, las politizaron, les quitaron sus áreas de
actuación, sus equipos y las desmoralizaron de una manera importante. En
nuestros estudios la policía nos dice: 'Nosotros detenemos un colectivo y al final
nos lo hacen soltar, ¿y quienes quedan? Nos ganamos nosotros un enemigo y no
hacemos nada'.
La acción de la policía no
ataca a los grupos colectivos, a pesar de que violan las leyes. Fotografía
tomada el 10 de mayo de 2017 en la plaza La Candelaria / Foto: Ángel Dejesús -
Contrapunto
–El Estado ha implementado
políticas en materia de seguridad muy dispares. Por un lado las zonas de paz
que les daban un espacio libre a las bandas armadas y por el otro las OLP que
entonces son mecanismos muy agresivos para las comunidades. ¿Dónde está el
punto medio para abordar a la delincuencia? ¿Cómo no irse a los extremos para
atender el problema?
–Cumplir la ley. Seguir los
procedimientos de la ley. Ese es el camino de pacificar el país. No puedes
hacer políticas públicas que incrementan la violencia, sino que busquen
reducirla, disminuirla, y eso es lo que llamamos pacificar el país.
En las zonas de paz la
decisión de no hacer nada, la decisión de no actuar, de impunidad, era una
decisión que incrementaba la violencia por no hacer nada. La actuación de las
OLP y todos los muertos por resistencia a la autoridad y la acción
extrajudicial de la policía también incrementa la violencia.
El punto medio de eso es
reforzar la ley. En Venezuela no es posible ni la mano floja que hemos tenido
durante un período de gobierno, ni la mano dura criminal que hemos tenido
ahora. Lo que se requiere es la mano justa.
La mano justa requiere el
respeto a las normas, a la ley, el proceso. La vida civilizada es un encuentro
de las personas que viven juntas y que se ponen de acuerdo en ciertas reglas
para poder vivir en paz, porque al final lo que uno está buscando es cómo vivir
en paz, sin matarnos.
El proceso civilizatorio ha
desarrollado eso a partir de las normas, de las leyes, del encuentro, de la
reconciliación; es decir, de todos los mecanismos en los que uno puede pensar
en la vida civilizada y no en un proceso descivilizatorio como el que hemos
tenido en Venezuela en estos últimos 18 años.
La Operación para la
Liberación del Pueblo (OLP) ha sido criticada por su accionar agresivo en las
comunidades. Fotografía tomada en la Calle 9 de El Valle el 10 de marzo de 2017
/ Foto: Ángel Dejesús - Contrapunto
–¿Esta pacificación cuánto
tiempo pudiese tomar?
–Nosotros creemos que es
posible reducir las tasas de homicidio en el país en un tiempo corto,
relativamente corto. La situación en Venezuela está tan mal, que con unas pocas
medidas, y ni siquiera tan sofisticadas sino simplemente de librito, de manual,
se lograrían tener resultados importantes y en corto tiempo.
Bajar la tasa de homicidios a
la mitad se puede lograr en un corto tiempo, bajarla a una cuarta parte toma un
poco más, y ya ahí uno empieza a tener más dificultades en la reducción. Ahora,
ciudades y estados como São Paulo en Brasil logró reducir su tasa de homicidios
cuatro veces en un período de 10 años.
Cuando uno observa la caída de
la tasa de homicidios de Colombia, que paradójicamente fue en el mismo período
en que la de nosotros aumentó, estamos hablando de un período muy breve, muy
corto. Medellín bajó de una tasa de 240 a una de 18 en un período de 10 años.
¿Qué fue necesario para eso?
Hubo políticas públicas adecuadas, hubo un gobierno que no dividía al país sino
buscaba unirlo, hubo una decisión de hacer política social y preventiva, pero
al mismo tiempo política represiva, castigar a los delincuentes, hubo una
focalización en las medidas de protección en ciertas áreas, de localizarse en
dónde estaban y de tener un servicio de información continuo para irse moviendo,
porque el delito también se mueve y hay que irlo buscando.
El pueblo venezolano quiere
paz, el pueblo venezolano quiere reconstruir la sociedad y la economía, pero
para eso necesitamos unirnos, necesitamos un gobierno que esté del lado del
pueblo y no contra el pueblo.
Foto: Ernesto García -
Contrapunto
–Una de las principales
razones de la emigración es justamente la inseguridad, y evidentemente decidir
irse por este problema implica que ya no creen que sea posible solucionarlo. El
crecimiento de las bandas criminales aumenta esa percepción. ¿El Estado no
tiene capacidad de enfrentarlos o es falta de voluntad política?
–Las dos cosas. Es las dos
cosas porque el Gobierno decidió por mucho tiempo no enfrentar a estos grupos
porque los fue considerando aliados, porque nunca ha hecho nada frente a los
colectivos, porque aplica una política de desarme y no hace nada contra
individuos que se fotografían con las armas.
Sencillamente el cálculo
político, la decisión política, ha estado por encima de lo que es la seguridad
ciudadana. Cuando uno analiza los planes, los grandes anuncios de planes han
estado vinculados a años electorales y movidas electorales. El propósito es
político-electoral y no de proteger a la población.
Hay una decisión de política.
Adicional a eso, hay
dificultades, y tienen que ver con la manera como entienden el problema y eso
resulta en una incapacidad real de controlar territorios, de controlar las
propias policías. Por eso le entregan territorios a las zonas de paz, por eso
les entregan las cárceles a los delincuentes. Porque tienen una decisión, pero
además no hallan cómo actuar.
¿Quiere decir esto que no hay
capacidad en ningún lado? No. Hay organismos que tienen capacidad para resolver
policialmente y luego para actuar, pero tienen que tener el apoyo de sus jefes
y no la limitación de sus jefes. Cuando tienen datos y dicen que al secuestrado
lo tienen en tal zona, pero en esa zona no pueden entrar sin permiso de más
arriba, entonces el individuo no solamente no actúa, sino que ese policía se
siente frustrado en su función.
21-04-18
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