Andreina Itriago 18 de abril de 2018
Tras
varios días de expectativa, la Asamblea Nacional (AN) venezolana realizó este
miércoles la polémica sesión para aprobar el inicio del juicio contra el
presidente Nicolás Maduro. El debate y su resultado, sin embargo, no disiparon
la principal duda: si el proceso se llevará a cabo y conseguirá separar al
primer mandatario del cargo.
El
diputado de Acción Democrática, Henry Ramos Allup (expresidente del
parlamento), reconoció la posibilidad de que el gobierno venezolano impida que
se materialicen las decisiones tomadas este martes. Su voto, sin embargo, fue
uno de los 105 a favor de realizar el juicio al Presidente, por presuntos
hechos de corrupción en el caso Odebrecht, que habrían costado al país millones
de dólares.
Sin
embargo, desde el exilio, representantes del que se denomina como Tribunal
Supremo de Justicia (TSJ) “legítimo” (designado por la opositora AN pero
desconocido por el Gobierno), aseguraron que una vez sean notificados
formalmente por el Parlamento comenzará la etapa de juicio, de revisión de
pruebas, de debate probatorio y, en definitiva, de decidir si hay condena.
Hubo
dos votos en contra de la decisión de la mayoría opositora. Los hicieron
diputados oficialistas que asistieron a la sesión, pese a que desde 2017 su
bancada abandonó los escaños luego de que el TSJ en ejercicio en el país
(vinculado al oficialismo), considerara que la AN, de mayoría opositora, estaba
en desacato y que sus decisiones –incluida esta, según han advertido voceros
del Gobierno– son nulas.
Juan
Marín, uno de los diputados oficialistas del Partido Socialista Unido de
Venezuela (PSUV) advirtió que “la única consecuencia legal que pudiera surgir
de esta reunión es que se sumen a la ya larga lista de ilícitos, de acciones
violatorias a la Constitución y las leyes, más acciones que para nosotros
comportan un intento más de golpe de Estado”.
Lejos
de tener efectos a mediano o corto plazo dentro del país, analistas y expertos
locales apuntan a que la actividad afianzará el desconocimiento de Maduro y su
gobierno por parte de la comunidad internacional.
La
sesión, que se hizo a solicitud del TSJ “legítimo” y que había generado
fricciones entre los opositores, estaba convocada para las 10:00 am, pero a las
8:00 am la inmensa mayoría de los diputados ya estaba en el Palacio Federal
Legislativo.
El día
anterior habían circulado mensajes a través de las redes sociales que alertaban
que grupos irregulares afectos al oficialismo impedirían que se desarrollara la
actividad, convocada con un punto único: “consideración de la solicitud de
autorización para continuar el proceso al ciudadano Nicolás Maduro Moros”.
Los
parlamentarios pudieron acceder al hemiciclo sin mayores complicaciones, no así
los medios. La sesión, que duró cerca de dos horas, no tuvo cobertura
periodística, pues funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana no lo
permitieron.
Al
inicio del debate, la diputada Delsa Solórzano alertó, además, que no había
acceso a Internet en el Palacio, lo que impidió las transmisiones en vivo por
parte de los parlamentarios. También señaló que había fallas en la red social
Twitter, uno de los principales medios de información de los venezolanos.
No es
la primera vez que la opositora AN intenta destituir a Maduro. El 13 de
diciembre de 2016, declaró la responsabilidad política del mandatario; y el 9
de enero de 2017, aprobó el abandono del cargo. Ninguna de las decisiones tuvo
efectos.
En la
historia contemporánea de Venezuela, un solo presidente, Carlos Andrés Pérez,
ha sido sometido a juicio por delitos de corrupción.
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