Trino Márquez 18 de abril de 2018
La
corrupción alrededor de Odebrecht desató una tormenta en Brasil, Perú y
Ecuador, entre otros países latinoamericanos. En Brasil provocó la salida del
poder de Dilma Rousseff y el encarcelamiento de Lula, el líder más carismático
y popular de ese país desde Getulio Vargas. En Perú, produjo la renuncia de
Pedro Pablo Kuczinski y la orden de captura de Alejandro Toledo. La acusación
contra este último, se levantó por haber cobrado una comisión indebida de
veinte millones de dólares por una obra que fue concluida. En los países de la
región donde el escándalo de Odebrecht ha estallado, los cuerpos legislativos y
judiciales han actuado para investigar y sancionar a los responsables
fundamentales. La excepción es Venezuela. Así como nunca han aparecido los
responsables de pudreval; de las numerosas empresas de maletín denunciadas por
Jorge Giodani, que saquearon los dólares preferenciales de Cadivi; de la
quiebra y endeudamiento de Pdvsa, en plena bonanza de los precios petroleros; y
del desfalco de los recursos financieros destinados a solucionar la crisis
eléctrica, tampoco han aparecido los culpables de que casi 70% de las obras
construidas por Odebrecht no hayan sido concluidas, a pesar de haberse proyectado
con sobreprecio y haber sido canceladas muchas de ellas.
El
grupo instalado en Miraflores desde hace dos décadas celebró la salida de
Carlos Andrés Pérez de la Presidencia porque, supuestamente, era el jefe de la
corrupción. Su delito fue haber financiado, con 17 millones de dólares de la
partida secreta, el aparato de seguridad encargado de la custodia de Violeta
Chamorro. Ahora, esa misma gente se niega a que Nicolás Maduro sea investigado
por la AN por los miles de millones de dólares que giran en torno a Odebrecht.
Las pruebas presentadas por Luisa Ortega Díaz en Bogotá ante el TSJ nombrado
por la AN, muestran la existencia de suficientes indicios para iniciar un
juicio contra Maduro por sus vínculos malsanos con el gigante brasileño. Con
las evidencias aportadas por Ortega Díaz y el dictamen de ese TSJ, la AN decide
aprobar el antejuicio de mérito a Maduro.
El
reto ahora consiste en establecer la pertinencia y alcances de la decisión
adoptada por la AN. Tarek W. Saab ha dicho que se trata de un proceso bufo e
inmoral. Veamos. Desde el 6 de diciembre de 2015, Maduro se ha dedicado a
lanzarle misiles a la AN. El 23 de ese mismo mes designó al TSJ, con la única
finalidad de que torpedeara las funciones del cuerpo legislativo que se
constituiría el 5 de enero siguiente; el día anterior a la instalación de la
nueva AN, ese TSJ le amputó a la oposición los tres diputados de Amazonas y, no
obstante las numerosas elecciones convocadas por el régimen, jamás ha llamado a
comicios en ese estado, sin representación parlamentaria desde entonces; pocos
días después del 5 de enero, el TSJ aprobó el Decreto de Emergencia Económica
que le ha permitido al mandatario gobernar en este campo sin la participación
del Parlamento. El presupuesto de la AN fue drásticamente reducido, los
ministros y otros altos funcionarios del gobierno recibieron la orden de no
atender los llamados de la AN para comparecer ante ese foro. Todos los
acuerdos, resoluciones y decretos aprobados por la mayoría opositora de la AN,
son saboteados por el Ejecutivo o por el TSJ. Las protestas de 2017 se
iniciaron cuando el TSJ pretendió derogar en la práctica a la AN y allanar la
inmunidad de los diputados, decisión cuestionada por Luisa Ortega Díaz. Para
rematar la faena creó la Asamblea Constituyente, órgano ampliado de la
dirección del Psuv.
En
este ambiente de confrontación y pugnacidad permanente del Ejecutivo con la AN,
los parlamentarios toman la decisión de enjuiciar al presidente Maduro por sus
nexos con Odebrecht.
Se
trata de una decisión política inspirada en la necesidad imperiosa que tiene la
AN de encarar la corrupción y reafirmar su autoridad frente a un mandatario que
la ha desconocido y arrollado. En cuanto medida política resulta
incuestionable. Bufo e inmoral ha sido el saqueo cometido por los funcionarios
y amigotes del régimen, enriquecidos de forma obscena con las comisiones
concedidas por Odebrecht, y los innumerables atropellos perpetrados por el
régimen contra la representación parlamentaria opositora.
La
decisión de los diputados tuvo la ventaja de reagrupar la oposición en torno a
un objetivo común: enjuiciar a Maduro en el marco de la Constitución del 99.
Los diputados opositores deben combatir la impunidad, de lo contrario se
convierten en sus cómplices. Este acuerdo unitario era fundamental. Representa
un mensaje de fortaleza y cohesión frente a la comunidad internacional y una
página más del abultado expediente que debe seguir armándose contra un
gobernante inepto, con vocación dictatorial y complaciente con la corrupción.
El
antejuicio aprobado contra Maduro no niega, ni compromete la vía electoral.
Quienes creen en esta línea pueden continuar en su esfuerzo sin ningún temor,
ni duda. Este enfoque fue adoptado por el grupo que apoya a Henri Falcón, cuyos
integrantes decidieron asistir al Hemiciclo y votar en la sesión del martes 17
de abril. A CAP sus enemigos lo defenestraron en plena campaña electoral. Los
comicios no son otra cosa que un escenario más de lucha.
Trino
Márquez
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