IBSEN MARTÍNEZ 26 de abril de 2018
Las
dos más grandes contratistas petroleras del mundo, Halliburton y Schlumberger,
se han resignado a arrojar a pérdidas más de 1.300 millones de dólares de sus
operaciones en Venezuela. Es lo que afirman los más recientes informes de ambas
transnacionales. Las dos colosales corporaciones han decidido prescindir, en
los balances presentados a los accionistas, de todos sus activos en la patria
del socialismo del siglo XXI. Se trata en su mayor parte de cuentas por cobrar.
En el
caso de Halliburton, el reporte del último trimestre de 2018 habla de 385
millones de dólares; Schlumberger estima su pérdida contable para el mismo
período en 938 millones. Según las agencias de noticias, otras muchas empresas
dedicadas a los imprescindibles menesteres de servicio y mantenimiento
petrolero están pasando por la misma crujía financiera. Todas ellas atribuyen
sus ahogos a la dramática reducción de la actividad de los taladros en el país.
Y a la imposibilidad de cobrar las obligaciones contraídas con las compañías
por la cleptocracia venezolana. La noticia se añade a todos los cotidianos
indicios de que la actividad petrolera no solo se ha contraído —en términos de
cifras de producción— a niveles que hablan de una inminente extinción de todo
lo que el petróleo alguna vez significó para el país, sino que esta llegará
acompañada con el apocalíptico estruendo de una implosión. Y dentro de muy poco
tiempo. La corrupción y la inoperatividad de la industria petrolera ofrece un
panorama de incendios en las refinerías, merma de taladros en operación,
expolio, sobornos en colusión con potencias extranjeras, lavado de dinero y
cuentas en Andorra y Suiza digno de una serie del tipo de Netflix, que
explorase los mecanismos de la corrupción populista latinoamericana de alto
vuelo. El informe de Halliburton, con la habitual contención que rige el
lenguaje corporativo, señala que la empresa “gestiona activamente su relación
estratégica y continuará enérgicamente con los esfuerzos por cobrar a medida
que mantiene sus operaciones”. Algo que no trasluce en los informes contables
es que preservar las relaciones estratégicas y adelantar las cobranzas entraña
entenderse nada menos que con los elementos más corruptos de la Venezuela
chavista: la alta gerencia petrolera y los militares. Hubo un tiempo, en los ya
remotos inicios de la era chavista, en que ambos estamentos se estorbaban
mutuamente, por no decir que abiertamente rivalizaban.
Pero
en los cinco años durante los cuales Nicolás Maduro ha extremado los alcances
del designio militarista de Hugo Chávez, generales y super gerentes se han
fundido en la casta que ha saqueado criminalmente a PDVSA, la estatal
petrolera, y empujado a la población del país a una pavorosa ordalía de hambre,
escasez, hiperinflación, violencia criminal y masiva emigración forzada. De esa
proterva alianza entre petroleros y militares, el factor más musculado y voraz
es sin duda el militar. Desde que Maduro, sanguinario rehén de los generales,
consolidó en 2016 un pool de 17 empresas militares que controlan, sin
excepción, absolutamente todos los sectores productivos de la economía, la
preservación de la dictadura estuvo garantizada en el tiempo. La concreción de
este esquema de poder que otorga hegemonía empresarial a los generales ha sido
el aporte decisivo de Raúl Castro a la consolidación de la dictadura.
Ciertamente,
la amalgama de petroleros y militares no se ha alcanzado sin violencia. Las
purgas a las que Maduro ha sometido a la corrupta cúpula petrolera, prohijada
durante tres lustros por el hoy fugitivo expresidente de PDVSA Rafael Ramírez,
dan cuenta de ello. El efecto neto de estas purgas ha sido apuntalar a los
generales en el control de la única actividad que, mal que bien, a pesar de una
creciente e indefectible disminución, aún genera recursos a la dictadura. La
semana pasada, Maduro firmó, entre gallos y media noche un decreto presidencial
que faculta al general Manuel Quevedo, ministro de Energía y Petróleo y
presidente de la empresa estatal, para “crear, suprimir o efectuar modificaciones
a las empresas del sector público industrial petrolero, incluida Petróleos de
Venezuela S. A., y sus empresas filiales”. También reserva a los generales del
petróleo la potestad de disolver la estatal con miras a fundirla con empresas
extranjeras o, sin más, liquidarla cuando llegue la hora de rematar el
desguazado astillero de Onetti en que el chavismo ha convertido la que alguna
vez se contó entre las seis transnacionales petroleras más exitosas del
planeta.
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